Por: María Luisa Gómez Comi. 26/03/2021
Cada mes de marzo desde aquel fatídico 2 de marzo de 2016 se conmemora la vida y la lucha de la galardonada lideresa lenca Berta Cáceres, quien fue asesinada en su casa de La Esperanza, Intibucá, Honduras. A cinco años de su siembra, los autores intelectuales responsables de la planificación y ejecución de este crimen continúan impunes.
Como todas las activistas ambientales hondureñas, Berta era consciente de que su vida estaba gravemente amenazada a consecuencia de su labor. En 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para articular la defensa del medio ambiente y el territorio lenca frente al avance de las políticas extractivistas en el país, y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas que habitan la región sur-occidental hondureña.
Mesoamérica es una región de alto riesgo para ejercer el derecho a defender derechos humanos. Honduras, en particular, como han podido comprobar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha posicionado en los últimos años como uno de los países más letales del mundo para quienes defienden el ambiente, la tierra y el territorio. De acuerdo con datos de Global Witness, entre marzo de 2016 y marzo 2020, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas en este país. Aunado a ello, como señaló Micheel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el 97 % de estos crímenes se mantiene en la impunidad.
Como ejemplifica el caso de Berta Cáceres, se ha demostrado que estos y otros ataques se dan como represalia a la labor de las personas defensoras. Ello, debido a que se enfrentan a los poderes e intereses detrás de las políticas extractivistas en el país, que priorizan la instalación de proyectos de explotación minera, maderera, hidroeléctrica y de la agroindustria sobre los derechos de la población y, en particular, de los pueblos indígenas. Para dimensionar la gravedad de la situación, en los últimos años se han aprobado más de 48 proyectos de grandes represas hidroeléctricas en tierras ancestrales indígenas en la región, sin cumplir con los estándares de consulta previa libre e informada.
Además, en este contexto, es importante señalar que las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos diferenciados ante la continuidad de la discriminación y violencia de género, sin que los Estados asuman medidas específicas para su protección. Ante ello, resulta fundamental incorporar un enfoque de género e interseccional para abordar casos de mujeres defensoras de derechos humanos con el fin de “dar respuesta a las necesidades particulares de las mujeres que defienden derechos humanos, y para superar los obstáculos que impiden su acceso real y efectivo a dicha protección”.
La inacción estatal y el continuum de violencia
Frente a este grave contexto, la conmemoración del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, nos obliga a reconocer que su caso da cuenta del nivel de riesgo y vulnerabilidad diferenciado que enfrentan las mujeres indígenas que defienden el territorio y el medio ambiente en Honduras.
Recordamos que, durante años, la ambientalista denunció públicamente las amenazas de muerte que recibía, los hostigamientos y ataques de los que era objeto, las campañas de estigmatización en su contra, muchas impulsadas por funcionarios estatales. Incluso fue injustamente criminalizada como represalia por su defensa del río Gualcarque, amenazado ante el otorgamiento ilegal e inconsulto de una concesión administrativa a la empresa Desarrollos Energéticos S. A (DESA) para establecer el Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca en territorio lenca.
Tal era la intensidad y gravedad del riesgo al que estaba expuesta que, en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, requiriendo expresamente al Estado que tomara medidas específicas para protegerla. Sin embargo, Honduras no fue capaz de garantizar la protección reforzada que requería Berta, como mujer indígena defensora de derechos humanos y como beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH.
Los Estados tienen una serie de obligaciones que emanan de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que hacen parte, cuya inobservancia puede llegar a generar su responsabilidad internacional. Asimismo, la Corte IDH ha reiterado que los Estados tienen ciertos deberes reforzados hacia las personas defensoras de derechos humanos. Entre otros, tomar todas las medidas posibles para garantizar su protección; la promoción de una cultura de legitimación y protección de su labor; la creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente las necesidades de protección de cada defensor o grupo; el diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y defensora y a las características de su trabajo; y la dotación de los recursos humanos y financieros suficientes que responda a sus necesidades reales de protección.
Honduras tenía la obligación de tomar todas las medidas razonables a su alcance para prevenir los ataques en contra de Berta Cáceres. Además, tenía la obligación reforzada de haberlos investigado con la debida diligencia, cosa que nunca ocurrió. Tales omisiones son graves, pues los órganos interamericanos han reiterado que una investigación diligente y oportuna es fundamental para desactivar el origen del riesgo al que están expuestas las y los defensores de derechos humanos.
Por estas razones, como señaló el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), podemos afirmar que el asesinato de Berta no fue un hecho aislado, sino la cristalización del continuum de violencia al que estuvo expuesta la defensora durante años, en el marco de un contexto general de riesgo e impunidad para las y los defensores ambientalistas en Honduras. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelt ha expresado su preocupación por que esta situación de riesgo prevalece aun hoy en día.
La muerte de Berta debió haber sido una trágica llamada de atención al Estado hondureño para que, de una vez por todas, tomara medidas efectivas que permitieran eliminar el riesgo al que están expuestas las y los ambientalistas. Y en este sentido, para que cumpliera con sus deudas pendientes ante la Corte IDH generando una política pública integral capaz de proteger adecuadamente a las personas defensoras, y emitiendo un protocolo para la debida diligencia en la investigación de los delitos cometidos en su contra.
A cinco años de su asesinato, la comunidad internacional sigue preocupada por el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados. Ello, a pesar de que la sentencia que condenó a siete personas por su autoría material en el crimen, reconoció que este fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Actualmente solo se sigue un proceso penal en contra del exgerente de la empresa, Roberto David Castillo, el cual ha estado plagado de múltiples irregularidades que atentan contra los derechos del COPINH y la familia Cáceres, tales como el impulso de continuas estrategias dilatorias por parte de la defensa, la falta de publicidad de las audiencias, e incluso la expulsión injustificada de las hijas e hijo de Berta de las salas de Zoom desde las que seguían el proceso.
No solo es tiempo ya, como diría Berta, sino que ya resulta inaplazable que el Gobierno de Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice que el COPINH y la familia de Berta puedan cosechar la justicia integral por la que llevan luchando incansablemente todos estos años, asegurando por fin una adecuada protección para las mujeres indígenas que reivindican los derechos de sus pueblos y sus tierras ancestrales. Con su muerte, Berta sembró rebeldías. Cosechemos ya la justicia que merece
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Fotografía: Sin permiso
