Por: Gloria Muñoz Ramírez. La Jornada. 12/11/2017
“CÓMO LES VAMOS A DEJAR A NUESTROS NIETOS ESE TUBO INFERNAL (EL GASODUCTO). ¿A NOSOTROS QUÉ NOS DEJARON NUESTROS ANCESTROS?
UNA TIERRA BUENA”
• LA ESTRATEGIA DE DIVIDIR, INICIADA POR EL EX GOBERNADOR PADRÉS ELÍAS, HOY PRESO, CONTINUÓ CON LA ACTUAL GOBERNADORA CLAUDIA PAVLOVICH, QUIEN “NO HA CUMPLIDO NADA DE LO QUE PROMETIÓ Y HA TRAÍDO LA TRAICIÓN Y LA DIVISIÓN A LA TRIBU”, DICE DEFENSORA
Vícam, Sonora
La intervención de gobierno y empresas en territorio yaqui ha dejado devastación, división, resquebrajamiento del tejido social, traiciones, despojo territorial y cultural, pero también ha visibilizado la resistencia de un pueblo y sus mujeres, quienes se niegan a entregar lo que les pertenece.
“Nuestros ancestros nos dejaron nuestro territorio intacto para que nosotros lo dejemos así a los nietos. Es nuestro deber y debemos de cumplirlo. El gasoducto no nos ayuda, sólo beneficia a los empresarios, a los que tienen fábricas, pero a los yaqui no”, afirma Francisca Vázquez Molina, yaqui de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que conforman esta tribu del sur de Sonora.
Francisca habla bajo la sombra de la ramada de Vícam, el espacio en el que se reúne la tribu yoeme (yaqui) para hacer las asambleas y tomar sus acuerdos. Se trasladó a este poblado para hablar sobre la defensa del territorio y sobre el preso político Fidencio Aldama Pérez, de 37 años, esposo de María del Carmen, su hija. Todo por la imposición de un gasoducto que pone en peligro la vida de su pueblo.
Loma de Bácum, ubicada en el extremo sur del territorio yaqui, es la puerta de entrada al valle y fue el único de los ocho poblados que resistió la embestida de gobierno y empresa para construir el Gasoducto Sonora, obra de 840 kilómetros que inicia en Caborca y llega a Huatabampo. La empresa a cargo es Infraestructura Energética Nova (IEnova), que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. El segmento Guaymas-El Oro contempla una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu yaqui y ocupará una franja de 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendrá el control durante 30 años. Por esta “servidumbre”, como dicen los promotores, se acordó pagar a la tribu un peso anual por metro cuadrado.
Diversos estudios han arrojado que el gasoducto afectará a las casas y las parcelas, así como al cerro Boca Abierta, arroyos y zanjas; traerá deforestación, corte de plantas medicinales, de pastoreo, agostadero y serio daño ambiental, social, cultural y religioso. El peligro será cotidiano, pues la tubería estará a menos de un kilómetro de las casas y una explosión será la amenaza latente.
La ofensiva de IEnova ha tenido repercusiones en el tejido social de la tribu. Algunos gobernadores yaquis (autoridades tradicionales) son acusados de haber sido comprados por la empresa. “Empezaron a ofrecer dinero y el problema fue que las autoridades aceptaron, pero la tropa (el pueblo) yoemi no. Ninguno de la tropa está de acuerdo con la autoridad, pero como la autoridad es autoridad, por eso lo hicieron”, refiere Francisca Vázquez.
Lomas de Bácum fue el único pueblo que organizó una consulta. Aquí se reunieron todas las comunidades, más de 700 personas, y asentaron su desacuerdo con el gasoducto. De aceptarlo, explica Francisca, “estaríamos entregando nuestro territorio, el agua, todo lo que es de nosotros y lo que es para nuestros nietos. Por eso dijimos que no”.
La empresa prometió entonces que si uno de los ocho poblados no aceptaba, “le darían la vuelta”, pero no lo cumplieron. Y la estrategia siguiente fue dividirlos, incluso a las familias. “Hay mucho trabajo en nuestras comunidades, pero algunos no les gusta trabajar, sólo quieren el dinero. Son desgraciadamente de mi familia, mi sobrino, el capitán es el que anda haciendo eso”, lamenta Francisca. Cuando la comunidad se opuso, empezaron los ofrecimientos en dólares y aún así nadie aceptó, ni la autoridad saliente, “pero se han ido aprovechando de la gente que le gusta el dinero”.
En agosto de 2015 Francisca fue una de las dos personas que llevaron el acta de rechazo a la empresa. “Nos sacaron casi a empujones, pero dieron por recibido el papel que llevamos”, recuerda. De nada valió, pues siguieron construyendo el gasoducto. “Esa empresa es un monstruo gigante que dividió nuestro pueblo”, lamenta la entrevistada, mientras su nieto, que es un aprendiz de la Danza del Venado, juguetea a su lado.
La empresa empezó a abrir brechas “y las familias les dijeron que eran sus tierras y que no los querían, incluso hubo señoras que se tiraron a donde se estaban haciendo los hoyos para impedir que siguieran trabajando. Todo eso miramos”, dice Francisca. “El gobierno y la empresa lo único que hicieron fue hacer otra autoridad de su cuenta. Pero esa autoridad no vale porque no tienen la guardia tradicional”.
Traición, confrontación y división
El 21 de octubre del 2016 alrededor de las 12:30 horas llegaron más de 500 personas armadas a la guardia tradicional de Loma de Bácum. “Venían con todo, decididos a matar. Llegaron para imponer una autoridad en la guardia y a las autoridades tradicionales. La gente, los de la iglesia y los demás, dijeron que no era tiempo de poner a un nuevo gobernador. Llegó el capitán Juan Antonio Rivera Vázquez y el maestro litúrgico Vicente Tronquito, con otros más que representan la iglesia, según ellos, porque a partir de lo que hicieron ya no son nadie para nosotros”.
Ese día de octubre los pobladores de Loma de Guamuchil, Huirivis, Belén y Pótam, todos ellos involucrados en el gasoducto, se presentaron en la asamblea permanente con palos y piedras, lanzando tiros al aire para sembrar el terror, recuerda Francisca. Se armó la trifulca, se escucharon tiros y murió un hombre de la asamblea, Cruz Buitmea, de 40 años, quien tenía el cargo de fariseo en la semana santa yaqui; hubo ocho heridos y varios golpeados y varios automóviles incendiados.
Francisca asegura que la guardia tradicional no disparó contra los golpeadores, pues ésa era la indicación. Pero sí al aire, para dispersarlos. “Pero ni así”, relata Francisca. “Ellos empezaron a machetear y a pegar con palos. El hermano del capitán platicó que les pagaron 30 mil pesos para que dispararan y ése es dinero del gasoducto. Quemaron los carros para exigir que les dieran otros, y más dinero para los siete pueblos que ayudaron. Hasta la fecha todavía andan con carros negros, con dinero, agrediendo a la gente”.
Días después inició la investigación sobre la muerte de Cruz Buitmea. Se detuvo entonces a Fidencio Aldama Pérez, quien desde ese momento es considerado por la comunidad como un preso político. Francisca, su suegra, asegura que la prueba de balística dio negativo, “pero el muchacho sigue ahí porque está contra del gasoducto y en ese momento estaba en la vigilancia cuidando el territorio”.
La estrategia gubernamental de dividir a la población, iniciada por el gobernador Guillermo Padrés Elías, preso hoy por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue seguida por la actual gobernadora Claudia Pavlovich, quien “no ha cumplido nada de lo que prometió y ha traído la traición y la división a la tribu”, acusa la defensora del territorio.
Loma de Bácum ha sido la piedra en el zapato para la empresa IEnova y para los gobiernos estatal y federal. Lograron las firmas de las autoridades de siete de los ocho poblados, algunas de ellas con trampas, pues por lo menos uno de los gobernadores no sabía leer y firmó bajo engaños. Y aunque han logrado “convencer” a algunas familias de Bácum, lo cierto es que continúa la resistencia. Apenas en mayo pasado los pobladores desmantelaron parte de la construcción del gasoducto, sacaron los cables y procedieron a quitar la tubería.
Mujeres contra el gasoducto
Francisca Vázquez es una mujer fuerte que en la defensa del territorio ha sido agredida incluso a tiros. Tiene 51 años, es madre de dos mujeres y abuela de dos menores. En la lucha contra el gasoducto, explica, las mujeres han tenido un papel decisivo. Han sido ellas las verdaderas opositoras, participan en las reuniones, buscan recursos para la defensa, informan a jóvenes y niños de los inconvenientes de ese proyecto, acuden a las marchas, plantones y protestas, igual que encaran a las autoridades. “Hay que hacer la lucha”, dice Francisca, “porque la iniciaron nuestros ancestros y ahora nos toca a nosotros”.
Francisca es cantora, un rol importante en la comunidad. “Nosotras somos muy fuertes y hemos iniciado la lucha porque cómo les vamos a dejar a nuestros nietos ese tubo infernal. ¿A nosotros qué nos dejaron nuestros ancestros? Una tierra buena”, se responde.
A las acusaciones vertidas en los medios de comunicación locales sobre su “rechazo al progreso”, Vázquez asegura que no se oponen al desarrollo, “pero no queremos que pase el gasoducto por nuestras tierras porque no nos beneficia y 30 años es mucho tiempo. Les dieron 500 pesos a los que aceptaron, o sea nada, pero los que sí se beneficiaron fueron los líderes, los que están más cerca de ellos y los que negocian, pero la tropa (el pueblo) no y los que no han nacido, menos”.
“Queremos que todo el mundo sepa que las mujeres yaquis sabemos luchar y defender nuestro territorio, que no lo vendemos. Con lo poco que hemos logrado, se siente la satisfacción y algo está quedando. Tiene que salir bien”. Por eso, finaliza, la posibilidad de que una mujer indígena sea candidata a la presidencia de México “es una bendición”.
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Fotografía: ojarasca.jornada
