Por: JOSÉ ADRIANO ANAYA. 13/01/2024
La ola de violencia y ejecuciones que se ha presentado en las últimas semanas en Tuxtla y San Cristóbal no se había vivido en Chiapas, a tal grado que delincuencia organizada levantó a cuatro personas en la principal avenida de Tuxtla y luego una de ellas apareció decapitado y se ignora el paradero de las otras personas,o la ejecución en el estacionamiento del walmart de un mando de la policía municipal en Tuxtla Gutiérrez,o la ejecución de un presunto líder de Los Motonetos en San Cristóbal, así como de un empresario del ámbar y luego la ejecución de una pareja en su casa dueño de una radio cristiana, todo esto en una total impunidad, son una clara muestra de que el Estado no viene funcionando. Pero esta violencia que sucede en Tuxtla, en San Cristóbal o Frontera Comalapa no son hechos aislado, ya que la violencia está presente en Aldama y Chenalhó, en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Pantelhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, en Simojovel, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir los enfrentamientos y la violencia, y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.
La peor que está sucediendo en Chiapas, es la indiferencia del gobernante que considera que los conflictos en la entidad siempre han existido y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina la despreocupación del gobernador hacia esa violencia y los enfrentamientos que ocasiona que son recurrentes en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventivas y garantizar el derecho a la vida o bien por la inoperatividad del gobierno, por lo que resulta improcedente la indiferencia que muestra el gobernador a este caos que amenaza generalizarse.
En concreto, los crímenes sucedidos en las últimas semanas son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones, o por no realizar una investigación con la debida diligencia que conduzca al castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos sucesos.
Está claro que la gobernabilidad de Chiapas no es preocupación del Estado, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violación a derechos y libertades en la entidad. Lo lamentable, es que los funcionarios en Chiapas no entienden ni perciben la magnitud de los problemas, y se terminan tomando decisiones que resultan contraproducentes, como bien puede ser el uso selectivo de la represión policíaca a grupos que protestan y deciden tomar las casetas de pago o cerrar las carreteras, debido a que la violencia policial no resuelve los problemas y sí, en muchos casos, los termina agudizando, como sucedió con la detención de estudiantes normalistas hace algunas semanas, que provocó, en días previos al informe del gobernador disturbios y enfrentamientos en el centro de Tuxtla,por la demanda de la liberación de los detenidos; en el que se observa un trato diferenciado entre grupos que protestan por asuntos políticos y grupos que actúan como parte de la delincuencia organizada, en la que a estos últimos no se les molesta y menos se les persigue.
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Fotografía: Diario contra poder en Chiapas
