¡No queremos dinero, queremos justicia!*
Jorge Salazar García. 30/06/2024
Es indignante, pero nada extraña, la indiferencia del gobernador para con las demandas de los trabajadores del campo y la ciudad. Su arrogancia e insensibilidad contrastan con su servilismo dispensado a las trasnacionales depredadoras como la Nestlé y las Granjas Carroll (GC). A punto de concluir el sexenio su abusiva policía le entregó como saldo dos asesinados (Jorge y Alberto Cortina Vázquez) y varios golpeados. El pasado 20 de junio, sin más justificación que su prepotencia, reprimieron brutalmente a los pobladores de Totalco quienes exigían reiniciar el diálogo con las autoridades, acordado el 5 de junio en el plantón instalado frente a la GC. El gobierno, a la impunidad dispensada durante 30 años a esa empresa para cometer ecocidio ambiental, le suma allanamientos, torturas y asesinatos, confirmando la política institucionalizada de dar balazos a los defensores del medio ambiente y abrazos a las trasnacionales.
Para hacer posible lo anterior sin que nadie pague, ha sido necesario mentir y simular desde la llegada (1993) de esa empresa criminal. Hoy mismo la clausura “temporal”, anunciada, de una de las 51 instalaciones porcinas y la desaparición de la fuerza civil es una simulación encaminada a enturbiar las investigaciones y encubrir a los autores materiales e intelectuales de la aberrante represión. Claro, hay ofrecimientos económicos a los deudos, pero nada de asegurar Justicia. Lo dicho por el titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, confirmó que NO piensan cerrar las definitivamente, pues éstas, declaró, están haciendo las “remediaciones” sugeridas. ¿Y los muertos?
Tal como se ha documentado fehacientemente, esa empresa saquea y contamina el agua importándoles nada los daños causado. Lo puede hacer gracias a que el TLCAN y la Agenda 2030 le otorgan protección extraterritorial para sobreexplotar la cuenca hidrológica Libres-Oriental. Hoy quebrados, con agua y tierras contaminadas, perseguidos, amenazados y sin empleo seguro, los afectados, organizados en el Movimiento en Defensa del Agua demandan que se larguen definitivamente las empresas trasnacionales porque destruyen “el medio ambiente al saquear miles de millones de metros cúbicos de agua”.
Protección institucional.
Claro, el abuso y la prepotencia de esas granjas es equivalente a la protección oficial recibida desde el gobierno. Por ello los funcionarios ocultan sus delitos ambientales y, más que nada, los subsidios otorgados a las Granjas, dizque para tratar sus residuo. Esa añagaza, ya descubierta, consiste en presentar a la empresa como ecologista en cuanta oportunidad se presenta. Lo hizo el gobernador en Boca del Río el 27 de junio cuando afirmó haber cumplido con la Agenda 2030 protegiendo el medio ambiente. Cuitláhuac se refería al compromiso asumido en la cumbre climática de Paris (2015) donde México se comprometió a disminuir el 3% de los gases de efecto invernadero (GEI), como el gas metano generado por las excretas animales. Tres años después, durante las conversaciones sobre el cambio climático realizadas en Bankok Tailandia, la 4T presentó a las GC como ejemplo a seguir en la cría industrial de cerdos. Autoridades y empresarios, se cubrieron de gloria; el gobierno “cumpliendo” lo firmado en Paris; y la empresa, recibiendo su certificación de limpia.
Tal vez la magnitud del problema se aprecie mejor calculando la cantidad de excremento producido por medio millón de cerdos por día. Si un cerdo adulto diariamente excreta, en promedio, 6 kg y un humano 0.150 kg, significa que expulsa ¡40 veces más! Multiplicando los 6 kilos por el medio millón de cerdos, resulta que diariamente son tiradas a cielo abierto ¡3000 toneladas de caca! Los biodigestores instalados o no funcionan o son insuficientes. Lo más indignante es que el gobierno paga a Granjas Carroll por tratar los residuos que ellos mismos generan.
El poder de GC emana del monopolio estadunidense Smithfield Foods (dueña de GC) que ostenta el primer lugar mundial en la producción cárnica porcina. Eso explica porqué, a pesar de que los pobladores llevan 30 años exhibiendo la patraña de reciclamiento, los excrementos, combinados con múltiples sustancias químicas (vacunas, sueros, insecticida, fármacos, etcétera) son vaciados en lagunas (de oxidación les llaman) desde las cuales se minan hacia los mantos acuíferos; no sin antes apestar el aire y producir plagas y enfermedades en los alrededores.
Breve y negra crónica
La Smithfiel Foods tiene un historial criminal. Sus dueños fueron sancionados con multas y cárcel en 1985 por contaminar el río Pagan (Virginia). Más tarde (1996) reincidieron al manipular las muestras del agua contaminada intencionalmente con sustancias tóxica; los volvieron a multar. Al entrar el nuevo milenio (2000), ambientalistas estadunidenses aportaron pruebas a la Suprema Corte de Justicia de que esa industria “contaminaba las corrientes de agua y aire”, y demandaron la reparación “del daño causado a ríos y riberas de Carolina del Norte”. Lo anterior, por supuesto, fue ocultado en México, con el objetivo de justificar los subsidios y protección otorgados.
En 2005, habitantes de Veracruz y Puebla se organizaron para evitar la ampliación de las GC. Hubo marchas y protestas pero, como de costumbre, las autoridades se pusieron del lado de la empresa y emprendieron planes orientados a dividir a la gente con despensas, perseguirla e, incluso desaparecerla.
El Día de Reyes de 2006, siendo diputado, Atanacio García (padre de Cuitláhuac) presentó el caso en la LX legislatura local. Al siguiente día, acompañado de autoridades del ramo ambiental, realizó un recorrido durante el cual fueron hostigados por personal de la empresa. Llegado marzo, una comisión de diputados federales se apersonó en el lugar constatando algunas “irregularidades”. En respuesta, la PROFEPA decidió no otorgar el certificado de industria limpia hasta que se solucionara lo observado; pero que, al no probarse delito ambiental alguno, las granjas continuarían activas. El broche de oro lo puso Fidel Herrera el 22 de abril del mismo año. Este gobernador (2004-2010) inauguró en el museo interactivo la expo-feria ambiental. Ahí, ante los medios, calificó de ejemplares los procesos de protección ambiental desarrollados por las Granjas las cuales, agregó, mantenían el cielo y aire limpios, sin olores ni moscas. Destacó también que GC protegía los mantos acuíferos colocando geomembranas bloqueadoras de contaminantes contenidos en las heces animales. Un mundo feliz, según este señor apodado la nauyaca.
En 2007, para detener las protestas, Fidel, mostrando su lealtad a las GC, dio trámite expedito a las denuncias interpuestas contra 5 defensores del medio ambiente (Margarita Hernández Burgos, Bertha Crisóstomo, Verónica Hernández, José Luis Martínez y Guadalupe Serrano) que demandaban su cierre.
Dos años después, 25 comunidades reunidas en la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales demostraron que las actividades de la empresa afectaban a más de 100 mil personas de la región y la responsabilizaron del surgimiento de la gripe porcina (virus de influenza AH1N1).
Para el 2019 la Semarnat, declaró la Cuenca Libre-Oriental como un infierno ambiental. Secundada por Conahcyt en 2021 calificó como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. No obstante, las persecuciones y la ignomia no han cesado, como se constató en este aciago mes. Primero fueron los asesinatos, después vino la burla de las autoridades de no acudir al dialogo pactado y finalmente el grotesco papel que Cuitláhuac jugó en Boca del Río. Una traición más que ya no tendrá “remediación”.
El día de hoy, reunidos campesinos y autoridades ejidales en Ocotepec, Puebla, conjuntamente con organizaciones solidarias, acordaron, en lo inmediato realizar ruedas de prensa en Puebla y Veracruz, organizar otro plantón frente a las GC, demandar castigo a los asesinos, expulsar a las trasnacionales y hacer un pronunciamiento nacional como Coordinadora Regional de la Defensa de la Cuenca Libre-Oriental, entre otras acciones pacíficas, aunque los sigan matando.
Ironía política.
Como se asentó antes, Atanacio García, a diferencia de su hijo, apoyó la causa en 2006. Siendo diputado, presentó denuncias contra directivos de la empresa por coacción, amenazas, difamación y falsedad ante la autoridad. Posteriormente logró una excelente relación con el hombre enlistado por la revista Forbes (2013) entre las 10 personas más corruptas de México (Fidel Herrera). Hoy su hijo paradójicamente, se puso al servicio de la empresa durante 6 años. ¿Fue eso pactado?
Ah, por cierto, en la zona, dicen los lugareños, hay litio y el gobierno tiene programados varios corredores industriales para ser entregados a las grandes corporaciones extranjeras. Y eso que no son iguales que los neoliberales, presumen.
*Familiares de los asesinados.
