Por: Berenice Chavarría Tenorio. 25/07/2022
Ciudad de México.- Aunque diversas organizaciones y feministas han señalado que la creación o modificación de marcos legales no contribuye de manera concreta a la erradicación de la violencia feminicida, las propuestas para homologar el delito continúan. Tal es el caso de la iniciativa presentada por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y la senadora Gabriela López Gómez, la cual pretende estandarizar perspectivas a nivel nacional.
Abogadas y defensoras han asegurado que el problema de fondo sobre el crecimiento de la violencia contra las mujeres son las negligencias y omisiones perpetradas por las autoridades. Por ello, que el delito feminicidio sea considerado en los códigos penales no ha garantizado el acceso a la justicia para las mujeres.
Fue el 14 de junio de 2012 cuando se reformó el artículo 325 del Código Penal Federal para tipificar el delito de feminicidio. Sin embargo, la disparidad conceptual en la construcción del tipo penal ha traído “afectaciones que son visibles en el actuar que realizan ministerios públicos a través de policías y peritos”, afirman Sánchez Cordero y López Gomez en su iniciativa.
En ese sentido, se propone reformar el artículo 85, así como derogar el artículo 325, ambos del Código Penal Federal.
La iniciativa también propone reformar el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de unificar y homologar la tipificación y punibilidad del delito de feminicidio en todo el territorio nacional.
“Al ser una ley general, da la pauta para que todas las autoridades que tengan la obligación de investigar y sancionar el delito de feminicidio tengan un mismo parámetro de razonamiento y argumentación. Esta reforma iría acompañada de la derogación del artículo 325 del Código Penal Federal y, a su vez, con un artículo transitorio que pida a los congresos estatales que realicen los ajustes legales necesarios para armonizar sus códigos penales de conformidad con lo previsto en la Ley General antes señalada”, destaca el documento.
Para la doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos, Mariana Espeleta Olivera, quien también es académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), esta propuesta responde a la recomendación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingés) emitida en 2021, donde se exhorta a México a homologar la tipificación del feminicidio.
La académica remarcó que esta iniciativa es distinta al proyecto presentado por el ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: en sus palabras, esta última tiene un trasfondo “político” y no busca prevenir la violencia feminicida, únicamente es punitivista y “espectaculariza la violencia de género y el feminicidio”.
Ante esto, Mariana Espeleta recomendó analizar cuál es la figura legislativa más adecuada. Además, reiteró que el problema no está en las herramientas que se crean, sino cómo trabajan las y los impartidores de justicia con ellas.
“Parece que este proyecto ha pasado desapercibido”, aseveró la académica. “La mejor manera para tener o mejorar el tipo penal de feminicidio –en el marco de reconocerlo como problema sistémico– tendría que estar ayudada por un parlamento abierto para que sea la sociedad civil, academia y víctimas indirectas quienes participen y den los mejores elementos para hacer mejoras o cumplir con la recomendación de CEDAW”, sentenció la especialista.
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Fotografía: Cimacnoticias
