Por: Francisco Navarro. Rebelión. 03/08/2017
En el análisis de la estructura económica de una región un punto esencial es el estudio en profundidad de su tejido productivo y los elementos inherentes a su composición y lógica de funcionamiento. Esto nos ayuda a explicar dinámicas que se reproducen en relación a la concentración del capital y de la riqueza, desigualdad, precariedad y fragilidad productiva. Para entender estos procesos se hace imprescindible analizar críticamente el papel que tienen en la economía latinoamericana las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), especialmente debido a su protagonismo en la construcción del tejido productivo. Estas unidades de producción, presentes en todos los sectores, representan más del 95% de las empresas de la región y crean más del 70% de los puestos de trabajo[1]. Sin embargo, su contribución al PIB (30%) y a las exportaciones (10%) es muy inferior y presentan importantes debilidades en términos de productividad, economía informal, precariedad y, de forma generalizada, un esquema discriminatorio de oportunidades económicas en relación a la gran empresa que gana claramente el juego del libre mercado.
En este sentido, uno de los puntos esenciales que suele tratarse es el de la situación de discriminación negativa en la que se encuentran las MIPYMES en relación al acceso al crédito. Estas unidades de producción son las que más exigencias de garantías se encuentran para recibir un crédito y las que pagan mayores intereses y comisiones. Y eso cuando logran su obtención, puesto que menos del 40% tienen esa oportunidad real. Así, el mercado de crédito privado es altamente ineficiente, encarece o excluye muchos proyectos productivos social y económicamente viables, y los aboca a la autofinanciación o desaparición, perjudicando al empleo y al crecimiento económico. Pero además esta discriminación negativa convive con una de positiva para la gran empresa potencializando dinámicas lógicas del libre mercado, es decir, la concentración del capital y generación creciente de la desigualdad.
Vale la pena hacer una breve referencia a los antecedentes político-históricos para entender la situación actual de los mercados de crédito y no caer en el error de que es resultado del “curso natural de las cosas”. Tal y como se explica en el trabajo Eliminando barreras: el financiamiento a las pymes en América Latina[2], la actual estructura de los sistemas financieros son resultado de las políticas de carácter neoliberal que penetraron en la región en los años noventa haciendo retroceder la participación del sector público a favor del avance de la actividad privada. De hecho, en el mismo documento se evidencia como en aquellos países donde existe una mayor presencia de la banca pública, de un banco de desarrollo y una menor concentración bancaria y presencia de capital extranjero, el acceso al crédito para las MIPYMES es más favorable. Queda claro la imperante necesidad de la presencia del sector público para modificar la correlación de fuerzas del mercado financiero que desemboca en una situación ineficiente y éticamente indeseable.
Una medida importante de política económica en esta dirección son los sistemas de garantías crediticias[3], los cuales tienen el objetivo de facilitar y abaratar el acceso al crédito, especialmente a las MIPYMES, mediante avales o fianzas, complementado con servicios de asesoramiento y seguimiento financiero y burocrático. Aunque con formas y estructuras heterogéneas, los sistemas de garantías crediticias han experimentado un importante crecimiento y desarrollo en la región en el presente siglo, financiado casi por completo por fondos públicos y teniendo buenos resultados en cuanto a la mejora en el acceso y el abaratamiento del crédito. De acuerdo al trabajo “Clasificación de los sistemas de garantías desde la experiencia latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo, el 90% de las MIPYMES que obtuvieron un crédito bajo un sistema de garantías lo hicieron con una mejora en los costes de financiación, correspondiéndose en más de la mitad de los casos con una reducción del tipo de interés superior al 3%. No obstante, estos buenos resultados siguen siendo cuantitativamente muy poco significativos en relación a la totalidad del crédito otorgado[4] y persisten las enormes dificultades y costes de acceso al crédito en general para las MIPYMES. Es necesario, por lo tanto, explicitar algunos de los elementos más importantes que deben tenerse en cuenta en la construcción y mejora de los programas de garantías crediticias.
- Un elemento de debilidad que se observa en primera instancia se corresponde con su insignificante importancia cuantitativa en relación a la totalidad de los créditos concedidos y las múltiples limitaciones en cuanto a la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos de estos programas. Como se comenta arriba, la inmensa mayoría de los fondos que financian los distintos sistemas de garantías se apoyan en los presupuestos públicos y las distintas iniciativas para captar financiamiento privado, especialmente mediante las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), no han tenido resultados significantes. Es evidente que este ámbito requiere un intenso esfuerzo, no solo en cuanto a un mayor peso en los presupuestos públicos sino en la innovación estratégica que orienten fondos existentes en la economía hacia estos programas. Un ejemplo son las reservas excedentarias que tiene el sistema bancario en los distintos países de la región que en última estancia son los ahorros de los ciudadanos y que en muchas ocasiones tienen un papel ocioso. Mediante operaciones de compra-venta de títulos con una institución financiera de carácter público, pueden obtenerse recursos que financien los distintos programas de garantías crediticias. De hecho, esto puede ampliarse al resto de los recursos que tiene el sistema bancario y que deben buscar mecanismos que incentiven su canalización hacia estos objetivos. En definitiva, no debe descartarse la entrada de recursos privados pero bajo la gestión pública de acuerdo a los objetivos de política económica y desarrollo estipulados democráticamente.
- En otra instancia, la colaboración público-privada debe reforzarse especialmente en la normalización, estandarización y simplificación de los procesos de estudio y otorgamiento de crédito bajo los programas de garantías. A parte de la insuficiencia de recursos, mayoritariamente se encuentran problemas en relación a la burocratización del proceso y a los tiempos de aprobación y pago de garantías. De hecho, existe una falta de confianza que genera una minusvaloración de las garantías financiadas con fondos públicos.
- Incluso este último abanico de debilidades se sucede también para el caso de los créditos otorgados por la banca pública o banca de desarrollo. Actualmente existe una falta de colaboración importante debido a una falta de experiencia y conocimiento sobre el sistema de garantías. Debe establecerse en la banca pública un espacio o departamento especializado, independiente de estos movimientos de personal, donde se trabaje conjuntamente con el Sistema de Garantías.
- Los sistemas de garantías deben ofrece un servicio integrado que incluya asistencia técnica y asesoramiento a la PIPYMES, entre otras herramientas. Existe actualmente insuficiencias destacables en este aspecto que limita su potencial de actuación.
- Un elemento destacable es el de las comisiones y resto de costes que la garantía del aval conlleva. El coste medio de la comisión es algo superior al 2,5% anual sobre el capital avalado y el coste de estudio ronda el 2%. Existe una cierta diferenciación de precios que depende del riesgo del plazo y del importe de la operación. Si se quiere ser coherente con los objetivos de justicia de los sistemas de garantías, debe procederse en este aspecto de forma progresiva evitando que estos costes supongan un esfuerzo excesivo para determinados beneficiarios. A modo de ejemplo, pueden bonificarse bajo ciertos criterios como la renta, el género, la edad o para inversiones iniciales.
- Por último, cabe advertir que en la actualidad el desarrollo de un sistema de garantías corre el serio riesgo de convertirse sobretodo en un producto para la banca privada que le ahorre parte del riesgo de su inversión y le libere recursos para aumentar su dinámica de acumulación en aquellos espacios que respondan a su interés pecuniario. Por este motivo, estos programas deben responder estrictamente a una política pública de planificación económica con el objetivo de un desarrollo socioeconómico sostenible para el país en particular y la región en general. Financiando así proyectos de sectores productivos y sociales que respondan a estos criterios y objetivos definidos colectivamente.
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Fotografía: Rebelión
