Constituir sentidos ante el paradigma extractivo.

“Primero, puesto que son bajos los salarios en el Tercer Mundo, los costes económicos de la contaminación, causados por el aumento de las enfermedades y las muertes, serán menores en los países más pobres. Según Summers¹, la lógica del traslado de los contaminantes a los países con menores salarios era impecable y debería asumirse.

Segundo, dado que en grandes áreas del Tercer Mundo la contaminación es todavía baja, a Summers le parecía sensato introducir más. Siempre he pensado-escribía- “que los países de África están demasiado poco contaminados; la calidad del aire, probablemente, es excesiva e innecesaria, en comparación con Los Ángeles o México D.F.

Por último, dado que los pobres son pobres, no es posible que se preocupen por los problemas ambientales” (Shiva, 2001, pág. 2).

Las demandas o crisis sociales en la región han tenido por característica en el siglo pasado el énfasis en la noción de clase social, la cuestión económica, la colonización y el Estado nacional, sumando al análisis los regímenes autoritarios que se instalaron en diferentes países. Estas situaciones han acrecentado los problemas de estratificación y desigualdad social, manteniendo un marcado acento en el problema del desarrollo, hoy orientado al denominado crecimiento económico. Último que, por medio de reformulaciones, ajustes al capitalismo y violencia estatal ha profundizado el despojo a sectores de la población por los impactos de la sobreexplotación de los territorios.

Así, el siglo XX finalizó con la bienvenida formal a la crisis ambiental e irónicamente, con el extractivismo como modelo consolidado en Latinoamérica, lo cual Maristella Svampa denomina el paso del Consenso de Washington al de los Commodities. Paradigma que ha sido adoptado por gobiernos progresistas de izquierda, justificados en un control estatal del mercado como vía emancipatoria y a la vez de la necesidad de industrialización. Sin embargo, a nivel geopolítico la presión de los desarrollados y las instituciones supranacionales, han pasado la cuenta para los latinoamericanos, producto del interés que suscitan los recursos de la región.

Un ejemplo de estos mecanismos son los acuerdos de mercado como los TLC y los Tratados de Cooperación con la Unión Europea, en los cuales los países en desarrollo firmantes deben ajustar sus legislaciones a las exigencias de los países desarrollados², pasando por sobre los derechos de la población y la soberanía nacional³, en favor del derecho a la inversión. Con estos fines, se instala el Sistema de Solución de Disputas Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés)⁴, o figuras como la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya, creada en 1899 y que, en 1993, comenzó a cumplir la función de arbitraje.

Sumado a lo anterior, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, nace en 1966 como ente regulador, el cual a 2019 tiene 162 países miembros, cuya función actual es constituir tribunales arbitrales para solucionar disputas entre Estados y transnacionales. En esta lógica, el Estado pasa a ser participe directo en la inversión privada, generando las condiciones necesarias para que ésta se realice.

Por otra parte, a nivel latinoamericano se creó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) -actual COSIPLAN-, que depende de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con el objetivo de potenciar la explotación y circulación de recursos naturales. En la creación de la IIRSA estuvo involucrado el Global Enviroment Facility (GEF), que funciona como un emprendimiento que trabaja con el Banco Mundial con objetivos ambientales (Seitz, 2013).

Este proyecto, es la consolidación de la visión extractivista como iniciativa latinoamericana que busca configurar un territorio abierto a las necesidades e integración al mercado globalizado y el fomento de la competitividad. El problema mayor radica en que para superar los límites físicos, legales, sociales, y culturales, que significa la implementación de la IIRSA, se deben asumir transformaciones en dimensiones socioculturales, legislativas, geográficas, de las cuales no se puede medir cuál será la magnitud de su impacto. De esta forma, se subordina a la actividad económica la naturaleza, los territorios y los sujetos/tas que los habitan.

Las dimensiones que en estas problemáticas se vislumbran, a pesar de que aquí se hace una referencia acotada, dan cuenta de incoherencias y desajustes de la instalación del paradigma extractivo, que acrecientan la necesidad de otros sistemas de comprensión, reconfiguración territorial y resistencias. La crisis de sentidos a nivel social, cultural, político y también económico deviene así en necesidades de transformación que se vuelvan acción, ante la precarización de la vida y una concentración escandalosa de los bienes comunes por actores empresariales, amparados por los gobiernos de turno⁵, más allá de las buenas intenciones de los últimos.

En definitiva, la demanda territorial se hace cada vez más presente y la necesidad de autogobiernos locales debe ser práctica, ya que sin democracia directa no habrá posibilidades de generar resistencias que abran el horizonte a la transformación y un control del territorio. En el contexto de crisis estatal y mundial, la comunidad vuelve a surgir y lo colectivo se posiciona como forma de acción, en la búsqueda de sentidos que nos devuelvan la posibilidad de pensar en otras formas de habitar, de pensar, de gestionar, de producir, de gobernarnos, en definitiva, de existir.

En tiempos de transiciones, es necesario comenzar a constituir poder territorial colectivo, donde los gobiernos deben necesariamente “mandar obedeciendo”⁶. Los casos de Ecuador, Bolivia y Chiapas nos pueden dar herramientas para pensar y articular maneras desde el buen vivir generando lineamientos propios. Así, las alternativas al desarrollo buscan poner como eje articulador a la naturaleza y a las personas (Gudynas, 2011) gestando otros paradigmas desde donde dotar de sentidos nuestras vidas.

Referencias bibliográficas

Gudynas, E. (2011). Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo. En Wanderley, F. (coord.), El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina. Bolivia: Oxfam y CIDES UMSA.

Seitz, M. (2013). Cambios globales e institucionales en política exterior: el caso de IIRSA, UNASUR y la Patagonia Argentina. Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, XIX, (29), 98-112.

Shiva, V. (2001). El Mundo en el límite. Giddens y Hutton (edits.), El Mundo en el límite: La vida en el capitalismo global. España: Tusquets.