Por: Thais Iervolino. 27/04/2022
Tras la presentación del Informe País 2021, hecho por el gobierno argentino sobre los indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación presenta una serie de recomendaciones para que el derecho a la educación a todas y todos sea garantizado en el país.
Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
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Fotografía: Redclade
