“México carece de servidores públicos honestos”*
Por: Jorge Salazar García. 22/08/2023
En su último informe de gobierno, José López Portillo (PRI, 1976-1982) decretó la nacionalización de la banca privada con el propósito de parar la especulación financiera y de evitar el saqueo de los petrodólares. Ese 1 de septiembre, refiriéndose también al control de cambios que se aplicaría a partir de esa nacionalización, dijo: no es opción quedarse “con los brazos cruzados mientras nos vacían las entrañas”. La metáfora evoca el indescriptible dolor sufrido por un Ser humano y la imposibilidad de quedarse pasivo ante tal tortura.
El titulo, su epígrafe y la introducción de esta nota adquieren sentido debido a que las causas de aquella nacionalización y su posterior fracaso están conectadas con el endémico mal de la clase política y empresarial mexicanas: la corrupción. Gran parte de los herederos de quienes volvieron a privatizar los bancos (PRIAN) hoy mandan en MORENA. Y anestesiados por su codicia son incapaces de percibir que millones de mexicanos están hasta la madre de su corrupción. Sobre todo aquellos que votaron en 2018 por MORENA creyendo en su promesa de acabar con ese mal.
Salvo sus excepciones de rigor, igual que Salinas ni ven ni oyen las manifestaciones de repudio a sus latrocinios. Es más, su soberbia sólo se explica suponiendo que tienen garantizada la impunidad desde arriba. Eso muestra su desdén al hartazgo del ciudadano agraviado. Sorprende su cinismo cuando defienden un Estado cleptocrático cuyas instituciones, en menor o mayor grado, funcionan como engranes de una máquina diseñada para ordeñar al ciudadano y los fondos públicos, sin límites. Son redes de gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, directores, auditores, etcétera que subsanan su ineficiencia para gobernar corrompiendo a burócratas, inversionistas y empresarios. Han logrado convertir la corrupción en “un mal que impacta a todos los ámbitos de la vida pública…, (y) exacerba las desigualdades y la injusticia” (Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corta de la Nación).
El sector de la educación, por ejemplo, ha sido siempre una rica fuente de extracción de recursos gracias al contubernio de funcionarios y líderes charros. En ese medio, la construcción, mantenimiento y reparación de planteles hasta la venta de plazas, inscripciones y permisos para tiendas escolares son objeto de transacciones indebidas. Todos se benefician, menos la comunidad escolar. A los padres los bolsean con inscripciones, cuotas, etcétera; a los alumnos los enferman con comida chatarra y los trabajadores “negociando” sus derechos y prestaciones laborales.
Respecto a estos últimos, el suplicio permanece aún después del retiro. Pues la burocracia dorada activa mecanismos, creados en el pasado, para despojar parte de las prestaciones que por ley corresponden a los jubilados y pensionados. El calificativo de trágico es apropiado en este caso, ya que los recursos extraídos corresponden a partidas relacionadas con seguros de vida (Institucionales). Justo es agregar los calificativos de infame, perverso e insensible a ese acto, dado que las víctimas son personas que por haber laborado entre 30 y 40 años, conforman un sector bastante vulnerable.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz (2010-2016), hoy preso por haberse apropiado de las fondos destinados al fin mencionado y por otros delitos, no lo hizo solo. Contó con la complicidad de aseguradoras, sindicatos y Peña Nieto. La consecuencia directa de ello fue dejar familias sin recibir jamás el monto del seguro de su familiar fallecido.
Cualquier de los 30 millones que votó por la 4T esperaría que al menos esa crueldad del pasado ya no se repitiera. Desgraciadamente tal situación la está replicando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. ¿Le habrá copiado la receta a Duarte?
Este hecho ha sido informado al presidente de la república por la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE de Veracruz (AJUPIV). Por supuesto, no han sido escuchados y hoy, nuevamente, tienen que salir a las calles a demandar ese seguro cuya cuota les es descontada en los talones de pagos de la pensión. ¡Les siguen vaciando las entrañas¡
El caso es sumamente grave. Ya han fallecido miembros de la asociación a cuyos beneficiarios no se les ha pagado el seguro bajo el argumento de que no hay aseguradora contratada. Funcionarios de la SEV lo han confirmado agregando que desde 2021 ellos ya no cumplieron con esa obligación. Incluso reconocen que las cuotas que la federación transfiere al Estado existen. Otros burócratas mienten falazmente y ocultan la verdad. Nadie, por supuesto, informa la causa de ese incumplimiento. ¿Los han silenciado ahora que AJUPIV ha descubierto esta infamia?
Dicha problemática podría afectar también a los trabajadores activos y pensionados de otros gremios (federales) que tengan esa prestación. Por esta razón AJUPIV les recomienda revisar los talones de pago. Si les descuentan el seguro institucional (concepto 26 en el ISSSTE) deben indagar cuál es la aseguradora contratada. Hay otro detalle, si al trabajador activo le dejan de descontar el concepto citado y no reclama durante las primeras tres omisiones, el beneficio se considera renunciado. Con los jubilados sucede lo mismo, pero en su caso el término se extiende a 3 meses. Esa espada de Damocles pende sobre la cabeza de miles de trabajadores y jubilados pues el Estado puede cancelar ese beneficio con relativa facilidad en virtud de que los charros sindicales no informan, no se mueven, no les importa o están confabulados.
Tal eventualidad parece tener los caminos allanados gracias a que los talones de cheques ¡ya no se entregan! El gobierno los emite de manera virtual. Depositando los sueldos y pensiones en tarjetas bancarias lograron que el trabajador ya no revise sus descuentos y percepciones, porque no le importa, no puede o no sabe cómo consultarlo.
Las señales recibidas con la NO contratación de seguros no son buenas, conllevan la perversa intención de eliminar esa prestación pues, como neoliberales reciclados, la consideran un carga para el Estado. Al ocurrir en épocas electorales, hace suponer que el dinero es desviado hacia las campañas. Recuerde usted que en 2021 se renovó el congreso federal cuya mayoría calificada perdió MORENA.
Los afectados tienen el derecho de saber la causa real de la no contratación de aseguradoras y qué autoridad o institución está administrando las cuotas. ¿Por qué amenazan con devolverlas en lugar de garantizar el pago del seguro?, ¿Por qué actúan con tanta seguridad y desparpajo? ¿Quién les ordena o protege para delinquir?
Seguramente se descalificará a AJUPIV por señalar y denunciar públicamente este latrocinio cada jueves en la Plaza Regina, dos horas a partir de las 10 a.m. Pero los tiempos de los jubilados no son los mismos que los del gobernador. Para un gobernante ineficiente, insensible y mentiroso que vive como el rey del cuento, convencido por su corte de lucir hermosos ropajes mientras se exhibe desnudo, los tiempos le son favorables, no para los pensionados. ¿Volverá a remitir a los quejosos a las instancias judiciales para perderlos en las marañas legales? Bien dijo Tácito (historiador romano, año 97) “mientras mas corrupto es un Estado mas numerosas son sus leyes.
Flaco favor hace Cuitláhuac a la 4T boicoteando aquella promesa amloísta de servir al pueblo. Se entiende que, dada la corrupción absoluta de la dirigencia estatal de MORENA, la única manera de ganar elecciones sea desviando recursos hacia las campañas y acarreos, pero ¿porqué el ciudadano tiene que pagar sus platos rotos?
Ante la falta de respuesta oficial, los jubilados han decidido movilizarse para demandar una solución justa y pronta. Mientras el gobernador no los atienda estos continuarán realizando plantones enfrente de su Palacio. De hecho están planeando ponerse en ayuno de 12 horas, no obstante padecer algunas enfermedades degenerativas. Ojalá y sea atendido su reclamo antes de recurrir a esa extrema acción.
*Almirante Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina (julio, 2021; puerto de Veracruz)
