Por: Tlachinollan. 08/12/2021
La guerra de contrainsurgencia que emprendió el ejército en la década de los 90, contra las comunidades Na’ Savi y Me’phaa del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, sembró el terror y erosionó la organización comunitaria. Con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), se replicó una política de Estado que utilizó al ejército para reprimir a la población y destruir la guerrilla. Las organizaciones sociales fueron catalogadas como brazos civiles de la insurgencia armada; las autoridades comunitarias eran percibidas como cómplices y aliadas de la guerrilla. El trabajo pastoral de algunos religiosos fue calificado como subversivo y antigubernamental. Los organismos civiles de derechos humanos fuimos denunciados por el mismo ejército como miembros y defensores de la guerrilla.
La presencia del ejército era con el fin expreso de alterar el orden, de someter a la población, de privar de la libertad y la vida a quienes desafiaban su poder. La instalación de sus campamentos en tierras comunales fue una provocación abierta para alentar la confrontación y demostrar que su ley está por encima de la comunidad. En este contexto de guerra, todos los indígenas son considerados como guerrilleros. Caminar en el monte con los instrumentos de trabajo, era motivo de sospecha, porque supuestamente recibían entrenamiento clandestino. Las mismas madres e hijas que llevaban comida a sus esposos, eran interrogadas, y en muchas ocasiones fueron despojadas de sus alimentos, porque daban de comer a los armados que vivían en el cerro.
Además de las restricciones al libre tránsito, a la actividad comercial y a la tranquilidad de la población, se atentó contra los derechos de la población civil por las ejecuciones arbitrarias, las detenciones sin orden de aprehensión y los interrogatorios ilegales. Se consumaron también casos de tortura y desaparición de personas. En algunas comunidades destruyeron viviendas de quienes supuestamente colaboraban con el EPR. Irrumpieron en las precarias chozas de las familias indígenas para causar terror, destruyendo sus utensilios de comida y documentos personales. Entraron a varias parcelas para arrancar sus cultivos y trozar sus mangueras. El plan de esta incursión militar fue asfixiar a las comunidades, desmovilizarlas y romper con el tejido comunitario.
Las mujeres fueron tratadas como botín de guerra. Ante los riesgos que corrían los esposos y los hijos, de ser detenidos y torturados, las esposas y las madres fueron el primer frente de batalla. Continuaron con sus actividades cotidianas, relevaron a los hombres en los trabajos agrícolas y expulsaron al ejército. En varias ocasiones se refugiaron en sus viviendas para proteger a sus pequeños hijos. Las medidas de autocuidado comunitario fueron insuficientes para poner a salvo a la familia. Los militares focalizaron su agresión contra las mujeres.
El caso de Valentina Rosendo Cantú, una madre de 17 años, que se recuperaba del parto de su primera hija, fue rodeada por militares cuando lavaba su ropa en el arroyo de Barranca Bejuco. La intimidaron con sus preguntas: ¿quiénes son los encapuchados y los que siembran amapola? El miedo y el monolingüismo de Valentina fue interpretado como complicidad por los guachos. No dijo si conocía a la persona que llevaban detenida, ni se inmutó al escuchar los nombres que tenían registrados en una lista. La golpearon y varios militares la ultrajaron. Esto mismo sucedió con Inés Fernández Ortega en marzo de 2002. Ella se encontraba en su cocina con sus pequeñas hijas. Los guachos irrumpieron en su vivienda de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla. El pretexto fue la carne de res que se encontraba tendida en su patio. Se metieron hasta la cocina para encarar a Inés y apuntarla con sus armas como si fuera delincuente. Preguntaban por su esposo, a quien señalaban como roba vacas. El silencio de Inés lo pagó muy caro con los golpes que le dieron y la agresión sexual que sufrió.
Valentina con la ropa rasgada corrió al domicilio de su esposo en busca de auxilio. Tuvo que soportar sus regaños y su desprecio. La misma comunidad la presionó para que se desistiera de la denuncia. El trato discriminatorio de los agentes del ministerio público fue para obstruir las investigaciones. Valentina se sintió cercada por los hombres que se coludieron con los militares al encubrir sus atrocidades. Buscó refugio fuera del estado, y a pesar de los múltiples peligros que enfrentó junto con su pequeña hija, nunca claudicó. Dio la batalla desde la clandestinidad y en el tribunal interamericano encaró al ejército y desenmascaró sus tropelías. Retumbó su voz que resquebrajó los argumentos falaces de los burócratas del Estado.
Inés tuvo la fuerza para mantenerse dentro de su comunidad. Resistió todos los embates alentados por el ejército. Fue víctima de varios incidentes dentro de su domicilio, y en este escabroso camino de la justicia, a más de 19 años sigue escalando la Montaña. La corte interamericana dictó dos sentencias paradigmáticas contra el estado mexicano el 30 y el 31 de agosto de 2010. Ambos fallos contienen 17 y 16 medidas de reparación de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.
La lucha tenaz de Valentina alcanzó una sentencia histórica a nivel nacional donde se da pleno valor al testimonio de la víctima. En el caso de Inés, la sentencia contra los militares está pendiente. Mientras tanto, su persistencia ha logrado que el Estado mexicano de cumplimiento a las reparaciones comunitarias, ordenadas por la corte interamericana. En Ayutla de los Libres este 17 de septiembre se inauguró la casa de los saberes “Gúwa Kúma”, donde Inés Fernández con las mujeres embajadoras y algunas profesionistas, brindarán atención médica, psicológica, jurídica y apoyo a la niñez. Inés y Valentina, desde las comunidades recónditas de la Montaña, rompieron el cerco de la impunidad y demostraron con gran reciedumbre cómo se ganan las batallas contra ejército.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Texto publicado en La Jornada del Campo. 20/11/21
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Fotografía: Tlachinollan
