Por: María Belén Arroyo, Arturo Torres. 24/06/2024
Los enfrentamientos entre los grupos armados colombianos Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez por el control de las plantaciones de coca y las rutas del narcotráfico amenazan con la extinción del pueblo indígena siona, que habita en la frontera amazónica de Colombia y Ecuador. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador alerta sobre el reclutamiento forzado y las amenazas de muerte. Esta historia es parte de la investigación regional “Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía Andina”,coordinado por la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, de la que Vistazo y Código Vidrio son socios.
Cuando llegué ahí estaba ella, y me dice: Viejo, venga, tenemos que evacuarnos ahora mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos’… Tanto que hemos trabajado pa’ tener que dejar todo botado… me da mucho sentimiento”.
El dramático testimonio de una indígena del pueblo siona fue recogido a mediados de septiembre de 2023 por una organización de derechos humanos que trabaja en la zona. Se trata de un ciudadano que denunció el impacto que vive este pueblo ante el rápido y violento avance de grupos armados del narcotráfico que operan en esta parte del territorio indígena, en la frontera amazónica que comparten Ecuador (Sucumbíos) y Colombia (Putumayo). Los ataques y amenazas se han incrementado desde que las bandas vinculadas al tráfico de drogas se disputan el control del territorio.
Los hechos de violencia relatados por el indígena afectaron a 164 personas en el lado de Colombia. La autoridad política en esta frontera recibió información sobre enfrentamientos y el avance de los actores armados hacia comunidades y centros poblados. Unos recibieron la orden de evacuar. Otros, por el contrario, fueron obligados al confinamiento y se restringió su derecho a la libre movilidad, ya que la ruta de movilización fluvial fue suspendida.
En esta zona opera el grupo armado denominado Comandos de Frontera, que se disputa el control con la otra organización criminal, Frente Carolina Ramírez. Ambos se formaron luego de la desmovilización de las FARC (tras el acuerdo de paz del 2016) y están integrados por sus disidentes. Diferentes líderes locales señalan que ambos bandos amenazan al pueblo indígena amazónico siona, tanto en Colombia como en Ecuador.
El pueblo siona habita en ambos lados de la frontera amazónica. En Ecuador su población se estima entre 350 y 400 habitantes, asentados en tres comunidades: Puerto Bolívar, Bi’aña y Orahuëaya. En Colombia, se estima que son más de 1.800 personas que viven a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y Cuehembí, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo (provincia de Putumayo). El pueblo siona es un puente más que un límite.
Peligro de extinción
“Parecemos mendigos, estando en nuestra misma tierra … la gente no puede circular bien, no podemos ir a nuestras casas ceremoniales, no podemos ir a pescar, a la cacería… nos da miedo salir”.
Un indígena siona, que vive en el extremo norte de Ecuador, relató así a un equipo de la Defensoría del Pueblo de este país los problemas que afectan a su pueblo indígena. En su alerta, a la que se accedió para esta investigación de OjoPúblico, Vistazo y Código Vidrio, la entidad señala que los siona se encuentran en “inminente riesgo de exterminio”. Y aunque el documento data de febrero de 2019, hasta ahora no se había hecho público. Desde entonces, las acciones de violencia y los enfrentamientos solo se han incrementado.
La Defensoría sustentó en su informe de 30 páginas el pedido para la adopción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del pueblo siona. Durante esta investigación se realizaron consultas para conocer el destino de este pedido, pero no hubo respuesta oficial. Sin embargo, en 2018, la CIDH sí otorgó medidas para este pueblo en el lado de Colombia.
Los siona de Ecuador y Colombia tienen problemas en común: la amenaza de organizaciones vinculadas al narcotráfico, y ahora articuladas con grupos de minería ilegal; los presionan y amenazan para extender los cultivos de hoja de coca e instalar laboratorios de procesamiento de la droga en sus territorios.
Una de las comunidades más afectadas en el lado ecuatoriano –cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad– tiene alrededor de 100 habitantes y ocupa un territorio de 2.400 hectáreas, en la ribera del río Putumayo.
A este lugar, llegó a inicios de 2019 un grupo armado vinculado a la organización del narcotráfico conocida entonces como La Mafia. Se acercaron a una de las viviendas y les dijeron que avisen que iban a matar a las autoridades locales que se opusieran a las plantaciones de hoja de coca. “Estamos pelando los dirigentes que están en contra y no dejen sembrar”, les dijeron, consta en el documento de la Defensoría del Pueblo.
Todo esta información contrasta con la versión policial que relativiza la existencia de plantaciones de hoja de coca en Ecuador.
El 23 de marzo de este año, la Policía Nacional respondió a un pedido de información presentado por esta Red Investigativa Transfronteriza sobre el número de hectáreas de sembríos ilegales de hoja de coca destruidas en Ecuador. “No se han determinado cultivos consolidados en el territorio nacional, sin embargo, existen plantaciones silvestres, endémicas de la zona que han sido cuantificadas por el número de plantas destruidas, ya que no se abarca la cuantificación de hectáreas”, respondieron.
Según el reporte de la Policía, entre 2021 y 2023 se destruyeron 31.585 plantas de hoja de coca en la zona amazónica. Esta cantidad no representa ni una hectárea de cultivo, pues según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas (Undoc), los cultivos de coca tienen entre 50 mil y 100 mil plantas por hectárea.
De otro lado, otra fuente de información, esta vez un agente de inteligencia militar, detalló otros hallazgos. Explicó que desde 2019 a la fecha, se han erradicado alrededor de 30 plantaciones de hoja de coca, de entre 2 y 5 hectáreas de superficie cada una.
El marco legal vigente en Ecuador determina que la vigilancia y control de las fronteras está en manos del Ejército. Sin embargo, debido a los hechos de violencia y asesinatos, desde inicios de enero de 2024 –cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado no internacional en Ecuador– las Fuerzas Armadas también están a cargo del control interno.
No hay estudios locales que establezcan la relación entre hectáreas deforestadas en la Amazonía y área de cultivo de hoja de coca. Sin embargo, en la provincia de Sucumbíos la deforestación se incrementó: pasó de 6.824 hectáreas en el período 2018-2020, a 9.146 hectáreas en el lapso comprendido entre 2020 y 2022, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica a nuestro pedido de información.
Sucumbíos es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor tasa de deforestación. Entre 2020 y 2022, la pérdida de bosques en todo el país fue de 95.570 hectáreas por año.
Esclavizados por la siembra y el raspado de la hoja
Según el informe in situ de la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, en el territorio indígena del pueblo siona, desde 2017 existe el reclutamiento de jóvenes a través de incentivos económicos, para que se dediquen “a la siembra, el raspado de coca y actividades de control militar (seguridad)”. En la zona, se les llama “raspachines” a los que recolectan la hoja de coca.
El documento defensorial también relata el caso de cuatro niños y adolescentes reclutados por la fuerza en una comunidad, que también por seguridad, se omite el nombre.
A las familias residentes en esta localidad les ofrecían pagarles alrededor de mil dólares para sembrar y cosechar hoja de coca, “luego de lo cual la familia debía obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, según el documento defensorial que pide medidas cautelares a CIDH.
Los miembros de la comunidad quedaban expuestos y en estado de vulnerabilidad extrema. “En caso de que la siembra se dañe, la persona está obligada a devolver la plata, teniendo que trabajar con los grupos, en las actividades y por el período que ellos definan”, detalla el informe.
Desde el 2019 no se han realizado otros reportes similares debido a la extrema inseguridad de la zona; sin embargo, la violencia se ha incrementado en todo el país. En ese tiempo, los grupos conocidos como La Mafia y los disidentes de las FARC mantenían un acuerdo: la primera compraba directamente la coca y le pagaba un “impuesto” a la segunda para transitar por la zona.
OPERATIVO EN AMAZONÍA. Laboratorio de pasta básica desmantelado en Sucumbíos.
Foto: Archivo de la Policía de Ecuador
Pero el mapa de la droga ha cambiado. Actualmente el actor armado predominante en la zona es el denominado Comandos de Frontera, antes llamados La Mafia, y que ahora se disputan el control territorial con el Frente Carolina Ramírez. Ambos grupos son originarios de Colombia, y se formaron luego de la desmovilización de las FARC tras el acuerdo de paz en este país.
De acuerdo con el pedido de medidas cautelares a la CIDH, “Grupos armados estructurados por exmiembros de las FARC operan y atraviesan de manera indistinta los territorios indígenas a ambos lados de la frontera, provocando, entre otros impactos, constantes hostigamientos, amenazas y ataques contra la población y de manera particular, contra sus líderes más representativos”.
El documento recoge la encrucijada de estos pobladores, quienes viven en medio de dos frentes. Atemorizados por los grupos armados ilegales, que imponen medidas que les obligan a adoptar medidas como la pena de muerte para quienes se resistan. Y al mismo tiempo, son acorralados por la fuerza pública, que les acusa de colaborar con los grupos criminales.
Mientras la Defensoría del Pueblo realizaba la investigación de campo, uno de los sabios indígenas de más edad murió, mientras la localidad denunciaba el cierre de una fuente de agua, que tenía un valor sagrado para el pueblo siona. El informe señala que además de la violencia del narcotráfico, las actividades extractivas de petróleo constituyen también un peligro para la sobrevivencia de este pueblo indígena.
Un año antes, la CIDH ya había dictado medidas cautelares a favor del pueblo siona, ubicado en el territorio de Colombia, Esto no evitó, sin embargo, el ataque de septiembre de 2023 contra los miembros del pueblo indígena.
Diferentes defensores de derechos humanos entrevistados para este reportaje explicaron que el riesgo es inminente para este pueblo.
Cultivos, laboratorios y minería ilegal
A pesar de que las fuentes policiales oficialmente nieguen el avance de cultivos de coca en Ecuador, un agente de inteligencia entrevistado como parte de esta investigación, revela que solo entre enero y abril de este año, los militares han erradicado siete hectáreas de sembríos de hoja de coca en Sucumbíos.
En la misma zona se han destruido al menos dos laboratorios de procesamiento de pasta básica de cocaína y de refinación artesanal del crudo de petróleo. Según el agente de inteligencia, los grupos criminales están desesperados por acceder a gasolina para procesar la hoja de coca.
“Para cristalizar la pasta básica de cocaína y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla un documento policial.
Los investigadores atribuyen a los Comandos de Frontera (CDF), un grupo armado colombiano escindido del Frente 48 de las FARC, el control de la mayoría de laboratorios en la frontera de Putumayo y Sucumbíos, así como del cobro de extorsiones y pagos (conocidos como vacunas) a los campesinos e indígenas que siembran la hoja de coca.
Los últimos años esta estructura criminal de formación militar tuvo un vertiginoso crecimiento, que va de la mano con la diversificación de su portafolio ilegal: minería ilegal en Sucumbíos y Orellana, otra de las provincias amazónicas ubicadas en la frontera con Perú.
INTERVENCIÓN Las Fuerzas Armadas de Ecuador queman plantaciones de hoja de coca en la zona amazónica del país.
Foto: Archivo de las Fuerzas Armadas
Los Comandos de Frontera tiene vínculos con Los Lobos –organización vinculada al narcotráfico que también opera en Perú y Chile– y, esporádicamente, con Los Choneros, otro grupo criminal local, con quienes han incursionado en el negocio de la minería ilegal.
Estos dos grupos armados de Ecuador suministran a Comandos de Frontera gasolina y otros combustibles para el procesamiento de la hoja de coca, coinciden dos de los investigadores entrevistados para esta investigación.
El 22 de marzo de 2024, un militar que hacía labores de inteligencia en la zona de Barranca Bermeja, en la provincia de Sucumbíos, fue asesinado en una emboscada de 15 hombres armados. Las autoridades presumen que los autores intelectuales serían los Comandos de Frontera.
El Ejército señaló que el joven militar realizaba labores de inteligencia en búsqueda de nexos entre esta organización criminal y otras actividades ilegales.
Actores armados, alianzas y conflictos
Al otro lado de la frontera, en Colombia, en la región amazónica de Putumayo, existen 30 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. Y en Nariño, que colinda con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, esta plantaciones alcanzan las 45 mil hectáreas, se mencionan en los informes policiales a los que se accedieron para esta investigación.
“Es una zona delicada. El problema que tiene Colombia en la frontera con los disidentes de las FARC, en Nariño y Putumayo, es complejo. Al no tener el componente ideológico, los actores armados han transformado su accionar en un tema delincuencial vinculado al narcotráfico”, señala Fernando Adatty, comandante general del Ejército ecuatoriano, en una entrevista para esta alianza periodística.
Según la versión del oficial, en el lado de Ecuador, “el control de Fuerzas Armadas y el Ejército, ha logrado que casi no existan sembríos en la frontera”, aunque reconoce que “sí hay laboratorios”, y que ahora a sus actividades criminales, los narcotraficantes han incursionado en la minería ilegal.
El jefe del Ejército confirmó que “estos grupos narcodelictivos están buscando adueñarse del recurso minero y financiar sus actividades”. Detalló que estos “grupos armados que extorsionan a mineros ilegales, les tienen que pagar vacuna, peaje o parte de sus ingresos”.
Pero detrás del negocio ilegal también hay disputa por el control del territorio y las rutas. “Hay zonas y grupos relacionados con Los Lobos y con Los Choneros; a veces disputan el territorio, a veces llegan a acuerdos para mantener el control, dependiendo de los cabecillas, hay acuerdos o hay disputas”, dice el general.
El 2021 el grupo armado Comandos de Frontera se unió a los disidentes de la desaparecida FARC, como parte de un proceso al que ellos han denominado la Segunda Marquetalia (grupo armado conformado por los que se negaron a entregar las armas que tiene como su cabecilla a Iván Márquez).
Sobre cómo estos grupos articulan con otras organizaciones criminales, el coronel en retiro y exdirector de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, explicó que los Comandos De Frontera (CDF) trabajan para el Comando Vermelho, organización criminal originaria de Brasil, con influencia en la Amazonía de Perú. “Cuidan los diferentes corredores en territorio ecuatoriano”, señala.
El grupo CDF está involucrado en toda la cadena del narcotráfico, en Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador). Inicialmente se encargaban solo de la protección a los cultivos de coca y cristalizaderos, mientras que su socio, conocido como La Constru, está a cargo de los contactos internacionales para negociar los cargamentos, informó un agente investigador.
Los Comandos De Frontera tienen disputas con el Frente Carolina Ramírez, que –de acuerdo a la información que accedimos para esta investigación– opera desde Cabo Pantoja, una localidad peruana de Loreto ubicada a orillas del río Napo, en la frontera con Ecuador. En esta región, al sur oriente de Ecuador y Colombia, también hay complejos de laboratorios donde se procesa la droga que es negociada con carteles brasileños.
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Fotografía: Ojo publico
