Por: Arantza Díaz. 20/06/2025
Ciudad de México.- En 2018 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) celebró en su último informe de observaciones finales que México estuviese avanzando en la reducción de la prisión preventiva, una victoria alcanzada que se cayó sólo un par de años después de que se publicara el pasado 2 de enero el decreto para aumentar un abanico de nuevos delitos a la prisión preventiva; una apuesta que pretende dar un golpe bajo al crimen y que, más bien, sólo recrudece el punitivismo en contra de las mujeres, el grupo que permanece más años en reclusión sin recibir sentencia.
Recordemos que mañana y pasado mañana, es decir, 17 y 18 de junio, representantes del Estado mexicano viajarán a Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico. México llega ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
En el apartado «Mujeres Reclusas» punto 49 y 50, el documento de «Observaciones Finales sobre el IX Informe Periódico de México aprobadas por el Comité CEDAW en su 70° periodo de sesiones» refirió que existían dudas sobre las condiciones existentes en centros de detención, especialmente, en aquellos que están en espacios remotos y que ofrecen servicios de salud limitados, preocupando, principalmente, la atención ginecológica y obstétrica, además de los servicios jurídicos y el contacto con las familias.
Ante esta preocupación, el Comité de la CEDAW emitió hace 7 años la siguiente recomendación:
«El Estado recomienda profundizar la reforma del sistema penitenciario y armonice la aplicación de medidas no privativas de libertad en todos los estados. El Comité recomienda además que el Estado parte mejore las condiciones penitenciarias para garantizar, en particular, el acceso a servicios adecuados de atención de la salud, como la atención obstétrica y ginecológica, y a servicios jurídicos, de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes.»
La próxima semana, el 17 y 18 de junio representantes del Estado mexicano viajarán a Ginebra, Suiza, en aras de realizar el proceso de sustentación; una etapa en donde se defenderá el Décimo Informe, enviado el pasado febrero a la CEDAW donde se recopilan todas las acciones emprendidas desde el 2018 y los avances sustantivos que ha tenido el Estado.
Poner en el visor a las mujeres privadas de su libertad es un parteaguas en nuestro país; representando uno de los sectores más rezagados y olvidados para el Estado, la llamada de atención de la CEDAW a México -y la llegada inminente de la sustentación- podría tener una relación directa con el trabajo exhaustivo que ha realizado la Secretaría de las Mujeres en el último par de meses para lograr la liberación de distintas mujeres en situación de vulnerabillidad del Centro Federal de Reinserción Social 16 de Morelos.
Desde el 7 de marzo hasta mayo, un total de 12 mujeres alcanzaron su libertad luego de la intervención de la Semujeres quienes, según presumen en sus boletines oficiales, de forma articulada, lograron cubrir la multa reparatoria de este grupo de mujeres.
Y aunque resulta fundamental luchar por alcanzar la libertad de las mujeres que permanecen en reclusión por multas menores a los 15 mil pesos, esto, más bien, sólo responde a la causal final -la reclusión- y no atiende las violencias estructurales para evitar llegar a estos hechos. Aunque el avance e intervención de la Semujeres es evidente, también lo es la falta de una tajada presupuestal para atender estos hechos, lo que obvia en un fallo de esta recomendación ante la CEDAW.
Cimacnoticias conversó con el abogado de la Defensoría Pública, José Antonio Zuart quien llevó el caso de dos de estas mujeres liberadas por la Semujeres. Zuart explicó en entrevista que existen deficiencias claras en la justicia por las mujeres en reclusión, sosteniendo que, para obtener el beneficio de la libertad condicionada, siempre se impone la obligación de cubrir con el pago de una multa, sin embargo «no todas las familias tienen la misma capacidad económica, puede ser muy complicado para ellas», dice el defensor. Por ello, cuestiona el por qué no existe una partida presupuestal asignada para este efecto, esto sería un ideal, y permitiría robustecer la reinserción social de miles de personas.
«Hablando como defensor público, aun cuando quisiéramos que hubiera una partida presupuestal asignada para este efecto, desafortunadamente, no lo hay, por ello, el instituto federal de defensoría se ve imposibilitado de brindar este apoyo que corre a cargo de las partes sentenciadas y sus familiares»
Una de las barreras que no permite esto es la criminalización misma; una normalización que pretende hacer creer que el punitivismo es la única manera de tratar a las personas privadas de su libertad, aún, cuando se desconoce su contexto y proceso penal. Se tiende a considerar que es un peligro social la libertad condicionada, sin embargo, Zuart explica que el proceso no es tan simple, pues siempre se puede negar este beneficio cuando el comportamiento de la persona en internamiento no es bueno, aún, cuando pueda pagar la multa; no se otorga la libertad a quienes agreden o tienen conductas violentas. Incluso, se le puede rebotar el derecho a aquellas personas que no cumplió con su plan de actividades, como por ejemplo, que no acudió a sus clases para sacar su certificado de bachillerato.
Finalmente, al preguntarle al defensor sobre la Secretaría de las Mujeres y el papel que ha jugado en el hecho, refirió desconocer el trabajo del órgano: No estaba enterado, yo he hablado con «A» y «M», hasta hace unos días, incluso previo a las audiencias. Desconozco la participación de esa Secretaría, zanjó.
Así, con un escenario poco claro, la Semujeres ha metido el acelerador para meter en su agenda a las mujeres privadas de su libertad, particularmente, a las del Cefereso 16, un centro penitenciario federal único en su tipo donde Cimacnoticias ha documentado una serie de inconsistencias y violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Desde hechos de sujeción forzada, intoxicaciones por alimentos en mal estado, enfermedades crónico degenerativas sin atención, abusos sexuales, pobre atención médica y psicológica, adicciones a medicamentos controlados y por supuesto, el suicidio sistémico de las internas.
El Comité de la CEDAW tiene puesto el foco en las mujeres privadas de su libertad, con especial ahinco en el Cefereso 16 donde también, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha exigido respuestas al Estado sobre las muertes en custodia.
Desde el 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), externó su preocupación, pues las autoridades mexicanas, en los distintos niveles de gobierno no estaba adoptando las medidas adecuadas, incluyendo reformas estructurales y no revictimizantes que erradicaran las olas de violencia de los centros penitenciarios.
Han pasado 12 años desde que la CIDH llamó la atención del Estado mexicano y el escenario sigue siendo el mismo: Muertes en custodia y nulas investigaciones para sentenciar a las personas y autoridades que participaron o permitieron la pérdida de vidas humanas en reclusión. A pesar de los intentos de la Semujeres por mejorar el panorama o poder presentar -al menos- un par de acciones ante la CEDAW para atender la recomendación número 50 de las observaciones finales [2018] relativa a las mujeres en prisión, resulta evidente que ha existido una desatención histórica que no se resuelve exclusivamente con la liberación, si detrás, el sistema penitenciario está dotado por visiones de castigo patriarcal.
Separación, prostitución y violencia: Los testimonios de mujeres en Morelos y Quintana Roo
De forma explícita, la recomendación de la CEDAW expresa su preocupación por la separación de las mujeres de sus hogares y núcleos familiares, un hecho que, a la fecha, se mantiene vigente como una práctica violenta en el Cefereso 16.
Ante este escenario, se nombra a Jheralding Pantoja, quien habría cometido suicidio al interior de este penal en enero del 2025. Originaria de Colombia, Cimacnoticias conversó con su madre, la señora Mónica Botero quien narró de primera mano la forma en que les resultaba imposible poder hablar con Jheralding y cómo la vigilancia era tan cruda, que su hija no podía conversar con libertad, hablar de sus días, y mucho menos, expresar los actos violentos que vivía a manos de las custodias.
Jheralding fue agredida mientras se duchaba; le quebraron la cabeza entre varias custodias y fue víctima de sujeción forzada cuando expresó sentirse deprimida tras la muerte de su hermano, según dijo su madre en entrevista.
Mónica recuerda que, tiempo después de la muerte de su hijo, cuando hablaba por videollamada con Jheralding, ésta lucía inquieta en las videollamadas y en un momento, mientras se tocaba su rostro, observó lesiones en sus muñecas.
«Le vi que, mientras se rascaba su carita, tenía algo en sus muñecas, como si la hubieran amordazado, tenía muy lastimados sus bracitos y yo muy preocupada le dije: «¿Qué te pasó, Jheral?, ¿qué te hicieron?» y me dijo: «Me dio una crisis por la muerte de mi hermano Oscar y dicen que me amarraron para que no me haga daño». La llamada se cortó inmediatamente después de decirme eso.»
Mónica refirió no recordar fechas exactas y tampoco años: «Cuando una pierde a un ser querido es muy doloroso, no entiendo nada, ni sé de fechas», respondió. Sin embargo, sí recuerda con lucidez todos estas violencias que, en sus palabras, le quebraron el alma. Especialmente, una temporada donde Jheralding fue castigada por agredir a una custodia y se le cortó toda posibilidad de contacto; fueron semanas de angustia.
Mientras Jheralding se bañaba, una custodia se le acercó y comenzó a acosarla. ¿Sexualmente? No, no fue puntual en decirme, pero yo me imagino que sí, porque la otra mujer miraba a mi hija desnuda mientras tomaba un baño. Entonces, Jheralding reacciona empujándola para alejarla y la repliega contra la pared, acto seguido, la custodia se va muy ofendida y regresa acompañada de otras 5 mujeres y con sus bolillos [macana policial], le propinaron una golpiza a mi hija que estaba desnuda.
Según narra Mónica, le pegaron en el torso y también, le abrieron la parte superior de la cabeza, a la altura del lóbulo frontal, la herida fue tan profunda que requirió intervención y no volvió a crecerle cabello en su cicatriz.
A lo largo de los años, para Mónica era evidente de que su hija estaba en un constante peligro y a pesar de que mandó un sinfín de correos al Consulado Colombiano en México de que intervinieran y brindaran seguridad a Jheralding, nunca hubo respuesta hasta su inminente suicidio.
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Actualmente, según datos de Prevención y Reinserción Social [abril, 2025] en el Cefereso 16 de Morelos, la mayoría de las internas provienen de la Ciudad de México, del estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Además, de tener en el centro a un total de 18 mujeres extranjeras -no se específica país de origen-. En total, el Centro Federal cuenta con una población de 736 mujeres y sólo 50, son oriundas de esa entidad, Morelos.
Según datos del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional 2025, de enero a abril, se ha registrado el suicidio de una mujer en febrero y un deceso en el mes de abril [no hay mayor detalle de esta muerte]. Es decir, que en sólo 4 meses, 2 mujeres perdieron la vida estando en custodia.
Exactamente la misma tendencia que se mantuvo durante todo 2025. Cimacnoticias consultó mensualmente las cifras del Cuaderno Mensual y la cifra es preocupante: Se dio un suicidio cada dos meses
Preocupando esencialmente el mes de noviembre del 2024, donde se registraron 2 suicidios, el número más alto del año y la tasa más alta de este incidente en todo el país. Además de registrarse 3 autoagresiones de internas. Sólo 3 meses antes de estos 2 suicidios en noviembre, el Cefereso registró 6 autoagresiones, resultando evidente que no se realizó ninguna diligencia para contener esta crisis de tentativas de suicidio que desembocaron en la muerte de 2 mujeres en custodia.
La separación del núcleo familiar, el consumo no regulado de medicamentos controlados y la violencia cometida a manos de las autoridades son elementos que han propiciado el suicidio sistémico al interior del Cefereso. La CEDAW sostuvo en 2018 que existía preocupación por el trabajo que hacían las y los custodios responsables del cuidado de las mujeres privadas de su libertad y su formación en derechos humanos; el caso de Jheralding evidencia que fue víctima de actos violentos, agresiones sexuales y tortura, pero también, un actuar sistémico de las autoridades penitenciarias en todo el país.
En Quintana Roo, Elisa Zaldívar permaneció 6 meses privada de su libertad en el penal de Cancún; fue procesada por un delito que no cometió, producto de un terrorismo judicial que ha vivido a manos de su expareja, quien desde 2021 comete violencia vicaria en su contra.
Elisa Zaldívar narró para Cimacnoticias las mismas prácticas que otros testimonios recopilados por la agencia, como el de Keren Ordóñez, la defensora Kenia Hernández y la madre de Jheralding, Mónica Botero. Expresó que la depresión era un problema frecuente entre las internas, un hecho que se recrudecía ante los tratos inhumanos que recibían por las y los custodios; Zaldívar nombró la historia de una compañera, quien habría sido golpeada en el estómago al momento de su aprehensión a fin, de producirle un aborto.
¿Qué sucede con el personal médico?: Pues primero la depresión que hay ahí es muy fuerte y no hay apoyo médico en realidad. El médico nunca estaba, tenías que sacar una ficha y a veces no te atendía, ni te da lo que necesitas. Llegaban las mujeres en calidad de aborto porque, cuando eran arrestadas y la ministerial se enteraban de que estaban embarazadas o se les veía la panza, las empezaban a golpear en el estómago y lo que tenían eran hemorragias fuertísimas (…) llegaban ahí con hemorragias y después, con infecciones que no eran bien atendidas. Me hacía pensar de dónde venía esto de querer hacerte tanto daño en tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, era demasiado odio.
En materia de agresiones sexuales, Elisa no apuntala a nada particular, sin embargo, sí a la fuerte tendencia a la prostitución al interior de este espacio. Sin embargo, como su caso estaba en el ojo público y con frecuencia la prensa la buscaba para pedirle entrevistas, las autoridades tomaban distancia y existía mucha discresión sobre la violencia en las prácticas sexuales que ahí adentro se gestaban.
Con las necesidades de alimento, protección y apoyo, muchas mujeres optaban por la prostitución; las cruzaban a la población de los hombres y pasaban la noche en ese espacio o las «agendaban» para las visitas conyugales.
«De alguna manera, esas personas las protegía, entonces, son mujeres que venden su cuerpo por protección, porque ellas al ya no tener ninguna ayuda externa, su cuerpo se vuelve moneda de cambio, pero después también se tiende al romanticismo, al enamoramiento (…) esa es su forma de vida y de ahí, hay embarazos también, cuando había un bebé, se le dejaba en las celdas con mayores privilegios»
Cimacnoticias consultó el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional con corte a abril 2025, en el Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, y se encontró el segundo gran pilar del incumplimiento del Estado mexicano ante la CEDAW: La prisión preventiva y su golpe evidente a las mujeres.
En este penal, el número de mujeres que han recibido una sentencia es prácticamente mínimo, es decir, que la mayoría de la población femenil está recluida sin ninguna resolución en sus casos. Por ejemplo, del fuero común (delitos como asaltos u homicidios) hay 158 mujeres procesadas; sólo 14 han recibido una sentencia. En el fuero federal (tráfico de drogas, daños a la salud, delitos informáticos o entre otros) hay 14 mujeres procesadas y sólo 9 han recibido una sentencia.
Mujeres: Sin sentencia, omisiones y los castigos más severos
Este 2025, Claudia Sheinbaum arrancó con gran fuerza, centrando sus esfuerzos en la violencia. La primera publicación del Diario Oficial de Federación del año contiene la creación de la «supersecretaría» de Omar García Harfuch que promete seguridad a nivel federal y finalmente, la oficialización de la prisión preventiva; una reforma que pretende ampliar el catálogo de delitos por los cuales una persona puede permanecer privada de su libertad a la espera de una sentencia, lo que representaría un recrudecimiento del punitivismo y la criminalización, particularmente, sobre las mujeres y personas de comunidades indígenas.
¿Por qué este fenómeno criminalizador golpea con más fuerza a las mujeres y qué factores de género influyen en el contexto? La primera certeza que se puede afianzar de esto es que la injusticia también posee un sesgo profundamente patriarcal que pretende castigar y criminalizar a las mujeres que quiebran con el paradigma de la subordinación.
De acuerdo con información de la organización Intersecta, existen sólo 2 escenarios por los que una persona puede pisar la cárcel. El primero, es a través de la llamada prisión preventiva que consta de estar en situación de reclusión, aún cuando el tribunal no ha condenado la presunta comisión del delito, lo preocupante de esta medida es que muchas veces ocurre cuando la investigación no está concluida y ni siquiera se necesita que la fiscalía acuse a la persona, lo único que basta, es que existan indicios de participación en el delito para permanecer privadas de la libertad. Este proceso puede tardar, incluso, más de una década cuando la persona impugna y lucha por su libertad.
El segundo caso es más concreto, y es cuando existe evidencia suficiente y disponible para procesar a una persona y dictarle una sentencia.
Ahora bien, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales, 2020 a la fecha ha existido un recrudecimiento de la prisión preventiva sobre las mujeres, quienes tienden a permanecer bajo esta medida con mayor incidencia a comparación de sus congéneres, por ejemplo, en 2023 el 36% de los hombres fue imputado con esta medida cautelar; las mujeres en un 46.9%, esto representa 10 puntos porcentuales más.
El 22% de estas mujeres esperará más de dos años para recibir una sentencia y sólo el 19% esperará menos de 3 meses para terminar oficialmente la prisión preventiva -con una sentencia favorable o condenatoria-.
¿Lo más preocupante? A pesar de que el grueso poblacional condenado a una pena sea mayormente masculino, son las mujeres quienes reciben las sentencias más grandes.
Mientras que el 20.7% de los hombres reciben, -mayoritariamente- sentencias de hasta menos de 10 años, el 11% de las mujeres reciben 50 años o más de prisión, la mitad, sólo el 5.5% de los hombres alcanzan esta altísima sentencia.
En un vistazo rápido, en 2023 los hombres cometieron 309 mil 571 delitos; las mujeres 18 mil 406. Aún con esto, el castigo que reciben las mujeres es el doble de alto que sus congéneres. ¿Qué delitos cometen? Según la CNSIPEE, el robo y el secuestro; los hombres, secuestro y homicidio a nivel federal.
La mayoría de estas mujeres tiene entre 30 y 34 años, y usualmente, su grado educativo máximo es la educación secundaria. Otra interseccionalidad importante es su origen, pues al cierre de 2023, 8 mil 175 personas indígenas estaban privadas de su libertad, mayormente, de origen náhuatl.
A la CEDAW, tampoco se puede llegar sin que se escuche un nombre: Kenia Hernández, defensora indígena privada de su libertad condenada a 21 años de prisión por el delito de obstrucción de vías de telecomunicación -eso es más que algunas sentencias a feminicidas en entidades como Durango o Tamaulipas donde no está tipificado el delito-. Se ha exigido a Claudia Sheinbaum interceder por Kenia, quien cumple ya 5 años privada de su libertad; fue enviada al Cefereso 16 donde fue alejada de su familia, ha sido criminalizada, amenazada y el Estado se niega a otorgarle el recurso de amnistía.
Entre estas y muchas otras más omisiones, el Estado defenderá algunas de sus acciones a favor de las mujeres privadas de su libertad, donde resulta evidente, que se han cometido omisiones sistémicas en el último sexenio, así como un nulo avance para acatar la recomendación número 50 relativo a este sector. Aunque se festeja el avance de la Semujeres en este territorio por alcanzar la liberación de una docena de mujeres, los detrimentos, como recrudecer la prisión preventiva implica un golpe fuerte a las mujeres. No se puede hablar de un compromiso palpable, si al interior de los centros penitenciarios, se comete el abuso sexual, la tortura, los crueles e inhumanos y se sentencia de forma desproporcional a las mujeres; no habrá justicia, hasta que se desencarne la misoginia del sistema penitenciario y sobre esto, no existe ninguna política pública desarrollada.
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Fotografía: Cimac noticias
