Por: Tlachinollan. 02/09/2024
El viernes 9 de agosto de 2024 el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero dictó un acuerdo donde se admite el amparo, presentado el 7 de agosto por el comité gestor de la comunidad de Huehuetán, para reclamar la negativa del Congreso local de su conformación como municipio por usos y costumbres. Lo importante es que un juez o jueza podrá analizar sus derechos colectivos de libre determinación y autonomía, conculcados por las diputadas y diputados racistas, para que se reconozca el municipio afromexicano de Huehuetán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales.
Durante casi dos años ocho comunidades afromexicanas han estado insistiendo para que el Congreso del estado reconozca sus derechos, pero no se ha logrado porque las legisladoras y legisladores en lugar de asumir una postura proteccionista se convierten en golpistas y verdugos de los pueblos indígenas y afromexicano, dejándolos en estado de vulnerabilidad y pasando por alto los principios de pluriculturalidad y multiculturalidad en México.
Las comunidades llevaban años de reflexión en sus asambleas para crear un nuevo municipio, pero fue hasta el 30 de junio de 2021 cuando finalmente se realizó una asamblea con autoridades comunitarias de la comunidad de Tenango, Talapilla, La Bocana, Las Trancas, Los Chegües, Los Quiterios, Los Metates, El Arenal y Huehuetán para crear un municipio desde el ejercicio de libre determinación y autonomía. Los y las asambleístas señalaron que el municipio de Azoyú, al que pertenecen, los tiene en el abandono, sin que los atiendan con obras y servicios básicos.
En asamblea, las comunidades ya habían decidido que solicitarían la separación del municipio y formar un nuevo que acordaron por unanimidad de votos fuera Huehuetán, bajo los derechos de libre determinación y gobierno propio. Ese día nombraron al comité gestor del nuevo municipio, quedando como presidente, Hermelindo Javier; secretario, Marcelino Sánchez; tesorero, Ángel Quiterio; primer escrutador, Hesiquia Lorenzo y segundo escrutador, Leobardo Herrera. A la fecha la asamblea no ha revocado al comité gestor para que siga el proceso de municipalización ante el Congreso de la entidad.
El 5 de octubre de 2022 el comité gestor entregó una solicitud a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del estado para que se realice una consulta indígena de creación del municipio afromexicano de Huehuetán con su sistema de gobierno propio, en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, así como su reconocimiento como municipio indígena, libre y soberano. Nunca hubo respuesta. El 28 de noviembre el comité volvió a ingresar un escrito donde se solicitaba respuesta y que se recibió en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Luego respondió Arturo Pacheco Belloda, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, por instrucciones de presidencia de la Junta, que tienen que seguir los requisitos que se tienen que cumplir de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano.
Pasó el tiempo y al no haber respuesta sobre la creación del nuevo municipio afromexicano, el 12 de mayo de 2023 el comité interpuso un amparo en el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito con el número 606/2023 ante la negativa del Congreso de dar respuesta a la solicitud del 5 de octubre de 2022 para la configuración del municipio de Huehuetán. El 26 de junio de 2023 el Juzgado dictó sentencia a favor del comité gestor y que las autoridades debían responder a la solicitud.
Sin embargo, el 6 de julio la Presidenta de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso presentaron un recurso de revisión, pero el comité interpuso un amparo adhesivo el 5 de septiembre. El 4 de julio de 2024 el comité de Huehuetán vuelve a ganar. El Juzgado Primero de Distrito ordena a la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso para que en tres días hábiles cumpla con la sentencia de fecha 26 de junio de 2023 y obliga a responder la petición del nuevo municipio afromexicano.
El 15 de julio de 2024 Ignacio Rojas Mercado, delegado de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política presentó ante el Juzgado de Distrito copia certificada del oficio PMD/SSP/DAJ/484/2024 con fecha del 11 de julio y el oficio HCEG/LXIII/PJUCOPO/123/2024 de fecha 11 de julio. En su respuesta niegan el reconocimiento del municipio afromexicano de Huehuetán.
En su argumentación dijeron que “el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía nacional y menos aún, la creación de un estado dentro del estado Mexicano, ya que tal derecho debe ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la iniciativa de reforma del artículo 2o Constitucional…” y que para la creación del nuevo municipio refieren continuar con el trámite, así deben reunir “los requisitos y presentar actualizados los documentos siguientes”: Acta de asamblea general certificada del comité gestor, actas de adhesión de las comunidades que soliciten crear un nuevo municipio, censo general de la población, donde exceda los 25 mil habitantes, acta de anuencia actualizada de cabildo del municipio afectado, debe contar con recursos económicos suficientes, inmuebles e instalaciones necesarios, la nueva cabecera municipal debe tener en funcionamiento servicios públicos, entre otros.
El Congreso local tardó 20 meses en dar respuesta a las comunidades afromexicanas. Sin dar el trámite que por ley corresponde les señalaron que dieran continuidad a los trámites de creación del municipio acorde a los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Municipio. Nunca pasaron la petición a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis. La respuesta fue a modo, con una visión reduccionista de los principios de la Carta Magna, vulnerando y dejando en la indefensión a las 8 comunidades que decidieron colectivamente crear su municipio por usos y costumbres.
Es evidente que la postura del Congreso es negar a toda costa el reconocimiento formal del municipio afromexicano de Huehuetán, requiriendo una serie de requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano, pero es una violación a los derechos humanos porque no toman en cuenta la Constitución. Por eso el comité gestor acudió el pasado 7 de agosto para presentar un amparo en el Juzgado de Distrito en el estado de Guerrero, en turno, del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo con el fin de que los derechos de 8 comunidades sean respetados.
Los derechos violados se encuentran en los artículos 1, 2, 16 y 17 de nuestra Constitución donde, el primero, se establece que todos los mexicanos gozaremos de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los tratados internacionales; el segundo, reconoce el derecho del pueblo afromexicano a la libre determinación y autonomía, así como el acceso a la jurisdicción del estado; el 16, todos los actos de autoridad deben ser fundados y motivados, y el último es sobre la tutela judicial efectiva. Además, el artículo 1, 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos indígenas y Tribales, el 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el 1 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
El Congreso interpretó la Ley Federal de manera restrictiva los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano y no favoreció en todo tiempo a las personas conforme a lo que se estipula en la Constitución y en los tratados internacionales. Los diputados y diputadas tendrían que estar tomando en cuenta el artículo 2 de nuestra Constitución donde reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la libre determinación y autonomía, decidir sus formas internas de organización social, económica, política y cultural y a elegir de acuerdo a sus normas, rocedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando condición de igualdad entre hombres y mujeres con derecho al voto y a ser votadas.
De acuerdo con estos principios es viable la conformación del municipio afromexiano de Huehuetán. Sin embargo, los legisladores y legisladoras optan por ceñirse a la Ley Orgánica del Municipio que contiene disposiciones contrarias.
Las 8 comunidades no están solicitando crear un Estado, sino un municipio afromexicano que se gobernará bajo sus sistemas normativos propios, pero sin profundizar en el análisis los diputados y diputadas lo niegan. Desconocen por completo las asambleas comunitarias, los comisarios, comisariados, consejo de principales y la decisión de las comunidades afromexicanas.
Los pueblos indígenas y afromexicanos siempre han respetado la unidad nacional y nunca han reivindicado la fragmentación del territorio nacional, al contrario, la identidad y elementos culturales de los pueblos que vivían desde antes de la colonización han servido para la construcción de la nación. Más bien, las comunidades afromexicanas exigen que se les reconozca como pueblos preexistentes respetando su cultura, formas de organización social y política. Son las primeras que respetan los espacios pluriculturales y la interculturalidad, mientras que los gobiernos pretenden someterlas a una cultura dominante y homogénea.
En el amparo interpuesto por el comité gestor se insiste en que el Congreso del estado pueda analizar la solicitud de la creación del municipio afromexicano bajo libre determinación y autonomía conforme al artículo 1 y 2 de la Constitución, porque exigir a los pueblos indígenas y afromexicano seguir los requisitos de la Ley Orgánica del Municipio es negar y conculcarles sus derechos. Es importante señalar que los derechos reconocidos en la Constitución son para evitar la integración y asimilación forzosa a una forma de organización ajena a los pueblos.
Los diputados y diputadas lejos de legislar sobre los derechos de libre determinación y autonomía, prefieren poner trabas burocráticas para no reconocer al municipio afromexicano de Huehuetán. A pesar de que los Tribunales han ordenado al Congreso dar una respuesta para la creación del nuevo municipio no lo han hecho. Con sus argucias buscan desgastar a la gente que son de escasos recursos económicos para trasladarse y realizar las asambleas, cuando ya se llevaron a cabo. Es claro el racismo de los legisladores y legisladoras que no protegen a las comunidades indígenas y afromexicanas, al contrario, las pisotean.
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Fotografía: Tlachinollan
