Por: Carme Porta, Sarah Babiker. sinpermiso. 24/06/2020
Sí, se ha hablado mucho de renta básica en estos tiempos pero creemos que es necesario sumar una mirada feminista atenta a las realidades materiales de las mujeres, a la desigualdad económica de género que esta crisis profundiza, a las consecuencias en nuestras vidas de la privatización de los cuidados.
Mucho se ha escrito en las últimas semanas sobre la necesidad y urgencia de una renta básica. Interrumpida la dinámica naturalizada por la que la única forma posible y legítima de acceder a recursos económicos para las mayorías sociales es el empleo asalariado, se ha hecho evidente la inseguridad vital que implica para millones de personas la dependencia de un mercado laboral cada vez más precarizado. Que la supervivencia y serenidad de las personas no puede depender completamente de su sueldo, de quienes les emplean, se hizo dramáticamente visible bien pronto. Por eso a los pocos días de iniciado el confinamiento, el Estado tuvo que intervenir garantizando un piso material, un piso que fue llegando de forma lenta, irregular y desigual para toda aquella gente que perdía de un plumazo su sustento.
Era natural en este contexto que se pusiera en el centro la discusión sobre la necesidad de contar con un suelo material, que evite que las vidas de las personas dependan totalmente de las prioridades de sus empleadores. Un ingreso igual y suficiente para todas como derecho garantizado por el estado y sin las trabas burocráticas que convierten las rentas mínimas en un tristísimo premio al final de una carrera de obstáculos. En definitiva, una renta básica libre de las hipotecas a la autonomía y el paternalismo institucional que implican las condicionalidades.
En paralelo, desde el inicio de la pandemia, los trabajos de cuidados se han revelado tan esenciales como invisibles, tan imprescindibles como mal pagos, tan irrenunciables, como, en muchos casos, insostenibles. El teletrabajo que se ha apuntado como una solución para la economía productiva y que se señala como método de trabajo futuro, ha supuesto un gran costo de energía para las familias y, muy especialmente para las mujeres que han visto como su hogar era espacio de confinamiento, de trabajo, de cuidados y de convivencia. Sin el apoyo de la red social y sin medidas para favorecer la conciliación, el hogar ha sido una trampa insostenible 7 días a la semana, 24 horas al día. Así durante dos meses.
Veníamos ya tocadas en este ámbito, tras la crisis económica que siguió al 2008 los recortes sociales han afectado a la conciliación del trabajo en el ámbito productivo y el familiar, un hecho con consecuencias en la posición de las mujeres en el mercado laboral formal —en el informal no existen derechos—. Consecuencias que se hacen sentir en las condiciones de acceso al empleo: contratación parcial, brecha salarial, precarización… Una precarización particularmente virulenta cuando hablamos de los trabajos más feminizados, es decir, aquellos ligados a los cuidados. El colapso al que se abocó a las familias monoparentales, en un porcentaje muy alto encabezadas por mujeres, da fe de la profundidad de la crisis sistémica que se recrudeció hace más de diez años y que vemos hoy dar varias vueltas de tuerca más.
Y no, no es que antes del 2008 no existieran las dobles jornadas, dentro y fuera de la casa, no es que extrañemos una corresponsabilidad que nunca existió, no es que hace más de diez años se valorasen los cuidados más que ahora. Antes de la gran crisis ya existía la precariedad para grandes capas de la sociedad, una precariedad sistémica y tremendamente desempoderante: te deja sin nada con lo que negociar, sin contrapesos, sin autonomía para decidir ni oxígeno para pensar a largo plazo.
Los aprendizajes de este golpe a la inercia que ha supuesto la crisis sanitaria, que también es económica y social, quedan pues ahí para quienes quieran verlos: Por un lado nuestra existencia no puede depender del empleo. Por otro, los cuidados son esenciales y no hay crisis que los interrumpa. Haber puesto estos elementos sobre la mesa, ¿ha servido para pensar medidas que mejoren las condiciones de vida de la población precarizada y en particular, las de las mujeres? ¿contribuye a un cambio en los valores que ponen en el centro la economía productiva? ¿se va a aprovechar este decrecimiento obligado para repensar parámetros económicos y sociales?
Sí, se ha hablado mucho de renta básica en estos tiempos, pero han sido pocas las voces feministas que se han sumado a este debate. Creemos que es necesaria una mirada feminista atenta a las realidades materiales de las mujeres, a la desigualdad económica de género que esta crisis profundiza, a las consecuencias en nuestras vidas de la privatización de los cuidados durante meses. Y es bajo esta mirada que afirmamos que una renta básica universal, incondicional, suficiente e individual, es necesaria para apuntalar un camino feminista de salida a esta crisis.
La puesta en marcha del ingreso mínimo vital puede significar una medida paliativa para situaciones de emergencia pero sigue siendo una renta económica condicional y que, además, se nutre de otras ayudas económicas como, por ejemplo, la ayuda por hijo a cargo que queda integrada en el IMV, hecho que tiene impacto directo sobre las familias monoparentales. Así, siendo el IMV, una renta condicionada y para colectivos vulnerables no aporta soluciones a largo plazo, no cuestiona la centralidad del trabajo productivo, ni brinda herramientas para la autonomía.
Además el ingreso mínimo vital adolece del mismo mal que sufren muchas políticas de protección social: es familiocéntrico. Al tomar a la unidad de convivencia (principalmente la familia) como referencia, y asignar a uno de sus miembros como receptor, se afianza la dependencia económica de unos miembros de la familia respecto a otros, pudiendo reforzarse relaciones de poder estructuralmente desiguales.
Como feministas nos sorprende que un gobierno que se considera como tal haya dejado dos cuestiones fundamentales para nuestra agenda relegadas en la respuesta a la crisis: los cuidados y la autonomía de las mujeres. Los cuidados en cuanto que se ha seguido adelante de la mano de la ficción del trabajador champiñón, pretendiendo que el mundo del trabajo asalariado puede continuar como siempre, a pesar de no contar con ningún apoyo en la organización de los cuidados. Imaginando que niñas y niños iban a estar bien, sin adultos con el tiempo necesario para atenderles.
La única opción que se ha dado hasta ahora para conciliar: reducirse la jornada con la correspondiente reducción de salario, obvia la realidad de millones de familias —y en particular aquellas monomarentales— que no pueden permitirse prescindir de sus ingresos. Denota pues una ceguera preocupante en cuanto a las realidades materiales de quienes cuidan: año a año, los informes sobre el Estado de la Pobreza señalan que tener hijas e hijos es un factor de riesgo para caer en la pobreza en este país. Y eso cuando aún había colegios.
El teletrabajo, una de las soluciones propuestas para quien pueda permitirse trabajar desde casa, era una asignatura pendiente de conceptualizar, de regular, ahora ha llegado para quedarse sin esa regulación previa necesaria. Algunas multinacionales ya plantean recortes en locales y pasarán a ser las personas trabajadoras quienes asuman los costes derivados del trabajo sin que los salarios cambien, aunque las condiciones lo harán. Actualmente se obvia el debate sobre conciliación y teletrabajo, una cuestión que determina la cotidianeidad de millones de personas ahora, particularmente las mujeres. ¿Cuándo vamos a discutir esto?
Y si hablamos de renta básica universal es porque como con la Educación o la Sanidad, entendemos la universalidad en un sentido amplio desde la perspectiva del derecho: un derecho que incluya también a las mujeres (y hombres) migrantes independientemente de su situación administrativa, uno de los colectivos que más cara está pagando esta crisis. Ni la medidas de conciliación ni el Ingreso Mínimo Vital las tiene en cuenta. Entendemos que ampliar el derecho a un mínimo material para todas es radicalmente feminista.
Se nos está hablando de una “nueva normalidad”, nosotras queremos hablar de una nueva construcción social en base a la equidad y no seguir reproduciendo los errores de la crisis del 2008. El actual modelo económico es injusto y desigual. Necesitamos un piso común, un mínimo seguro que nos preserve de la dependencia económica, que nos permita planificar cual es la nueva normalidad que queremos sin la presión de no poder mirar más allá de la supervivencia. Y esto nos iguala a todas, y también a todos.
Imaginemos un futuro donde empleadas domésticas o kellys no tienen que aceptar condiciones de mierda para trabajar porque saben que su supervivencia está garantizada por una renta básica incondicional. Imaginemos un futuro donde ninguna mujer piense que no puede permitirse separarse de su maltratador. Imaginemos un futuro donde un hombre decida reducir su horario para cuidar sin que eso implique caer en la pobreza. Contar no con una ayuda mínima y condicionada, si no con el derecho a un piso material que sea caja de resistencia, colchón, recurso para negociar. Con una renta básica —universal, incondicional— es posible una existencia más digna, una posibilidad de futuro, un nuevo marco para pensar la relación entre empleo y cuidados.
Carme Porta es responsable de comunicación de la Fundació Surt, feminista y miembro de la Red Renta Básica
Sarah Babiker Periodista madrileña, especializada en género que escribe en El Salto, CTXT, Tribuna Feminista.
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Fotografía: sinpermiso.
