Por: Cecilia Vergara Mattei. 20/10/2023
Tras meses de trabajo, el Consejo Constitucional chileno elaboró un texto que modifica radicalmente la propuesta del Parlamento, ya que las enmiendas propuestas por el ultraderechista Partido Republicano (PR), con el apoyo del derechista Chile Vamos, representa un serio retroceso en los avances civilizatorios que logró el pueblo chileno.
Las enmiendas elaboradas no sólo se apartan de los límites que fijó el Parlamento, sino también rechazan casi en su totalidad el texto redactado por la Comisión Experta. No es de extrañar: el Parlamento dio la espalda al apotegma de que “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia” cuando decidió marginar al pueblo para impulsar un proceso constituyente, controlado desde la elite.
La propuesta Constitucional, que impulsan el PR y Chile Vamos, es un retroceso económico, político, social y cultural de envergadura. Lo más perverso es que los medios hegemónicos tratan de presentar el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, que rechazó por un 62% el texto constitucional original, como un cuestionamiento al derecho del pueblo para participar en el proceso constitucional.
El Poder Originario, que radica en el pueblo, fue reemplazado primero por el Parlamento, que fijó límites (“bordes”) al nuevo proceso, eligió una Comisión Experta para que redactara un borrador de propuesta, acordó la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad y, finalmente, se acordó la elección ciudadana de 50 personas para formar un Consejo Constitucional, de la misma forma que los senadores.
El analista Roberto Pizarro afirma que el nuevo proceso Constitucional se inicia con restricciones serias a la autoridad democrática del pueblo para redactar libremente el texto de la Nueva Constitución. El Poder Constituyente ha sido reemplazado por el Poder Constituido.
A pesar de algunos pequeños acuerdos alcanzados, las diferencias entre los distintos sectores políticos son muy grandes, y la posibilidad de lograr un consenso amplio en torno a la Constitución se aleja a medida que avanza el proceso, lo que decepciona a la centroizquierda y la centroderecha, quienes ven cómo, una vez más, se escapa la oportunidad de cambiar la Constitución, víctima de la intransigencia de un sector conservador, mayoritario en el organismo encargado de redactar la propuesta.
Uno de los logros de la Comisión Experta fue la aprobación de más de 200 observaciones, las cuales alcanzaron el quorum de tres quintos necesario para ser aprobadas por el Pleno, entre ellas la reposición del mecanismo de corrección de escaños por género en elecciones de diputados y senadores, para garantizar una representación equitativa y permite que los candidatos del sexo sobrerrepresentado cedan en favor de los del subrepresentado hasta alcanzar una proporción del 60/40.
Pero no todas las observaciones lograron el quorum necesario. Las propuestas de mecanismos de participación diferenciada para pueblos indígenas en el Congreso y la eliminación del redistritaje y la reducción de escaños en el Parlamento no prosperaron y siguen formando parte del texto dado el desacuerdo entre los sectores políticos.
En el capítulo de Contraloría General, se aprobó la observación que otorga al organismo la facultad de fiscalizar a los privados en el uso de fondos públicos, y se introdujo un nuevo párrafo que establece que los actos de los gobiernos regionales y locales estarán sujetos a toma de razón por parte del Contralor, lo que refuerza la supervisión de la gestión pública en todos los niveles de gobierno.
En el capítulo de «Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo», se rechazó la observación que buscaba incluir a «las comunidades» como parte de las entidades responsables de proteger el ambiente y promover la sustentabilidad. Este enfoque limita esta responsabilidad al Estado y las personas, lo que refleja una división en la visión sobre el papel de la sociedad en la protección ambiental.
En el capítulo de «Procedimientos de Cambio Constitucional», se aprobó la observación que suprime el mecanismo de reemplazo constitucional, lo que significa que el texto propuesto no incluirá un proceso para una nueva Constitución posterior.
El próximo paso será la consolidación de las observaciones aprobadas en un informe que se remitirá a la Mesa Directiva del Consejo Constitucional. Luego, las observaciones serán discutidas y votadas por los consejeros a partir del 16 de octubre. Para ser aprobadas, deben contar con el apoyo de tres quintos de los miembros en ejercicio, lo que equivale a 30 votos.
En caso de no alcanzar este quorum, ni ser rechazadas por dos tercios de los miembros (33 votos), las observaciones pasarán a una Comisión Mixta para un análisis adicional.
La derecha va por todo
En el plano político institucional y sin fundamentos, el Partido Republicano propone reducir el número de parlamentarios desde 155 a 132 escaños, además de la supresión de la iniciativa popular para derogar leyes, la elevación del quorum a 2/3 para reformas constitucionales y la mantención del control preventivo del Tribunal Constitucional.
Es la defensa del patriarcado y, al mismo tiempo, la instalación de una muralla contra los ciudadanos que desean defender sus derechos y proponer iniciativas de ley.
Además, los “republicanos” sostienen que la seguridad social debe garantizar la libertad de elegir el administrador, ya sea privado o público. Es una protección a las aseguradoras privadas. En salud, reponen la cláusula de libertad de elección para que la cotización obligatoria sea administrada por entidades privadas; y, rechazan el aborto en cualquier condición.
En educación, explicitan que los padres sean los titulares del derecho a escoger la educación de sus hijos. A ello agregan que deben prohibirse las huelgas en los servicios educativos. Es el rechazo a un Estado Social de derechos y la continuidad de la ineficiente y corrupta subsidiaridad.
En el plano sindical proponen limitar el derecho a huelga y por cierto excluyen de ese derecho al sector público. Con ello intentan fortalecer aún más el poder empresarial y mantener a los trabajadores sin capacidad de negociación.
En el ámbito internacional, proponen que la Constitución se encuentre por sobre los tratados internacionales y, en consecuencia, no es posible delegar soberanía, lo que es propio a todo tratado. Obviamente, esto vulnera gravemente el derecho internacional, especialmente en derechos humanos.
Además, los “republicanos” incorporan dos capítulos especiales, para ser incluidos en la Constitución. Uno, para las Fuerzas Armadas y otro sobre Seguridad. Lo que intentan con ello es independizar a las instituciones armadas del poder civil, cuestión inaceptable en un régimen democrático.
Roberto Pizarro recuerda que Luis Silva, líder del grupo del PR y numerario del Opus Dei, había advertido el camino intransigente que seguiría su partido político, en entrevista con el Diario Financiero: «…cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, ¿por qué cresta siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros…Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría».
Si bien las propuestas de “republicanos” son inaceptables para cualquier partido democrático, la derechista Chile Vamos ya ha respaldado gran parte de ellas, aunque sus miembros fueron parte de la redacción del texto de la Comisión de Expertos. El pacto entre las dos derechas comienza a convertirse en realidad, bajo la hegemonía del PR.
Fernando Atria sostiene que se trata de una Constitución que en realidad contiene el programa del Partido Republicano porque: “disminuye la capacidad del sistema político de representar con una regla adecuada el número de diputados. Menciona las palabras “Estado social”, pero lo niega. Por lo demás, los republicanos siempre han dicho que no creen en él. Y eso se manifiesta en que esta propuesta niega los derechos sociales y los entiende como protecciones del mercado.”
El humanista Tomas Hirsch, por su parte, afirma que “la estructura final fortalece y profundiza el modelo neoliberal que ha imperado en nuestro país hace años, y que fortalece una concepción de sociedad que es conservadora”. En efecto, se retrocede en derechos de la mujer; se rechaza la posibilidad de mejorar la calidad de vida en los municipios más pobres cuando se les quita del fondo común municipal las contribuciones; se consolida la privatización de la salud, previsión y la educación.
Se intenta cerrar puertas a que nuevas fuerzas políticas puedan entrar al Parlamento por la vía de colocar un piso inalcanzable para cualquier partido nuevo; y se deja fuera la paridad de salida tan necesaria para que las mujeres tengan igual participación y presencia en los órganos legislativos.
Pizarro advierte que en los meses que vienen la ciudadanía tendrá que ser debidamente informada respecto a que está en gestación una Constitución pinochetista 2.0, que significará pérdida de derechos fundamentales del pueblo.
*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Sur y sur
