Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza. Columna: Cortocircuito. 28/05/2022
A propósito del aumento salarial al magisterio anunciado hace más de una semana, decíamos que la retórica gubernamental presentó como una gran dádiva justiciera lo que en realidad es la misma política neoliberal que se ha seguido desde hace ya mucho tiempo; por ello, afirmar que es un acto de justicia a los que perciben menos ingresos, es una mentira, un burdo engaño. Pero el multi comentado anuncio no solo oculta la depreciación del salario real, también exhibe los efectos subjetivos de las reformas neoliberales en un amplio sector magisterial que hizo eco de esa retórica, expresándose ya sea a favor o en contra, pero al fin y al cabo, comprando el cuento del acto justiciero.
Lo que oculta
Cuando al día siguiente del acto oficial, el secretario de Hacienda informó sobre los detalles del aumento escalonado, dijo que alrededor de 49 mil docentes con una percepción neta de 8 mil 723 pesos, ganarán 14 mil 319 pesos (Aumento salarial, es un acto de justicia). Lo que omitió fue aclarar que ese aumento resarcirá, si acaso, el 50% de la pérdida del poder adquisitivo debido a la pandemia y la guerra, entre otros factores. Apenas quince días atrás, el mismo funcionario informó que como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), para evitar que la inflación siga afectando a personas con escasos recursos, 25 de los 40 productos incluidos en la canasta básica, mantendrían un precio máximo durante seis meses ( Paquete Contra la Inflación y la Carestía: Estas son las propuestas del plan de AMLO). Ojo, apenas poco más de la mitad de productos de una canasta básica, básica.
Comunicados recientes de la sección 9 y 7 de la CNTE coinciden en señalar que el gobierno, más que una mejora hacia arriba, lo que promueve es una homologación salarial hacia abajo, considerando que a la mayor parte de los docentes de educación básica, específicamente preescolar y primaria, se encuentran en el segmento de salarios menores a catorce mil pesos mensuales (Exige la sección 7 del SNTE incremento de 100% a salarios). Pero no nos crean, tampoco a la CNTE; cada cual puede hacer un simple ejercicio comparativo del índice inflacionario con los ingresos netos percibidos, verán que las cuentas nada más no cuadran, el incremento salarial nominal está muy por debajo de la inflación, es decir, no alcanza a cubrir el efecto inflacionario reciente, mucho menos la depreciación acumulada históricamente,
Y ya que andamos en temas económicos, un paréntesis: en lugar de educación financiera para aprender a administrar la pobreza, estaría muy bien recibir educación económica para entender las desigualdades salariales y no caer en el garlito gubernamental de la justicia social.
Regresando al tema de la depreciación histórica del ingreso real, en el caso del magisterio, ésta data de cuarenta años atrás, período que coincide también con todas las reformas habidas desde entonces, acompañadas unas más que otras, de esquemas de estímulos económicos por un lado (LOS ESPEJISMOS DEL AUMENTO SALARIAL AL MAGISTERIO), con sus respectivos efectos en la segmentación salarial, evaluaciones que premian los méritos individuales y formas de contratación individuales, desligadas de contratos colectivos, productoras de relaciones laborales inestables.
Lo que exhibe
Horas después de que la maestra Delfina anunciara que se destinarían 25 millones de pesos -luego supimos que fue un error de lectura y en realidad son 25 mil- para otorgar el aumento a más de un millón de docentes, en redes sociales se desató una discusión que se extendió por varios días.
El detonante, al menos en las páginas con un número considerable de seguidores, fueron comentarios de los propios administradores que, sin disponer aún de detalles sobre la aplicación de la medida, se lanzaron alegremente a celebrar el anuncio como un acto de justicia, haciendo eco del discurso gubernamental.
¿Qué exhiben estos intercambios?, ¿cuál es su significado político? Varias cuestiones, anotaremos aquí tan solo tres: el imperio de la opinión sin información, una compulsión tan común en las redes, a la que maestras y maestros no escapan; la pobreza de la problematización que examina el tema salarial no como un derecho por el que hay que luchar sino como una compensación, o peor, una dádiva gubernamental; la interiorización de la meritocracia como criterio profesional para juzgar a otros y valorarse a sí mismos.
El primer punto es, por decir lo menos, preocupante. ¿Por qué? Pues porque las maestras y maestros que se dedican a enseñar a otros para que aprendan a pensar críticamente, se involucran en una discusión pública sobre un asunto que les afecta directamente, sin disponer de información más allá de lo anunciado oficialmente.
Respecto al segundo punto, el desplazamiento de significantes como derecho y lucha para referirse al tema salarial, no hace sino reafirmar la narrativa gubernamental del “gran esfuerzo” para conceder una dádiva, con recursos que no proceden del bolsillo de los gobernantes sino de todos los ciudadanos.
Muy pocos docentes -y cuando decimos pocos, nos referimos a dos o tres-, incorporan en la conversación la pérdida del poder adquisitivo, la inflación que afecta a todxs por igual. Son unos cuantos los que consideran injusto el aumento no en relación consigo mismos, sino en términos laborales, recordando que los incrementos salariales son un derecho que se ha ganado como resultado de las luchas magisteriales hoy silenciadas. En esos intercambios, nadie hace eco de estos planteamientos.
Respecto al tercero, lo que vemos en redes sociales es el predominio de una amplia corriente de opinión magisterial defensora del esfuerzo individual; los sacrificios, desvelos, capacitaciones, dinero invertido en cursos y materiales; estos son los referentes desde los que se condena el aumento diferenciado como injusto, la crítica no está dirigida hacia quien toma la medida, sino hacia los propios integrantes del gremio. No es que haya una idea mal entendida del mérito, es que ésta es la idea interiorizada, asimilada, asumida, completamente funcional al mantenimiento del actual estado de cosas: trabajo precario y sobre explotado.
Así es como la 4T ha gestionado las resistencias; ese modelo de opresor-amigo cada vez más refinado, además de útil para gobernar al magisterio sin mayores sobresaltos, oculta el hecho de que es el propio sistema el que desde hace tiempo se ha encargado de acentuar las diferencias, es selectivo, etiqueta, identifica idóneos y no idóneos, se vale de eufemismos como apreciación para hablar de lo que aquí y en China es un examen estandarizado, autoadministrado del que depende el 30% del puntaje total para aprobar que al final, no garantiza la obtención de un puesto de trabajo.
En el propio sistema educativo se han instalado, ampliado y profundizado diversos medios de clasificación, etiquetaje y control del magisterio. Ahí está la evaluación docente, las estructuras ocupacionales, la contratación de asesores sin derechos, las relaciones laborales diferenciadas, la retención infame de salarios devengados.
