Por: Marcelino Guerra Mendoza y Lucía Rivera Ferreiro. Columna: Cortocircuitos. 20/03/2027
A Roberto González Villarreal,
amigo entrañable
y compa de lucha.
En su exhaustiva y rigurosa investigación sobre la desaparición forzada, nuestro querido amigo Roberto González Villarreal[1] muestra con todo detalle cómo funciona el ejercicio del poder gubernamental en relación con el narco y las industrias del crimen organizado. Gracias a su indolencia y complicidad, las industrias necrocriminales que han convertido la desaparición forzada en un negocio rentable, actúan con total impunidad.
El caso Teuchitlán es una muestra descarnada del modo en que estas industrias han extendido sus tentáculos: secuestran, esclavizan, adiestran, exterminan y desechan a las niñas, niños, jóvenes, sean hombres o mujeres, cuando ya no son rentables ni productivos. Mal haríamos en suponer que lo sucedido es un caso aislado y reciente. Desde hace varias décadas el fenómeno de la desaparición forzada en el país ha cambiado, sus objetivos y estrategias también.
En su texto, Roberto detalla que desde los años 60s del siglo pasado, los gobiernos priístas emplearon la desaparición forzada como estrategia de represión contra activistas, líderes sindicales y sociales en la llamada guerra sucia. Apunta que en la década de los noventa, comienza a observarse un incremento de las desapariciones, ya no solo de opositores al gobierno, el perfil de las víctimas se amplía. Con la llegada de los gobiernos panistas el fenómeno comenzó claramente a mutar y repuntar.
Con bombo y platillo estos gobiernos alardearon de una transición política; su estrategia de seguridad consistió en declarar una guerra contra el narco que no hizo más que acelerar, incrementar y diversificar las modalidades de la desaparición forzada, pasando de ser una estrategia de represión a constituirse en un negocio rentable, en contubernio entre el crimen organizado y el gobierno en turno.
En el gobierno de Peña Nieto se construyó la “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero, se dijo entonces que habían sido incinerados en el basurero de Cocula, desconociendo las numerosas evidencias de que fueron interceptados, golpeados y desaparecidos por el crimen organizado en complicidad con policías estatales y municipales, soldados y autoridades ministeriales.
Luego vino el primer sexenio de la cuarta transformación con su política de abrazos y no balazos. AMLO se comprometió con los padres y madres de los 43 a resolver el caso; la investigación se topó con pared cuando el ejército se negó a abrir los archivos que tiene en su poder; ahí quedó la promesa, todo volvió a la oscuridad, se mantuvo la impunidad de las fuerzas armadas para encontrar la verdad sobre esa complicidad con el crimen organizado.
Han transcurrido catorce años y las familias de los 43 no tienen ni verdad ni justicia; la política de abrazos no balazos, solo sirvió para evidenciar la indolencia y complicidad de los últimos cuatro gobiernos frente a la inseguridad, abonando con ello a la creciente impunidad con que operan las industrias criminales.
Respecto al gobierno actual, en días pasados su titular Claudia Sheinbaum convocó a una asamblea nacional para informar sobre las negociaciones con el mandatario norteamericano Donald Trump, después de ordenar el desalojo de las madres buscadoras que se encontraban en la plancha del zócalo capitalino esperando ser recibidas por ella. En el acto, las madres buscadoras no le merecieron comentario alguno, tampoco hizo alusión a la situación de las y los desaparecidos en el país, mucho menos mencionó los estremecedores hallazgos de las madres en el rancho Izaguirre en Jalisco, que para ese entonces ya habían sido ampliamente difundidos.
Gobernar mediante el terror
La investigación realizada por Roberto, muestra que la expansión de los múltiples negocios del crimen organizado, que dicho sea de paso superan por mucho el tráfico de drogas, ha sido posible gracias al contubernio con las autoridades de los tres órdenes de gobierno nacional. La desaparición forzada se muestra como la estrategia atroz y cruel que el capital junto con el crimen organizado, han puesto en marcha para hacer crecer no solo su capital, también sus ejércitos de reserva, desplazando a pobladores de sus territorios, ocupando y explotando sus tierras, controlando zonas de tránsito, inclusive ciudades enteras para traficar drogas, personas, jóvenes, niñas y adolescentes, es decir, cuerpos con nombre, historia y familia que para el necrocapital no son más que objetos desechables.
Infundir miedo y sembrar terror en la población es parte de esta estrategia, produciendo un tipo de subjetivación que inmoviliza, obstaculiza la construcción de lo común, dificulta la organización para protestar y exigir justicia al tiempo que facilita la intervención de organizaciones y grupos delictivos para exigir derecho de piso, bajar los precios de cosechas, entregar tierras, obligar al éxodo de los pobladores de sus lugares de origen, a trabajar a destajo sin el pago correspondiente. Dicho en forma breve, la conducción de los comportamientos de la población, son gobernados desde el miedo y el terror.
Nada está aislado ni sucede de manera fortuita, todo se encuentra articulado en el entramado de la complicidad gubernamental que niega y oculta la cifra de más de 120 mil desaparecidos en este país. Hoy como ayer, atestiguamos nuevamente las mismas respuestas gubernamentales: minimizar, invisibilizar, negar, ocultar, buscar culpables o fabricarlos, denostar a organizaciones de derechos humanos incómodas, hacer a un lado a grupos de madres buscadoras cuyas hijas, esposos, padres, hermanos e hijos fueron desaparecidos de manera forzada, alejados de su casa, escuela, barrio o iglesia; llevados bajo engaño a terminales de autobuses para después no saber más de su paradero.
¡TEUCHITLÁN NUNCA MÁS!
Luego de la amplia movilización en diferentes ciudades, Sheinbaum se vio obligada a referirse al Rancho Izaguirre; anunció seis medidas (Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia seis acciones inmediatas contra el delito de desaparición), mismas que han sido fuertemente criticadas por diversos colectivos de familias buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos (Colectivos critican plan de Sheinbaum y exigen justicia para desaparecidos) por considerar que no son iniciativas nuevas, sino pendientes que se arrastran desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda en 2017.
Lo que sí hizo la Fiscalía General de la República (FGR) después de atraer el caso, fue negar el acceso a las madres buscadoras para participar en la inspección del lugar en el que se cometieron las atrocidades por ellas denunciadas. En una carta abierta, respondieron así a esta decisión:
“Inadmisible que a nuestro colectivo y las demás víctimas, se les quiera excluir por parte de la Fiscalía General de la República pues nos están violando nuestros derechos como víctimas, solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues NO quieren que estemos presentes en el Rancho Izaguirre (lugar atroz en donde descubrimos la gran infamia de Jalisco) y por tanto en el procesamiento, nosotros hicimos el trabajo que le correspondería hacer al gobierno de Jalisco y ahora resulta que les incomodamos, no aceptaremos ya más simulación por parte de del gobierno. Ya empezamos mal Alejandro Gertz Manero, ya no soportamos tanta indolencia, falta de empatía y arrogancia gubernamentales, ¡ya basta!” (Alerta del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco)
Las atrocidades cometidas en ese sitio no pueden pasar desapercibidas; continuar con nuestra rutina diaria sin inmutarnos, equivale a aceptar la forma en que se gestiona el dolor de las familias: inacción, omisión y complicidad estructural por parte de los gobiernos de todos los colores y autoridades de todos los niveles, alimentando y extendiendo cada vez más el manto de impunidad gracias al cual el número de desaparecidos en el país no ha hecho sino aumentar.
Los días transcurren sin que las múltiples interrogantes que detona el caso Teuchitlán encuentren respuestas creíbles; tampoco las demandas de las madres buscadoras soluciones concretas. En Jalisco como en otras entidades y a nivel nacional, la irritación social crece y se escucha cada vez con mayor fuerza, fue patente en la jornada de protesta realizada en al menos 23 ciudades del país el pasado domingo 16 de marzo, donde después de marchar, se colocaron 400 pares de zapatos con una veladora en la plancha del zócalo de la Ciudad de México, enviando un fuerte mensaje: ¿PRESIDENTA AHORA SÍ NOS VE? Estemos atentas y atentos a todo lo que viene, no permitamos que la confusión nos envuelva, digamos no la construcción de otra verdad histórica gubernamental para salir del paso. Son demasiadas las interrogantes que deben ser esclarecidas, no quitemos el dedo del renglón para exigir respuestas.
[1] González Villarreal, R. (2022) La desaparición forzada en México. Ed. Pax.
Fotografía: Norberto Soto Sánchez
