Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal. Columna: Cortocircuitos. 04/12/2021
En mayo de 2019 la SEP anunció como un proyecto prioritario para contribuir al bienestar social y la igualdad, la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez en municipios de alta y muy alta marginación. Mediante dicho programa se brindarían servicios de educación superior gratuitos y de calidad a jóvenes con bachillerato terminado que carecen de posibilidades para ingresar a las instituciones de educación superior actualmente existentes.
Se anunció también que ninguna actividad académica tendría costo para los estudiantes, por el contrario, se les dotaría de los materiales de estudio necesarios, contarían con horarios de uso de computadoras y facilidades para la realización de prácticas comunitarias y profesionales en campo. No habría examen de admisión, sino una valoración diagnóstica de los aspirantes. Todos quienes fuesen admitidos recibirían una beca de $2,400 pesos mensuales.
Dijo también que durante el primer año se pretendía incorporar hasta a 96,000 estudiantes a este sistema. La meta final de tan ambicioso programa es incorporar a un total de 300,000 estudiantes a la educación de nivel superior, misma que se pretende cumplir a lo largo de los seis años del actual gobierno.
Para cumplir este cometido, el gobierno de la 4T propuso crear sedes en por lo menos 100 de los municipios más marginados del país, y cuya población fluctuara entre los 15 mil a 45 mil habitantes. A la fecha, la página oficial de las UBBJ reporta que ya son 145 las sedes en operación, un número superior al proyectado originalmente.
Según se lee en la página oficial, esta opción se creó pensando en que los estudiantes no tuvieran que salir de sus comunidades para desplazarse a las grandes ciudades a cursar una carrera profesional. Actualmente, se ofrecen diversas licenciaturas que corresponden a seis áreas de conocimiento, a saber: Salud, Procesos Agroalimentarios, Desarrollo Regional Sustentable, Estudios Sociales, Patrimonio Histórico y Biocultural y Energía.
En marzo de este año, dice la información oficial publicada en la página web, 36 carreras universitarias distribuidas en 145 sedes educativas en 31 estados de la república mexicana, obtuvieron el registro oficial ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Este año se han incorporado 28087 estudiantes y 992 docentes.
Combatir la exclusión de personas que no han podido ingresar a una carrera universitaria por no contar con las condiciones económicas o familiares para cubrir el costo de asistir a una universidad privada, es la idea fuerza del programa (PROYECTO PRIORITARIO. Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García)
En efecto, a los estudiantes no se les cobra inscripción, no tienen que pagar por ningún trámite, los jóvenes reciben las becas tal como fue prometido desde el inicio. ¿Qué puede salir mal si el fin último es el bienestar de los más desprotegidos y lo único que se pretende es hacer el bien?
A tres años de distancia, esa visión idílica de una educación superior gratuita y de calidad, comienza a hacer agua. Por más que la parte oficial intenta ocultar los problemas, las UBBJ nacieron y caminan marcadas por el conflicto, las tensiones y reclamos de todos los involucrados que poco a poco, han ido descubriendo los engaños. Veamos por qué.
Lo (poco) que se sabe
En febrero de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción (sí, los más neoliberales entre los neoliberales, pensarán muchos lectores), presentó resultados de un ejercicio de evaluación a las UBBJG, cuyo objetivo fue evaluar la calidad de los servicios educativos e identificar alternativas para mejorar su alcance y posible impacto (Universidades Benito Juárez en el limbo). Se visitaron 30 sedes ya en funcionamiento para realizar una exploración en campo.
Entre las conclusiones destaca la priorización del incremento en cobertura, descuidando la calidad de los servicios ofrecidos; el modelo de expansión de la cobertura mediante la construcción de nuevos planteles, es altamente costoso e ineficiente; el Programa tiene carencias en aspectos mínimos del diseño de una intervención social como son lineamientos operativos que indiquen claramente las características del diseño de espacios; coincide con CONEVAL en la falta de información pública e insuficiencia de recursos para garantizar la prestación de servicios de calidad prometidos en el programa; las sedes no cumplen con los requisitos para obtener el Registro de Validez Oficial (RVOE). El informe completo puede consultarse aquí: https://bit.ly/2UxikEE
Posteriormente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desempeño Social (CONEVAL), presentó públicamente los resultados de la Evaluación de Diseño con trabajo de campo del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2019-2020. Diversos medios destacaron irregularidades como la discrepancia en los datos, poca claridad en los criterios de designación de recursos y la falta de validación de programas escolares (Coneval ‘ventila’ fallas en el programa de 100 Universidades de AMLO).
En el comunicado número 20 fechado el 3 de agosto de 2020, CONEVAL señala lo siguiente: “La evaluación final del programa es resultado de un análisis de gabinete, dado que no hubo condiciones para llevar a cabo el trabajo de campo” (Avances y retos del programa UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ). Las recomendaciones que se desprenden de este ejercicio son:
a). Analizar la posibilidad de considerar un objetivo de mayor alcance que dé cuenta de la eficiencia del programa, tales como la permanencia y la eficiencia terminal de las y los estudiantes inscritos.
b). Repensar el programa como un subsistema educativo que proporciona una institución – Organismo Coordinador de las UBBJG- que, a su vez, forma parte del Sistema Educativo Nacional. Por ello se propone fortalecer la colaboración con otras universidades, principalmente, aquellas que se ubican en las zonas donde operan las sedes ya creadas.
c). Dotar a los planteles de las herramientas necesarias para desarrollar uno de los elementos medulares del modelo educativo: la práctica. De ahí la necesidad de garantizar el acceso a laboratorios, programas de cómputo especializados, entre otros que coadyuven al alcance de este objetivo.
d). Generar sinergias con instituciones especializadas en la materia, como son los institutos de infraestructura física educativa de las entidades federativas, a fin de contar con la asesoría técnica necesaria para desarrollar proyectos de construcción, de acuerdo con las características de las localidades donde se ubican las sedes del programa.
e.) Documentar y sistematizar la información sobre la implementación de programa, contar con manuales de procedimiento, guías u otros referentes normativos que orienten el desarrollo de los diferentes procesos de infraestructura y del modelo educativo.
f). Publicar periódicamente un padrón de beneficiarios que contenga información desagregada, por ejemplo, alumnos registrados en la plataforma, alumnos inscritos y egresados, cuando exista este dato.
g). Realizar una revisión de las poblaciones del programa para actualizarlas y homologarlas en todos los documentos institucionales.
El boletín concluye reiterando el interés del CONEVAL en “desarrollar la evaluación del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en los mismos términos en los que se hizo para los otros 16 programas evaluados. Lo anterior con la finalidad de mantener un diálogo que ayude a mejorar”. Al final agrega la siguiente liga para quien se interese en consultar el informe completo: https://bit.ly/2VIWopI.
En el informe extenso, capítulo V. Opinión del programa y acciones de mejora (p. 102), se incorpora íntegramente un texto, suponemos que redactado por la titular del sistema, cuestionando el esquema de evaluación y justificando la falta de condiciones señalada por CONEVAL: “Lamentamos no haber tenido la posibilidad de reunirnos con el equipo de evaluación en ninguna oportunidad para aportarles mayores elementos, así como que no hubiéramos estado en condiciones de entregarles la información detallada, medible y comparable que hubieran esperado sobre las localidades en que se han instalado las sedes…”
Al considerar que esas evaluaciones utilizan modelos impuestos por organismos internacionales de corte neoliberal, Raquel Sosa, titular del Organismo Coordinador (OCUBBJG), pasa por alto las atribuciones que la Ley Federal de Desarrollo Social le otorga al CONEVAL en materia de evaluación de programas sociales, así como también las obligaciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuyo objeto es reglamentar la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. El simple hecho de recibir recursos públicos obliga a colaborar en la realización de estas evaluaciones, a fin de justificar la asignación presupuestal. Con mayor razón cuando se trata de un programa prioritario del gobierno federal que no ha sufrido recortes mayores, a diferencia de otros[1].
Disparidades y promesas incumplidas
En otro Corto (La sargenta Raquel Sosa. Vida, obra y milagros de otra neoliberal de la 4T) escribimos que todos los caminos de los conflictos en las UBBJ llevan a Raquel Sosa. Como dijimos antes, las UBBJ nacieron y crecieron en medio de reclamos principalmente de los docentes, aunque no exclusivamente. El despido ha sido uno de los motivos principales, pero también la disminución del salario, la sobrecarga de actividades, la ausencia de seguridad social y de derechos laborales, entre otros.
El artículo 13 del decreto de creación, publicado en el DOF el 30 de julio de 2019, indica claramente que: “Las relaciones de trabajo entre el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y sus trabajadores, se regirán por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” (DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.)
Si esta disposición se cumpliera, los trabajadores académicos y administrativos deberían contar con contratos individuales y prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, norma reglamentaria del Apartado A del artículo 123 constitucional. En lugar de eso, los docentes firman convenios individuales de prestación de servicios profesionales cuya vigencia es de tres meses.
“Nosotros no tenemos ningún contrato laboral, siempre hemos trabajado con unos convenios que los tenemos que firmar a fuerza, si no los firmamos no nos pagan y esos convenios tienen varias cláusulas, hay una en especial que dice que nosotros no tenemos ningún derecho a prestaciones y que nosotros tenemos que llevar nuestros propios materiales, que ellos no nos apoyan con nada, salvo con lo que nos pagan” (Profesores denuncian despidos masivos en las UBBJ). La respuesta de la titular del organismo ha sido: no hay despidos, sino renovación de convenios de profesores.
Según la convocatoria aún abierta publicada en la página oficial, los requisitos para “aspirantes a docentes” (sic) está dirigida a profesionistas interesados en participar en un proceso de inducción y selección. Los requisitos a cubrir son:
• Título de licenciatura y cédula expedido hace por lo menos cinco años en el
área de conocimiento para la que se postula.
• Experiencia profesional de al menos tres años en docencia, investigación o
trabajo en campo en la carrera en la que se aspire a colaborar.
• Presentar los siguientes documentos: currículo, título, cédula profesional, Registro Federal de Causantes, CURP y comprobante de residencia.
• Disponibilidad para cambiar de residencia y presentarse de inmediato a la sede del Programa a la que se le asigne
Una vez registrados en la plataforma, el Comité Evaluador -no se precisa quién lo integra-, encargado de analizar la información presentada por los interesados, envía una copia del Estatuto Académico del Organismo, así como el Plan de Estudios del área académica correspondiente a la formación de cada participante. Posteriormente se asigna fecha y hora para presentarse al proceso de inducción y selección. Finalmente se realiza una entrevista personal.
Al final de la convocatoria se advierte claramente que la Dirección General de las UBBJG (o sea, Raquel Sosa), se reserva el derecho de selección de docentes conforme a la formación profesional y número de docentes que se requiera en cada área académica (https://framework-gb.cdn.gob.mx/applications/ubbj/convocatorias/ConvocatoriaAspirantesDocentes.pdf).
A juzgar por los reclamos reiterados de docentes de diferentes sedes, parece que también se reserva el derecho a no pagar por varios meses lo trabajado, a quién se les reduce el salario, quién es despedido o qué docentes tendrán oportunidad de continuar con un trabajo precario y mal pagado, quizá dependiendo del grado de lealtad mostrado, lo que significa trabajar sin reclamar ni exigir. En los testimonios publicados por la prensa, abundan testimonios en este sentido (Docentes de la UBBJ presentan manifiesto y claman a la Federación por solución a la crisis en la UBBJ)
Y mientras los docentes laboran sin seguridad alguna y están expuestos a los designios de la autoridad, la titular del Organismo percibe puntualmente un sueldo mensual bruto como servidora pública de $136,158.00, quedando como sueldo neto estimado, la cantidad de $94,629.81 (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/nomina-APF) .
Ante este panorama, las UBBJ parecen más bien el programa de las tres mentiras: ni universidades, ni bienestar, ni sistema.
Para seguirle la pista al tema y continuar reflexionando sobre el programa educativo estrella de la cuarta transformación, dejamos aquí anotados algunos cuestionamientos. ¿Cuáles son los alcances sociales, políticos y educativos de un programa como el de las UBBJG? ¿El diseño institucional del programa responde a lo que pretende el gobierno de la 4t? ¿La esperanza de la población por un tipo de educación diferente es suficiente para soportar las arbitrariedades y abusos de autoridad cometidos contra docentes de la UBJJG? ¿Qué afectaciones pedagógicas han tenido los estudiantes ante la falta de docentes? ¿Dónde trabajarán cuando egresen?
[1] En febrero de 2020, con información obtenida mediante una solicitud de transparencia 0001100461219 al INAI, Expansión dio a conocer que el presupuesto aprobado fue de 1,000 millones de pesos; de paso documentó que las Universidades del Bienestar solo habían gastado 5% de su presupuesto en 2019. Para el siguiente año disminuyó ligeramente, pasando a ser de 987, 413194, (Presupuesto de egreso de la Federación, enero 2021), todo considerado como subsidios, nada en servicios personales ni gastos de operación.
