Por: Pressenza. 10/10/2023
El pasado martes 3 de octubre en El Tambo (Cauca), el Gobierno nacional, presentó la nueva Política Nacional de Drogas 2023-2033 ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’.
La prioridad de esta nueva política es el cuidado de la vida y el ambiente, poniendo en primer lugar los derechos humanos, la salud pública y la consolidación de la paz, sin dejar de lado el compromiso del Estado de afectar las capacidades y finanzas de las organizaciones criminales.
Es importante destacar que, por primera vez en la historia de Colombia, las comunidades y territorios directamente afectados por el narcotráfico y por las políticas derivadas de la guerra contra las drogas, participaron en la formulación de esta nueva política.
En ese contexto, se desarrollaron 27 espacios territoriales en 16 departamentos y en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se desarrollaron 51 mesas técnicas interinstitucionales o bilaterales; tres sesiones con aliados estratégicos, cinco sesiones con sectores de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento y tres espacios con mujeres, jóvenes y el sector de la prevención.
Esta política, según lo ha explicado el Gobierno, se apoya en dos pilares principales denominados ‘oxígeno’ y ‘asfixia’, es decir que habrá oxígeno para los territorios, comunidades, personas y ecosistemas que se han visto desproporcionalmente afectados por el mercado de las drogas ilegales. Por lo tanto, este apartado contempla tres prioridades:
- Apoyo al tránsito integral hacia economías lícitas y reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas, transformando sus condiciones económicas, sociales y culturales
- Implementación de medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas que, directa e indirectamente, han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas
- Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos.
Por otro lado, habrá asfixia para los nodos estratégicos del sistema criminal que generan violencia y se lucran en mayor proporción de esta economía ilícita, y para las capacidades y rentas de las organizaciones más fuertes del narcotráfico desde un enfoque sistémico, entendiendo su complejidad y su relación con otras economías ilegales y legales. Además, se contemplan medidas para prevenir, mitigar el riesgo y combatir la posible corrupción que pueda estar asociada a la implementación de la política.
Al tiempo, se empezarán a transformar las narrativas estigmatizantes y se implementarán medidas de justicia social en favor de los grupos afectados por el narcotráfico. También se espera avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, mientras se lidera una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno de las drogas.
https://x.com/MinjusticiaCo/status/1709696939514601785?s=20
La nueva política, que propone un profundo cambio de paradigma en cuanto al abordaje que históricamente se le ha dado desde el Estado al fenómeno de las drogas, tiene unas metas: reducir en 92 mil las hectáreas cultivadas con coca, disminuyendo en un 43% (704 toneladas métricas) la producción de cocaína; sacar 11,8 millones de dosis del mercado; afectar las finanzas ilícitas en un rango que oscila entre los 55.000 y los 88.000 millones de dólares; reducir la deforestación anual en un 2,65% (3.317 hectáreas) y bajar a menos de 46 millones de kilogramos las emisiones de CO2.
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Fotografía: Pressenza
