Por: Ana Mangas. 08/05/2024
El trabajo forzado, que afecta a casi 28 millones de personas en el mundo, produce beneficios ilegales de 236.000 millones de dólares al año. El Parlamento Europeo acaba de aprobar un reglamento para combatirlo.
Las organizaciones criminales son maestras en adaptarse a las situaciones cambiantes. Desde explotar las ventajas de la globalización y los avances tecnológicos hasta sacar tajada en contextos de crisis de seguridad, alimentarias, sanitarias o climáticas. El esclavismo moderno, que incluye el trabajo y el matrimonio forzosos, se sitúa en este marco. De manera específica, el trabajo forzado, que afecta a casi 28 millones de personas en todo el planeta, arroja la cifra de 236.000 millones de dólares de beneficio anual, unos 10.000 dólares por víctima.
Se trata de un lucrativo negocio que se nutre de diversas causas, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, los conflictos y la degradación medioambiental. Además, se beneficia de otros factores ligados a las estructuras económicas globales, como la concentración de la riqueza y la propiedad, así como las dinámicas de subcontratación, la falta de protección laboral, la impunidad para los perpetradores y las políticas migratorias restrictivas, que generan vulnerabilidad. Todo esto crea una mano de obra extremadamente expuesta a la explotación, convirtiendo el trabajo forzoso en un negocio ilícito muy ventajoso. Pero, ¿quiénes lo sufren? ¿Dónde y cómo se produce? ¿Qué impacto tiene a nivel global?
El trabajo forzoso se define como aquel que se realiza «de manera involuntaria y bajo la amenaza de una pena», según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este contexto, los instrumentos de coacción utilizados son variados e incluyen la intimidación, la violencia, el engaño, la servidumbre por deudas, la retención del pasaporte y la amenaza de denuncia a las autoridades migratorias.
Las personas más vulnerables al trabajo forzoso son aquellas que ya sufrían situaciones de pobreza, exclusión y discriminación de base
Los datos demuestran que las más vulnerables son aquellas personas que ya sufren de base una situación de pobreza y exclusión social, discriminación por raza, género o casta. Esto incluye a trabajadores informales e inmigrantes irregulares, quienes tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir este tipo de explotación. De ellos, el 12% son menores de edad y casi el 40% son mujeres y niñas (4,9 millones sufren de explotación sexual comercial forzada). La explotación sexual es una de las vertientes del trabajo forzoso más rentable, que, aunque representa solo el 27% de este, genera el 73% de los beneficios totales.
El trabajo forzoso está globalizado, aunque su prevalencia varía de una región o país a otro, y puede ser impuesto incluso por el Estado. Un ejemplo de esto es Corea del Norte, un régimen autoritario que emplea estas prácticas como castigo contra cualquier forma de disidencia. También se ha denunciado la situación de los uigures y otras comunidades musulmanas en la región de Xinjiang, China, donde se teme que están siendo sometidos a este tipo de abusos en sectores como la recolección de algodón, el procesamiento de pescado y la industria de paneles solares.
Sin embargo, el trabajo forzado se produce mayoritariamente en el ámbito privado, representando el 86% de los casos. Curiosamente, algo más de la mitad de estas situaciones ocurren en países de renta media-alta y alta, desmintiendo la idea preconcebida de que este problema se limita únicamente a las economías empobrecidas.
Aunque la región de Asia-Pacífico registra el mayor número de personas sometidas a trabajos forzosos, son los países árabes los que presentan una mayor prevalencia, en gran medida debido al sistema de patrocinio kafala. Este deja al trabajador migrante totalmente a merced del empleador, creando un entorno propicio para el abuso. Se han documentado sucesos trágicos relacionados con trabajadoras domésticas de origen africano y asiático que han sufrido todo tipo de maltratos. En los últimos años, algunos países como Arabia Saudí, Líbano, Jordania o los Estados del Golfo, han anunciado reformas, e incluso han decretado su abolición, como en el caso de Qatar. Sin embargo, será necesario seguir de cerca la evolución de estas prácticas para determinar si la situación mejora realmente.
A pesar de que está presente en una amplia gama de actividades económicas, hay algunas en las que existe una mayor probabilidad de que se instaure el trabajo forzoso. De hecho, las prácticas de las empresas y los hábitos de consumo alimentan en gran medida el riesgo de explotación en las primeras líneas de las cadenas de suministro. Según el Índice Global de Esclavitud 2023, los países del G-20, responsables del 75% del comercio mundial, consumen muchos productos con riesgo de trabajo forzoso, como los electrónicos, la ropa, el aceite de palma, los paneles solares y los textiles, sin olvidar sectores como el de la pesca, la cosecha de granos de cacao o la extracción de materias primas.
Los instrumentos de coacción incluyen la intimidación, el engaño, la retención del pasaporte y la amenaza de denuncia a las autoridades migratorias
La Unión Europea ha dado recientemente un paso importante para abordar este problema: el Parlamento ha aprobado una norma para prohibir la entrada al mercado único de productos fabricados mediante trabajo forzado. Entre los países que están haciendo más esfuerzos en la lucha contra el esclavismo contemporáneo se encuentran Reino Unido, Austria y Holanda, según la ONG Walk Free.
La esclavitud, en todas sus variantes, es una práctica inmoral que representa un desprecio hacia los derechos humanos y la dignidad, siendo perjudicial tanto para la productividad económica como para la prosperidad social. Además, suele estar estrechamente vinculada con distintas formas de delincuencia organizada. Y a esto se suma su impacto perjudicial en el medio ambiente. Las catástrofes climáticas actúan como multiplicadoras del riesgo de esclavitud y la trata de personas, pero, al mismo tiempo, la mano de obra forzada suele llevarse a cabo en actividades dañinas para los ecosistemas, como la tala ilegal o la minería altamente contaminante, creando así un peligroso círculo vicioso.
Una de las principales metas del ODS 8 es la erradicación de la mano de obra forzosa, el trabajo infantil y toda forma de esclavitud. Sin embargo, los datos muestran una tendencia al alza en los últimos años, lo que nos alerta sobre la urgencia de tomar medidas contundentes para aplicar la ley contra estos delitos. Este escenario nos obliga más que nunca a mejorar la protección social y la educación y fortalecer la gobernanza en las migraciones. Es crucial garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y abordar la economía informal, pero, sobre todo, reconocer la interconexión entre los grandes retos globales, como la esclavitud moderna, el cambio climático, la pobreza, las brechas de desigualdad y la discriminación, para poder diseñar una estrategia global e integral y movilizar recursos de manera efectiva.
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Fotografía: Ethic
