Por: Dominique Babini. CLACSO. 08/11/2016
Una parte importante de la producción científica de América Latina se publica en revistas científicas internacionales del circuito comercial. Este tipo de revistas cobran por el acceso a sus contenidos y, en el caso que los autores soliciten que sus artículos se ofrezcan en acceso abierto, entonces cambian el modelo de negocio y las editoriales cobran al autor –o a su institución– por publicar en ellas; dicho cobra alcanza cifras en muchos casos superiores al sueldo promedio de un investigador en países en desarrollo.
En una región como América Latina, donde la investigación es financiada principalmente con fondos públicos, son esos fondos los que pagan los sueldos de los autores de la región que publican en revistas internacionales del circuito comercial, así como también los sueldos de los evaluadores que participan en el proceso de revisión por pares en esas revistas. Después esos mismos fondos públicos deben pagar a las editoriales comerciales la suscripción a las revistas donde han publicado los investigadores de sus propios países.
El creciente costo de suscripción a revistas científicas internacionales –muy superior a los valores de la inflación– y las extraordinarias ganancias de dichas empresas, han generado una reacción internacional solicitando el acceso, tanto libre como gratuito a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. Este movimiento se ha denominado: Acceso Abierto, y ha promovido diversas declaraciones internacionales (Budapest 2002, Berlín 2003, Bethesda 2003) así como, en nuestra región, la Declaración de Salvador de Bahía que, promovida por SciELO en 2005, insta a los gobiernos a que hagan del Acceso Abierto una alta prioridad en las políticas de desarrollo científico, incluido:
• Exigir que la investigación financiada con fondos públicos esté disponible de manera abierta;
• Considerar el costo de la publicación como parte del costo de la investigación;
• Fortalecer a las revistas locales de Acceso Abierto, los repositorios y otras iniciativas pertinentes;
• Promover la integración de la información científica de los países en desarrollo en el acervo del conocimiento mundial.
El movimiento internacional de Acceso Abierto establece que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos deben estar disponibles libremente en repositorios digitales. Estos pueden ser repositorios de revistas científicas (por ejemplo Scielo, Redalyc, portales nacionales e institucionales de revistas científicas), repositorios temáticos (por ejemplo CLACSO en ciencias sociales, SIDALC en agricultura) y, más recientemente repositorios institucionales que reflejan la propia producción de cada institución.
En total, en la región hay 3700 revistas científicas en Acceso Abierto según datos del directorio regional de revistas Latindex; de ellas, 1654 están actualmente registradas en el directorio internacional DOAJ. En cuanto a repositorios digitales, hay 223 registrados en el directorio mundial de repositorios OpenDOAR. Los repositorios digitales temáticos y los institucionales incluyen todo tipo de producción científica y académica, además de los artículos, por ejemplo: tesis, libros, informes de investigación y multimedia.
Pese a estos importantes avances, gran parte de la producción científica de la región –principalmente la publicada en revistas internacionales del circuito comercial– todavía no está disponible en los repositorios de Acceso Abierto. Lograrlo requiere de un cambio cultural para que los mismos investigadores autoarchiven su propia producción en repositorios de acceso abierto. Ello requiere de políticas institucionales y nacionales que incentiven el cambio, además de brindar respaldo para negociar con las editoriales comerciales internacionales, para que la producción de la región publicada en esas revistas también esté disponible en el repositorio de la institución donde se realizó y financió la investigación.
UNESCO ha publicado recientemente una Guía para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto donde se presentan los aspectos más relevantes a considerar para el desarrollo de políticas en este sentido. Desde consideraciones acerca del porqué colocar la información en Acceso Abierto, hasta cuestiones relacionadas con dónde archivar la producción científica de las instituciones y de los países, qué tipo de producciones considerar, aspectos legales, la promoción de los repositorios, además del seguimiento al cumplimiento de las políticas. Resultan de gran utilidad los anexos de la Guía que incluye una selección de textos completos de políticas de acceso abierto, también la redacción ‘tipo’ de una política que puede ser adaptada según las necesidades de instituciones, agencias de financiamiento de investigación y gobiernos nacionales. Por otra parte, UNESCO brinda apoyo y acompañamiento a los países que analizan y desarrollan sus políticas nacionales de acceso abierto.
Son varios los gobiernos nacionales de América Latina que tienen en el Congreso propuestas de legislación sobre acceso abierto que se encuentran en debate en comisiones: Brasil, Argentina, México y la recientemente aprobada en Perú. En todos estos casos la legislación establece que los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos deben estar disponibles en repositorios de Acceso Abierto.
Es necesario que tanto la comunidad científica de la región, como la sociedad que se beneficia con los avances de la investigación científica, se involucren y apoyen estos debates para que tengan pronta aprobación las propuestas de legislación, evitando así la mercantilización del conocimiento producido por nuestras universidades, en búsqueda de sociedades más equitativas e inclusivas.
La producción académica de nuestras universidades no puede estar subordinada a los intereses o vaivenes del mercado editorial. Son nuestras sociedades las que pagan el trabajo que realizan los académicos en América Latina, no las empresas o el sector privado. Todos (pertenezcan o no al mundo universitario) deben tener derecho a acceder gratuita y libremente a las producciones que las universidades y los centros de investigación realizan. No se trata de generosidad. Se trata de una obligación, de un compromiso mínimo con la defensa del espacio público. Simplemente, porque el conocimiento, en una sociedad democrática, debe ser un bien común.
Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo CLACSO.
Fuente: http://www.clacso.org/megafon/megafon8_articulo6.php
Fotografía: bibwp.ulpgc
