Jorge Salazar García 13/02/2018
“Nunca me imaginé observar las garras, la saña con la que defiende el gobierno a empresas que sólo vienen a traer devastación y pobreza”
Como respuesta a las presiones del sector empresarial y ante la posibilidad del triunfo de una oposición antirégimen, el grupo de tecnócrata (Salinas, Fox, Calderón, Anaya, Moreiras, Duartes, Diego Fernández de Ceballos, Beltrones, Montiel, Del Mazo, etcétera) encabezado por Peña Nieto, acordó dos cosas: acelerar el cumplimientos de los compromisos asumidos con los inversionistas extranjeros y evitar el arribo de Manuel López Obrador a la presidencia. El segundo aspecto no se tocará en esta ocasión y del primero nos referiremos específicamente a las reacciones populares relacionadas con la industria extractiva.
En el mes de agosto del año pasado, La Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) emitió un comunicado solicitando urgentemente apoyo para “detener la minería metálica a cielo abierto en los municipios de Actopan y Alto Lucero, Veracruz”, debido a que la empresa Candelaria Mining había solicitado (17 de agosto) a la SEMARNAT aprobara sus actividades extractivas para el proyecto “La Paila” (antes Caballo Blanco). Al mismo tiempo, LA VIDA, prevé mayores obstáculos para la lucha, en virtud de que a unos cuantos kilómetros al sur del proyecto la Paila, otra empresa (Almaden Minerals) ha iniciado actividades de exploración de minerales para el proyecto “El Cobre”.
El 19 de agosto de 2017[1], representantes de 33 pueblos y 64 organizaciones provenientes de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosi, Estado de México y Tamaulipas, se pronunciaron para denunciar la violencia que el Estado ejerce en “contra de los defensores de la vida y el territorio …que facilita la práctica terrorista de las empresas” Por supuesto se refieren a las compañías gaseras, mineras, petroleras e hidroeléctricas, principalmente.
El 24 de septiembre (2017) ciudadanos provenientes de 17 localidades, 3 diputados (distritos 26,30 y 29) y 3 presidentes municipales de MORENA (Minatitlán, Jaltipan y Xalapa) del estado de Veracruz emitieron la “Declaración de Minatitlán” de la cual se extrae lo siguiente:
*El modelo energético impuesto en el país (…) no responde a los intereses populares, es gravemente dañino para el ambiente y para la habitabilidad, el trabajo y la salud de la población, es por ello violatorio de los derechos humanos”
*La privatización de la tierra, el trabajo, la salud, educación y los bienes comunes…debilitan, distorsionan e incluso aniquilan las culturas y pueblos originarios que dan sustento a la nación.
*Los lineamientos de uso de agua subterránea aprobados por la Comisión Nacional del Agua legaliza el fracking (…), así como el trasvase de aguas superficiales y subterráneas para su uso industrial.
Por estas razones, CONVOCAN a los pueblos a organizarse para rechazar el fracking y promover la cancelación de las Leyes que lo permiten, porque pone en riesgo el suministro de agua saludable para las personas.
La PGR, delegación Puebla, cita para el 31 de enero (2018) a varios integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) como indiciados en una causa penal (desconocida). Con esta acción, el gobierno federal busca detener la lucha de estos ambientalistas que se oponen a la expoliación de lo recursos naturales en la región norte de Puebla.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el 15 de enero de 2018 DENUNCIA públicamente los mecanismos empleados por empresarios y gobierno para impulsar la extracción a cielo abierto. Se resume a continuación su contenido:
- Las empresas e instancias gubernamentales financian sus inversiones con fondos públicos, aduciendo “Responsabilidad Social Empresarial”, “Minería Socialmente Responsable” o “Minería Sustentable” generando desinformación, simulación y disimulo.
- El discurso de protección de la naturaleza, generación de empleos, desarrollo y bienestar para la gente ha quedado totalmente invalidado por la realidad. Lo que sí deja esa industria, son beneficios mínimos y una gran devastación ambiental permanente, eso sin olvidar la pérdida de vidas por las afectaciones al agua, al aire y al tejido social.
El 7 de febrero de 2018, las comunidades de Alto Lucero y Actopan se declararon libres de minería y manifiestan a las autoridades locales y federales su decisión de no permitir “actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente”. Dicha declaratoria, fundada en actas de asambleas agrarias y populares, fue entregada a la autoridades competentes.
Gloria Muñoz, articulista de la Jornada, en su columna “Los de Abajo”, publicada el 10 de febrero, comenta la represión de que han sido objeto los ciudadanos mexicalenses integrantes del movimiento “Mexicali Resiste” sólo por oponerse a que el agua sea entregada a una compañía cervecera gringa (Constellation Brands). De esta nota se tomó el epígrafe citado arriba para dar cuenta de la creciente indignación de los ciudadanos ante la consolidación del contubernio de funcionarios con empresarios.
Como puede verse, el futuro se vislumbra rojo. Los pueblos no tienen otro camino que la lucha frontal contra esas compañías; su sobrevivencia depende de ello. La sangre, como siempre, fluirá de un solo lado. Es decir, sólo manara de la gente del pueblo masacrado, caído en enfrentamientos represivos ordenados por las empresas y el gobierno. De los empresarios y funcionarios sólo fluirá dinero y órdenes para poner en acción a sus sirvientes (guardias de seguridad, sicarios, políticos, policías y soldados).
Esta probado; los territorios donde ya han operado estas megaindustrias sufrieron afectaciones multidimensionales e irreversibles. Por ello, sus proyectos están condenados a desaparecer y sus promotores lo saben. Sin embargo prosiguen porque calculan obtener grandes utilidades con el apoyo de las autoridades antes de que las comunidades los corran.
Como se afirmó al principio, el gobierno federal ha intensificado, paralelamente al allanamiento legal y el otorgamiento de permisos y concesiones, la criminalización de la lucha ambientalistas. David Brooks, corresponsal de la Jornada, en Nueva York, refiere el 3 de febrero de 2018 “casi 200 defensores de la Tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2017” Por su lado, el último informe de Global Witness, registró 197 activistas ultimados en el mundo “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”.
Lamentablemente eso sólo muestra la punta del iceberg ya que muchos casos son archivados y ocultados por los funcionarios públicos de los tres niveles. Esos luchadores debieran ser los héroes admirados por las nuevas generaciones, no los que trafican con droga, armas, negocios e influencias.
Si alguna vez decide usted apoyar estas causas, su participación individual podría ser determinante para evitar que esos crímenes queden impunes y además estaría contribuyendo con una lucha por y para la vida, de la cual sus hijos y descendientes se sentirán orgullosos y digna de preservar. Recuerde que si permitimos echen a pique el barco (la tierra) que nos alberga, nos hundiremos todos.
*S.O.S. es la señal internacional de socorro. Su uso se decidió en 1906 durante una conferencia internacional celebrada en Berlín. Uno de sus significados es “Save Our Ship”
[1] Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente en Defensa de la Vida y el Territorio. Pronunciamiento de Tlapacoyan.
