Por: Rebelión. 12/09/2018
El Colectivo Harimaguada lamenta la actitud del gobierno español de revocar la autorización que dio el Ministerio de Trabajo a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), paralizando así una iniciativa democrática de autoorganización del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales en defensa de sus derechos laborales.
Así mismo este Colectivo muestra su asombro y desconcierto ante las declaraciones de diversos representantes del gobierno y ante el debate generado, en el que se llega a confundir, una vez más, la prostitución con la trata de personas con fines de explotación sexual, creando así estereotipos estigmatizadores que afectan directamente a las trabajadoras del sexo. Precisamente es el estigma asociado a ganarse la vida con la prostitución el mayor problema al que éstas se enfrentan, y políticas e intervenciones como la que analizamos, lo magnifican.
La realidad no se puede falsear, estableciendo adulterados y emocionales debates en torno a prostitución sí o prostitución no. Estamos de acuerdo en que el trabajo sexual se está generando en un sistema neoliberal y hetero-patriarcal, en que somos muchas las personas que luchamos contra él y por construir una sociedad centrada en las necesidades humanas, igualitaria, diversa, equitativa y justa, donde todas las personas tengamos los mismos derechos, donde todas las mujeres del mundo podamos tener una vida autónoma, digna y libre.
Pero también hemos de reconocer que no podemos ignorar a las personas que participan voluntariamente (dentro de los límites que nos permite esta sociedad) en la prostitución, que se reconocen como trabajadoras y que están exigiendo cuestiones básicas como lugares seguros para trabajar y derechos laborales y sociales.
Lo que realmente debería provocar indignación es que la patronal del trabajo sexual, los empresarios de clubes de alterne, estén organizados y reconocidos legalmente para preservar sus intereses y que las trabajadoras no puedan auto organizarse para defender sus derechos.
Ante ello solo podemos estar a favor de los derechos de las trabajadoras del sexo o condenarlas al abuso laboral, la exclusión y la clandestinidad, pues es evidente que las políticas sancionadoras no han logrado sus objetivos, aumentando la vulnerabilidad de las personas a las que pretende proteger . Solo nos corresponde plantearnos qué podemos hacer para contribuir a mejorar sus vidas dentro del sistema actual, pero teniendo cuidado con pensar que somos nosotras las que tenemos estas respuestas, sin contar con ellas.
Las trabajadoras del sexo se reconocen como trabajadoras y están exigiendo derechos. Es imprescindible que la sociedad las escuche para hallar nuevas perspectivas al tratar y hablar de prostitución, que no las prive de esos derechos humanos básicos.
Y uno de los primeros pasos para lograrlo pasa por su auto-organización, pues ésta las fortalece como protagonistas de sus vidas, permitiéndoles visibilizarse públicamente, crear conciencia colectiva y reivindicar sus derechos. La visibilización pública de las condiciones en las que están trabajando contribuye también a romper con el estigma de la prostitución y con los estereotipos con los que se les define.
Lo cierto es que no existe ningún otro sector en el que se permita tener a trabajadores sin que estos se puedan sindicalizar. Recordemos que la compra y venta de sexo por parte de personas adultas no es un delito penal en el Estado español, y que también es legal tener un establecimiento en el que haya prostitución siempre que las trabajadoras del sexo sean adultas, independientes y no presionadas y que la propietaria o propietario no obtenga beneficios económicos de su trabajo (entendiendo éste como el “contacto carnal”), trabajadoras que ven sistemáticamente vulnerados y desprotegidos sus derechos.
La autoorganización de las trabajadoras y los trabajadores del sexo no va a promover mayor explotación sexual. Muy al contrario, dará apoyo y reconocimiento público a quienes llevan reivindicando derechos y denunciando la explotación sexual desde hace mucho tiempo. Como en cualquier otro sector, las empodera, haciéndolas menos vulnerables ante el abuso y la explotación.
Por lo tanto, un gobierno que se autodefine como progresista debería aplicar políticas sobre trabajo sexual basadas en los derechos humanos y en una perspectiva feminista de justicia social, donde los espacios de participación y representación de estas mujeres y el reconocimiento de sus derechos sean una realidad.
Queremos derechos para todas, todas, todas, desde el reconocimiento de las necesidades y realidades diversas y concretas y partiendo de la aceptación de sus posibilidades como sujetos dueños de sus cuerpos y de sus vidas. ¡Esperamos que seamos capaces de avanzar en este camino!
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Fotografía: El País
