Por: Norberto Soto Sánchez. Psicólogo y Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es doctorante en la UPN Ajusco. Interesado en temas de violencia política en educación superior. 18/11/2023
El 14 de noviembre aconteció la Marcha por la Dignidad Universitaria en las principales ciudades de Sinaloa. Esta se dio en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la entidad sinaloense para la inauguración de la carretera Badiraguato (Sinaloa) – Guadalupe Calvo (Chihuahua).
La Marcha en cuestión, la cual fue una acción colectiva que movilizó a alrededor de cien mil universitarixs de la Universidad Autónoma de Sinaloa ─según cifras ofrecidas por las autoridades de la UAS, que fueron las convocantes-, tenía como objetivo mostrar al Primer Mandatario el músculo político de la comunidad uaseña a razón de frenar lo que quienes dirigen a la institución han llamado “una serie de violentaciones a la autonomía universitaria” por parte del gobierno estatal, cuyo titular es el morenista Rubén Rocha Moya.
En ese sentido, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), desplegaron comunicados en apoyo a las autoridades de la UAS, particularmente a Jesús Madueña, rector destituido provisionalmente por un juez estatal el 17 de octubre, esto como medida cautelar a raíz de una serie de investigaciones por anomalías financieras en las arcas de la institución educativa en comento las cuales ascienden a más de 600 millones de pesos (https://cutt.ly/zwYM61UU). Además de Madueña, hay otros funcionarios y exfuncionarios de la UAS que están siendo investigados, los cuales formaban parte del Comité de Compras y Adquisiciones.
Las medidas cautelares en contra de Madueña derivan de tres vinculaciones a proceso judicial, uno por el presunto delito de abuso de autoridad y otros dos por el presunto delito de ejercicio irregular de la función pública. Eso, hasta ahora, pues hay otras 7 denuncias contra el susodicho y otros exfuncionarios. La primera acusación se dio a partir de la negativa de la administración del hoy exrector para permitir que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisara documentos clave en las investigaciones, las otras dos acusaciones emanan de la compra sin licitación de tortillas y totopos por 45.5 millones de pesos, así como de carne por poco más de 68 millones de pesos. Al escándalo derivado de la revelación de esto ya se le conoce como el TotopoGate.
Quienes dirigen a la UAS señalan que existen violentaciones a la autonomía en distintos rubros: algunos de ellos se refieren a que la ASE supuestamente no está facultada para auditar los recursos de la universidad y que la única instancia pertinente para ello es la Auditoría Superior de la Federación; otro es que el único órgano facultado para destituir al rector es el Consejo Universitario.
Según los simpatizantes de Madueña lo que hay detrás de las investigaciones por anomalías financieras es simplemente una persecución política orquestada por el gobierno estatal en contra de las autoridades universitarias con miras a apoderarse de la UAS. Lo cierto es que hay denuncias públicas y formales de estudiantes, trabajadores y extrabajadores de dicha universidad sinaloense que hablan sobre un cacicazgo que, de hecho, tiene en su poder a la institución educativa desde hace casi 20 años. Dicha estructura fáctica es dirigida por el exrector de la UAS (2005-2009) Héctor Melesio Cuén Ojeda, señalado de ser un cacique universitario que, a través del clientelismo, la amenaza y las agresiones ejercidas contra la comunidad universitaria, logró el registro del Partido Sinaloense (PAS) en agosto del 2012, instituto político del cual él es líder moral hasta el día de hoy. A esa simbiosis PAS-UAS se le conoce como la universidad-partido (https://cutt.ly/0wY1XP1t).
De hecho, uno de los implicados en las compras mencionadas es Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del cacique, quien fue nombrado Director de Bienes e Inventarios por Madueña en junio de 2021, cargo al que renunció “para limpiar su nombre” en mayo de este año, tras la publicación de investigaciones periodísticas que daban cuenta de las operaciones multimillonarias. Además, las compras por tortillas y totopos fueron realizadas a un proveedor de nombre Sergio Chaidez Monárrez, dueño de la tortillería Chamonos, mientras que la carne a la proveedora María de la Luz Palazuelos Meza. Tanto Sergio como María son militantes del PAS, el primero desde 2015 y la segunda desde 2012 (https://cutt.ly/xwY13LpE & https://cutt.ly/lwY1a7SR).
La defensa de Cuén Jr. quedó a cargo de Julio Antonio Hernández, abogado que defendió a Rosario Robles por el caso de la Estafa Maestra ─que involucró desvío de recursos multimillonarios a través de varias universidades públicas-. Es experto en la materia. Dato curioso: Hernández Barros facturó entre mayo y septiembre de este año al menos un millón de pesos como persona física con actividad empresarial a la UAS. Esto, aunque el Jr. ya no era funcionario universitario. A pesar de ser multimillonarios, la familia Cuén Díaz parece ser muy avara. No quieren gastar ni un peso de su bolsa. Las facturas fueron canceladas tras la ventilación del gasto que hizo el diario Noroeste (https://cutt.ly/UwY04zis).
La hegemonía caciquil: apoyo y coerción. Clientelismo y prebendas, amenazas y agresiones
En materia sindical, el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS ─incorporado a la CONTU- son dirigidos por pasistas. Por ejemplo, José Carlos Aceves Tamayo, secretario de la sección académicos, es titular del Instituto de Educación y Capacitación Política del PAS. Aunado a esto, cada vez que un trabajador, estudiante o periodista habla o publica algo que haga evidente la existencia del fenómeno de la universidad-partido activa una red de medios digitales en los cuales son echadas a andar campañas de difamación en redes sociales, las cuales han sido preámbulo de agresiones físicas (como consta en el expediente 04-24/2018 de la Junta de Conciliación y Arbitraje Especial N° 1 de la Local de Culiacán y la queja frente a la CNDH folio 43643/2019; también el caso de las agresiones que sufrió el profesor Inocencio Castillo https://cutt.ly/vwY0sv2M; el intento de asesinato contra el estudiante de derecho Óscar Mata https://cutt.ly/7wY0gbSV; y la golpiza a reporteros del semanario RíoDoce por parte de porros UAS https://cutt.ly/bwY0jcFD).
El colmo del cinismo es que el 15 de noviembre Cuén Ojeda se presentó en un programa de Radio UAS conducido por Wilfrido Ibarra Escobar y despotricó contra trabajadores y estudiantes UAS democráticos. La tónica de la entrevista que le hicieron fue interesante pues el personaje, al calor de señalamientos públicos recientes, habló respecto a un secreto a voces en la universidad: el espionaje telefónico y la intervención de dispositivos de cómputo que la estructura caciquil aplica en contra de adversarios (https://cutt.ly/GwUhxZPK). El asunto ya lleva años comentándose para quien preste atención. Como muestra un botón: el periodista del Semanario RíoDoce ─especializado en temas de narcotráfico, corrupción y derechos humanos-, Ismael Bojórquez, publicó un artículo en 2016 que hablaba de los nexos de Cuén con personajes que se dedicaban a esos menesteres (https://cutt.ly/RwY0WXU0).
Sobre esto también se habló en Contralínea en 2020, a partir de un escándalo de gatos en publicidad y contratación de servicios de bots por más de 80 millones de pesos que la entonces administración del rector cuenista de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, llevó a cabo, así como de entrevistas anónimas que fueron realizadas a trabajadores de la institución, las cuales mostraban la existencia de lo que se ha llamado una estructura parainstitucional ─cuya definición conceptual detallada se encuentra aquí https://cutt.ly/BwY0RfMy– encargada de mantener el status quo en la UAS a través de la represión y el disciplinamiento por la vía del terror. El nivel represivo al interior de la institución educativa es tal que en esta semana autoridades han levantado actas administrativas contra docentes por el simple hecho de realizar publicaciones en Facebook que critican al cacicazgo (https://cutt.ly/YwUgQhGS).
Pero quienes dirigen a la UAS dicen que todo esto es mentira, que son víctimas de persecución política supuestamente a razón de ser la “segunda universidad pública más importante del país en indicadores de calidad” [¡solo por debajo de la UNAM!] (https://cutt.ly/UwY0IZaO); esto se ha difundido a partir de la publicación del ranking de las mejores universidades del Times Higher Education, el cual fue duramente criticado y desmentido con una sólida argumentación metodológica por el académico y columnista del Sol de Mazatlán Carlos Patiño Gutiérrez (https://cutt.ly/mwY0OFrm), evidenciando que tras la difusión del “logro” lo que hay es una más de las operaciones mediáticas que buscan lavarle la cara al cacicazgo cuenista.
La CONTU y la ANUIES saben bien qué es lo que está sucediendo en la UAS. Apoyan a la casta dorada uaseña simple y sencillamente porque sus dirigentes comparten intereses con los de la cúpula cuenista en sus respectivas universidades. Ahora bien, sobre la opinión de la UDUALC, valdría la pena preguntarse si en los países de las universidades que la integran existirá el fenómeno de universidades-partido y si conocerán a detalle lo que pasa en Sinaloa.
La Gran Marcha por la Dignidad Universitaria fue en realidad una marcha por la impunidad de los dirigentes del cacicazgo cuenista implicados en el TotopoGate. Seguramente habrá más. Los profesores y trabajadores son llamados a participar en las movilizaciones con una frase que lanzan directivos cuenistas: “la asistencia es voluntaria, pero si no van, su ausencia se nota”. A estudiantes les prometen calificaciones y les toman su asistencia en el transcurso de las acciones colectivas (véase https://cutt.ly/SwY2wuzg & https://cutt.ly/RwY2eNDb) y si se niegan se les limitan posibilidades de intercambio o de llevar a cabo prácticas profesionales (https://cutt.ly/8wY2tlEJ). Todo esto muestra la hegemonía que, hay que reconocer, el cuenismo tiene en la universidad, la cual ha sido construida a través de métodos antidemocráticos: por un lado, logra apoyo y consenso gracias operaciones mediáticas que buscan legitimarle, así como de clientelismo y prebendas; por otro, ejerce coerción a través de amenazas y agresiones contra quienes no se alinean.
Va un dato final que muestra esta hegemonía caciquil: de los 11 mil 939 registros contenidos en la nómina uaseña, 7 mil 352 corresponden a afiliados al PAS (véase https://cutt.ly/vwUgEaIv). El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la UAS es dominado con puño de hierro por Cuén. ¿Cuál autonomía existe en la UAS? Madueña se presenta como un líder universitario y paladín defensor de la autonomía con la consigna “De pie, siempre. De rodillas Nunca”. Habría que recomponer su frase a la luz de lo evidente: “De pie, siempre. De rodillas… solo frente al maestro Cuén”.
Perspectivas de lucha
Sin embargo, la comunidad universitaria que busca justicia laboral y democracia en la UAS no puede confiar en el gobierno estatal ni federal, quienes en 2021 impulsaron una alianza entre el Morena y el PAS para ganar la gubernatura. Sobre esto último AMLO no dijo nada en la conferencia mañanera de su visita a Sinaloa, aunque fue cuestionado respecto a su opinión del fenómeno de los cacicazgos universitarios. Durante su campaña Obrador daba santo y seña de Cuén como el cacique que controla a la universidad (https://cutt.ly/bwUgDBUK), ya en la presidencia eso cambió. El detalle resalta tomando en cuenta que, por ejemplo, ya con la investidura presidencial sí señalaba con nombre y apellido al difunto cacique de la U de G, Raúl Padilla. Esto da para pensar en la posibilidad de que esté dejando la puerta abierta a futuras reconciliaciones políticas, por así decirlo. No sorprendería, el morenismo ya lo ha hecho, impulsado por su innegable pragmatismo político.
Obviamente tampoco se puede confiar en ningún otro de los partidos políticos del régimen electoral mexicano. El Frente Amplio Por México ya le abrió las puertas al PAS y Cuén para que el cacique busque una senaduría en 2024 ─aunque el registro no ha ocurrido formalmente- y de ahí, Melesio buscaría cumplir uno de sus sueños: la gubernatura de Sinaloa en 2027. Y ni hablar de Movimiento Ciudadano, el cual tenía una férrea alianza con el PAS en el 2017.
Los cacicazgos universitarios son una forma de gobernanza al interior de las universidades que va más allá de los caciques. Para combatir a esa gobernanza no hay mejores herramientas que los procesos democráticos de discusión impulsados desde las bases, en asambleas tripartitas ─de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos-, con órganos de autoorganización y deliberación políticamente independientes. Es imperativo discutir ─rompiendo cárceles cognitivas, sin ningún temor a salirse de lo que las hipócritas costumbres caciquiles consideran políticamente correcto- la problemática de la universidad incluso en horas clase, con miras a fortalecer un movimiento para la elaboración de una nueva Ley Orgánica que devuelva el voto universal y nominal a la totalidad de la comunidad UAS. De lo contrario, una democratización “por arriba” ─es decir, por la supuesta buena voluntad y gracia del gobernador o de diputados locales- generará otro cacicazgo.
Empero, la coyuntura que los procesos judiciales han abierto indudablemente brinda una estructura de oportunidades políticas valiosísimas que puede ser aprovechada para iniciar los procesos mencionados. El panorama es difícil, pero, como dijo León Trotsky “quien se arrodilla ante el hecho consumado, es incapaz de enfrentar el porvenir”. Solo la organización política de estudiantes y trabajadores, desde abajo y a la izquierda, democrática e independiente de todos los partidos políticos del régimen, logrará traer justicia laboral y democracia a la UAS. Casos como el del TotopoGate y la Estafa Maestra nos llevan a preguntarnos como sociedad si queremos seguir teniendo autonomías universitarias al amparo de las cuales empresarios y altos burócratas se enriquecen con dinero público, en detrimento de los derechos laborales y educativos de trabajadores y sectores populares. Estos problemas nos llevan a desacralizar a quienes dirigen las instituciones educativas y percatarnos de que no pueden ser personajes y castas que se consideren incuestionables en aras de mantener pretendidas excelencias académicas.
Fotografía: mexicoescultura
