Jorge Salazar García. 09/10/2018
Si alguien preguntara a los ciudadanos que transitan las calles de cualquier ciudad de México ¿crees en la imparcialidad de los encargados de impartir Justicia? sin duda alguna la respuesta mayoritaria será negativa. En países gobernados por una élite autoritaria y corrupta, eso no es extraño, hasta podría calificarse como natural; tomando en cuenta que todos las dictaduras (perfectas o imperfectas, blandas o duras) requieren de jueces y magistrados a modo, para encubrir con un rostro de legalidad sus latrocinios. Todo persona que ha pasado por algún juicio o ha tenido la necesidad de recurrir a los tribunales para combatir actos de injusticia cometidos por empresas, políticos o poderosos sabe muy bien hacia donde se inclina ($) la balanza.
En una República presumiblemente democrática, como la nuestra, el poder público debe ser ejercido por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y judicial; los cuales conforme se establece el articulo 116 Constitucional “no podrán reunirse dos o más … en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo”. A pesar de que lo anterior, formalmente no ha ocurrido en México, salvo el 10 de octubre de 1913 cuando el Chacal Victoriano Huerta decretó la disolución del Poder Legislativo, en vías de hechos y sobre todo en el periodo neoliberal, los tres poderes funcionaron al servicio exclusivo del Ejecutivo. Desde el sexenio de Salinas, esa prohibición constitucional (unir dos poderes en uno) ha sido letra muerta. Con el último títere (Peña Nieto) de la oligarquía, ante la impotencia de retener la Presidencia y desesperados por imponer las reformas estructurales comprometidas con el imperio, hicieron trizas la división de poderes. Los representantes más visibles del poder Legislativo y Judicial, como perros amaestrados acataron las indicaciones del presidente en turno. Afortunadamente, el pueblo ya cobró la cuenta a los legisladores y al Ejecutivo el pasado 1ª de julio y les hizo lo mismo que le hicieron al perro de la tía Cleta. La gente, acostumbrada a verlos sumisos ante el ladrón, cuando ladraron a lo pendejo por primera vez sólo para defender al régimen, les rompieron la jeta.
Sin duda habrá cambios sustanciales en el Legislativo y Ejecutivo, pero el Judicial, que permite el equilibrio entre los tres ¿hasta cuándo permanecerá intocado? Desde la Suprema Corte hasta los juzgados de distrito, normados por el art. 94 Constitucional, actúan como caciques en sus jurisdicciones cumpliendo una función legitimadora de los atropellos cometidos por las camarilla político empresarial parasitarias. Esos magistrados y jueces nombrados por los neoliberales, están ahí para actuar en contra de quien atente contra los intereses de sus amos; consecuentemente, no puede esperarse se conviertan, de la noche a la mañana, en funcionarios dignos y honorables. Ellos han legalizado la IMPUNIDAD de los políticos, soldados, empresarios, banqueros, narcotraficantes y policías señalados por las víctimas o familiares como involucrados en hechos injustos o delictuosos.
Por lo antes expuesto, si el Judicial dejó de ser un factor de equilibrio entre los Poderes republicanos, entonces debe ser objeto de una profunda reforma. Será necesaria una gran escoba legislativa para remover la basura que permitió el ABUSO. Se podría comenzar por exhibir a los señoritos de la Ley; ponerlos frente al espejo para que descubran con horror su verdadero rostro (como Dorian Grey) y renuncien.
La organización mexicanos contra la corrupción e impunidad (MCCI) realizó un estudio donde reportó actos de nepotismo en el Poder Judicial (https://contralacorrupcion.mx/investigaciones/). Señala, entre otras cosas, la creación de feudos de poder donde el magistrado o juez tiene más de 20 años sin moverse de su distrito. Cita, por ejemplo, el caso de Durango donde un juez colocó 17 familiares directos (papás, esposa, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados) en los puestos principales. ¿Y el Consejo de la Judicatura creada desde 1994 para vigilar a estos funcionarios? Pues nada, ellos no ven nada incorrecto. La barredora también tendría que llevar al basurero a este elefante blanco de la Judicatura. No obstante, aunque la sacudida haría caer a los más corruptos, no bastará para tener jueces y magistrados confiables sino se ejerce una vigilancia social e implementas sistemas de nombramientos democráticos.
El partido MORENA se esta encaminando por ese rumbo. El pasado 4 de octubre presentó una iniciativa para adicionar y reformar el articulo 118 de la constitución y establecer un sistema de rotación en el sistema Judicial, a fin de evitar el enquistamiento y la creación de feudos. Por algo se empieza.
