Por: El Grito del Sur. 01/08/2020
Un informe elaborado por el Observatorio Gente en Movimiento advirtió que la mitad de las familias que envían a sus hijes a colegios privados no se encuentra en condiciones de abonar la próxima cuota y 3 de cada 10 está considerando en pasarse a las escuelas de gestión estatal. Madres, docentes e investigadoras opinan sobre las posibles implicancias de estos indicadores en un sistema educativo ya colapsado.
El Observatorio Gente en Movimiento difundió en su último informe detallado sobre la calidad de vida durante la crisis del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires las dificultades que atraviesan las familias que envían a sus hijes a colegios de gestión privada: el 50 por ciento manifestó que no se encuentra en condiciones de abonar la próxima cuota; el 31 por ciento evalúa la posibilidad de hacer el pase a una escuela de gestión estatal; y el 34 por ciento piensa en buscar una escuela más económica. En caso de confirmarse estos números, y en especial una fuerte migración de la matrícula privada a la estatal, estaríamos hablando de un total de 93.310 vacantes que buscarían un lugar en el sistema público, del que todos los años quedan excluidos entre 10 y 20 mil niños, niñas y adolescentes. En ese marco, El Grito del Sur conversó con madres, docentes e investigadoras especializadas en educación acerca de las consecuencias sociales de lo expuesto en el informe.
«El desplazamiento de la escuela privada a la escuela pública por falta de trabajo o por no poder pagar las cuotas es un fenómeno que sucede en las crisis y el gobierno de Larreta ya tendría que estar previendo la ampliación de los edificios escolares y la construcción de nuevos edificios, porque sino no va a poder cumplir con la demanda del derecho a la educación de vastos sectores de la sociedad», advierte Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). En este sentido destaca también que el problema de la falta de vacantes no es algo nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que, por el contrario, es una problemática de «larga data» que afecta principalmente al nivel inicial, a las escuelas primarias de jornada completa en la zona sur y también a las escuelas secundarias, ya que al dividirse por especialidades la matrícula no siempre llega a cubrir la demanda de vacantes.
Ana Miranda es investigadora del CONICET especializada en Educación y, en diálogo con este medio, opina: «Éste es un proceso que tendremos que ver más adelante, porque no tenemos ninguna seguridad aún de cómo va a evolucionar la pandemia. Habría que ver efectivamente qué sucede con la reapertura de los colegios, por ejemplo». «Hoy en día tenemos mucha incertidumbre para poder pensar esta situación, pero seguramente demandará un gran esfuerzo público», agrega. En este sentido, refuerza la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad para solucionar las distintas problemáticas, ya que «al menos en lo que se observa en las demandas de padres y madres que llevan a sus hijos a la educación pública, existe todavía un pedido de que las autoridades educativas tengan mayor presencia».
Desde el colectivo Vacantes para tod@s en la Escuela Pública vienen relevando la magnitud de esta problemática desde hace varios años y ya llevan presentados más de 700 amparos judiciales para garantizar la vacante de niños, niñas y adolescentes en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Pines, una de las fundadoras e integrantes del espacio, acusa a la administración porteña de tener «una política de vaciamiento y privatización» y asegura que «lo más alarmante es que la política en estos años ha sido la de cierre de salas, grados, cursos y escuelas enteras -acumulando un total de 200 cursos cerrados-«. «En ningún momento fue preocupante para ellos que haya pibes y pibas que se quedan afuera, sino que siguieron achicando la matrícula en la escuela pública», denuncia.
En esa misma línea, Angélica Graciano plantea que «va a haber una situación sumamente crítica e incontrolable» que parte de un diagnóstico anterior relacionado con el crecimiento de las problemáticas educativas en el contexto de aislamiento, donde «el derecho a la educación del 50 por ciento de los chicos está siendo gravemente lesionado». «En momentos críticos como éste se revela lo que tapa habitualmente el marketing político y todo el dinero que se pone en los medios de comunicación hegemónicos», sentencia la titular de la UTE.
«La expulsión hacia la privada de las familias de clase media durante los ’90 fue parte de un ciclo privatizador y desigualador muy extendido y socialmente legitimado -por más que hubo resistencias-, cuyas consecuencias se ven en el estado de las escuelas públicas hoy», añade Valeria, del colectivo Familias x la Escuela Pública, y explica: «Si la clase media se «apropia» del sistema educativo, mete mucha más presión hacia la política educativa, sobre todo en una ciudad como CABA. Entonces, que «vuelvan» puede ser bueno porque va a permitir visibilizar lo que venimos diciendo los colectivos: no hay vacantes, no hay inversión en infraestructura, no hay suficiente formación docente, etc.».
Sin embargo, la dificultad que manifiestan las familias para pagar la cuota de las escuelas de gestión privada implica también una consecuencia a futuro para muchas instituciones que contarán con menos recursos para el regreso a las clases presenciales. En función de esto, desde Vacantes para tod@s en la Escuela Pública consideran que «los edificios deberían ser expropiados o comprados por el Estado y puestos a funcionar como escuelas estatales». A esto se le suma, además, el reclamo por la derogación del Decreto 330, que habilita el cierre de grados y cursos, el pase de los Centros de Primera Infancia a la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad -actualmente dependen de Desarrollo Social- y el pedido urgente de un aumento presupuestario que contemple un plan de obras para la construcción de nuevas escuelas con vistas a ampliar la matrícula disponible en la Ciudad de Buenos Aires. «Nos preocupa la subejecución del presupuesto y que no haya un plan integral de creación de escuelas que contemple a la cantidad de pibes que están quedando afuera y que van a quedar afuera. Por cada escuela que existe, hay una escuela más en lista de espera», comenta Pines.
Hace algunos años, el cálculo que hacían desde este colectivo de padres y madres marcaba la necesidad de que se construyeran 80 escuelas nuevas para cubrir la demanda de vacantes. Antes de la pandemia, este dato se había actualizado y ascendía a unas 150 escuelas, cifra que deberá revisarse si se confirma el pase de una porción de la matrícula de los colegios privados a los públicos.
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Fotografía: El Grito del Sur.
