Por: Fundar. 06/04/2025
- La eliminación del INAI genera un importante retroceso en materia de transparencia y de contrapesos conforme a los estándares interamericanos que mandatan contar con un organismo autónomo especializado encargado del derecho a la información.
- La reforma de leyes secundarias debe ir acompañada de una amplia participación ciudadana y su implementación observada por la CIDH para evitar afectaciones al derecho y a grupos que lo utilizan para ejercer otros derechos.
México, 5 de marzo de 2025. En el marco del 192° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones presentamos en audiencia pública diversas preocupaciones por el cambio de modelo de transparencia en México, tras aprobarse la reforma constitucional de simplificación orgánica que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que mandata la adecuación de leyes secundarias antes del 20 de marzo de 2025.
Para las organizaciones peticionarias el cambio de paradigma del derecho a la información, impulsado por más de 20 años desde la sociedad civil, la academia y periodistas, vulnera ampliamente el derecho y el sistema de contrapesos que suponía contar con un organismo autónomo especializado en la materia y con la facultad de fungir como un ente de control constitucional.
También transgrede el principio de máxima publicidad, la posibilidad de revisar la apertura de asuntos de trascendencia e interés público, de establecer estándares de derecho y no da certeza sobre la administración y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta digital para que las y los ciudadanos ejerzan el derecho a la información a nivel nacional.
Con dicha reforma, además de fragmentar el seguimiento a la vigilancia del derecho a la información y protección de datos personales, también se reduce el ámbito de protección al trasladarse la mayoría de funciones del INAI, de alcance nacional, a un órgano administrativo desconcentrado de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También contiene disposiciones contrarias a los estándares interamericanos en materia de transparencia y acceso a la información, como el incremento de causales para reservar la información, que implica más retrocesos en el derecho.
Frente al contexto de erosión democrática que se refleja en la captura del poder judicial y la profundización de la militarización, este traslado no sólo pone en riesgo la efectiva garantía de los derechos humanos, sino que puede profundizar el debilitamiento del espacio cívico, la participación ciudadana y los procesos de verdad, memoria y justicia.
Así mismo, en la audiencia manifestamos la preocupación respecto al actual proceso legislativo para adecuar la legislación secundaria, ya que está llevándose de manera acelerada y sin escucha ni participación ciudadana.
En este sentido, la CIDH cuestionó al Estado Mexicano sobre su diagnóstico para cambiar de modelo, uno que ha sido referente en la región, pues pareciera que es un acto de fé afirmar que será mejor. Por lo que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH refirió que dará seguimiento al proceso de transición, pues los Estados tienen que ser fuertes para garantizar derechos, pero al mismo tiempo tienen que ser transparentes para garantizar la legitimidad de sus medidas. También cuestionó al Estado sobre la ampliación de las causales de reserva en la ley ya aprobada por el Senado, lo que representa un retroceso en la apertura gubernamental.
Otro punto clave fue el cuestionamiento sobre los esquemas de participación ciudadana en la creación del nuevo modelo, un aspecto fundamental para construir confianza y legitimidad al proceso. Sin embargo, dicho cuestionamiento no fue respondido por las personas representantes del Estado, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de transparencia en un cambio institucional de gran impacto.
Asimismo, la CIDH puso énfasis en los efectos que estos cambios podrían tener sobre la memoria, la verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos. Se preguntó al Estado cómo garantizará que la nueva estructura no obstaculizará el acceso a la información clave para las víctimas. Las organizaciones solicitamos a la CIDH los siguientes puntos:
1) Que emita un pronunciamiento público sobre la situación planteada en esta audiencia, a través de la elaboración de un informe detallado sobre el estado del derecho de acceso a la información y datos personales en México;
2) Que exhorte al Estado mexicano a rechazar cualquier regresión en la legislación secundaria que pueda vulnerar más el principio de máxima publicidad y los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
3) Que apremie al Estado mexicano a establecer mecanismos efectivos y sustantivos de participación ciudadana tanto en el proceso legislativo de adecuación de normas secundarias, como en cualquier mesa de trabajo para la transición y aplicación del nuevo modelo de transparencia.
4) Que brinde asistencia técnica para el proceso legislativo de las leyes secundarias.
Con dicha audiencia, las organizaciones peticionarias buscamos que se eviten más regresiones en la garantía de los derechos humanos de la sociedad mexicana, que se resguarden las herramientas y principios que se han impulsado por la ciudadanía por más de 20 años y que se establezcan mecanismos que garanticen de manera efectiva los derechos a la información y la protección de datos personales.
#LoQueDejamosDeSaber
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Fotografía: La Jornada
