Por: Araceli Damián. Aristegui Noticias. 28/08/2017
Las desfavorables condiciones que enfrentan las mujeres en diversos ámbitos de la vida social y económica llevaron al desarrollo de un amplio movimiento feminista, en demanda de mayores oportunidades para su desarrollo. Si bien es cierto que actualmente tenemos amplio acceso a la educación y más mujeres participamos en el mercado laboral, un buen número de ellas recibe salarios más bajos que los hombres, aun cuando desempeñan el mismo tipo de trabajo o tienen un nivel educativo similar. Asimismo, cada día aumenta su carencia de tiempo libre o viven violencia intrafamiliar y/o social.
Las diferencias en el ingreso por sexo se deben, en parte, a que las mujeres trabajan en mayor proporción en empleos de tiempo parcial, debido a su necesidad de combinar la actividad económica con labores domésticas. Esta situación se refleja en un menor número de horas trabajadas por las mujeres en actividades remuneradas. Así, en el segundo trimestre de 2017 laboraban, en promedio, 37 horas a la semana, mientras el promedio de los hombres era de 45.4.
La creciente injusticia social ha llevado a que sean las mujeres que pertenecen a hogares en pobreza las que presentan un mayor deterioro relativo de sus ingresos frente a los hombres en los últimos años en México. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), mientras que en 1989 el ingreso de las mujeres de cero a cinco años de instrucción representaba 63% del de los hombres con igual número de años estudiados, para 2014 esta relación bajó a 58%.
En cambio, la desigualdad por sexo en el ingreso de las personas con mayor educación se redujo significativamente en el mismo periodo. Así, mientras que en 1989 el de las mujeres que habían estudiado 13 años o más representaba 47% del de los hombres, para 2014 alcanzó 70%. Sin embargo, la aparente mejora se explica, en buena proporción, debido a que las mujeres sufrieron, por la crisis financiera de 2008, un menor deterioro de su ingreso con respecto a los hombres. En ese año, las mujeres con mayor educación recibían por su trabajo 53% del ingreso de los hombres con el mismo nivel educativo, que comparado con 1989, significó un avance de sólo seis puntos porcentuales en 19 años. En 2010, el ingreso de las mujeres con mayor educación se ubicó en 65% del de los hombres, es decir, en tan sólo dos años la diferencia se redujo en 12 puntos porcentuales adicionales. Como se recordará, dicha crisis generó una caída estrepitosa en el ingreso promedio de los hogares. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, entre 2008 y 2010 dicho ingreso se redujo en 12%.
Una reducción similar de la brecha del ingreso por sexo se observó durante los ochenta y noventa en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, de acuerdo al estudio que realicé para esos años, el descenso no se explicaba por un mejoramiento real de lo que ganaban las mujeres, sino por un menor deterioro de sus ingresos con respecto al sufrido por los varones (1).
Para las mujeres de menor instrucción y con mayor pobreza, el creciente deterioro en su condición de vida se manifiesta no sólo porque su ingreso relativo es ahora más bajo que el de los hombres comparado con 1989, sino porque su pobreza de tiempo se ha agudizado debido a la creciente necesidad que tienen de participar en el mercado laboral para contribuir a sostener al hogar. Así, mientras que, en ese año, 22% de las que tenían hasta cinco años de instrucción participaban en el mercado laboral (una de cada cinco), en 2014 lo hacía ya 36% (una de cada tres). Si bien contar con un ingreso les permite tener una mejor capacidad negociadora al interior del hogar, ello no significa una reducción sustancial de la carga de trabajo doméstico y de cuidado de menores, ancianos y enfermos, ya que los roles de género se han transformado muy poco en este aspecto.
La violencia intrafamiliar y social contra las mujeres es otro de los fenómenos que se ha recrudecido en los últimos años. La expresión más cruda de esta realidad es el continuo asesinato de mujeres por razones de género o feminicidio. Durante el presente sexenio, este tipo de asesinatos se ha elevado con respecto al de Felipe Calderón. Según cifras del INEGI, mientras que entre 2007 y 2012 ocurrían 2,051 feminicidios por año, entre 2013 y 2015, es decir, en los primeros años de gobierno de Peña Nieto, ocurrieron 2,479 al año en promedio (2).
Cabe destacar que también han aumentado las muertes violentas masculinas, pero casi no se habla de ello debido a que se le ha otorgado un carácter de “normalidad”, ya que generalmente este tipo de muertes se relaciona con la delincuencia. Así, mientras que con Calderón morían 18,120 hombres al año, en promedio, por homicidio, la cifra en los tres primeros años de Peña se elevó a 18,690. Esta situación nos habla de la incapacidad de las instituciones para frenar las muertes violentas, que no sólo se explican por la fallida “guerra” contra el narcotráfico, sino por la falta de empleo y los bajos salarios, problemas que manifiestan una violencia institucional no reconocida por parte de las autoridades.
El derecho de las mujeres a la vida y a disfrutar un ambiente libre de violencia tiene que ser parte de la construcción de una sociedad que asegure, tanto para hombres como para mujeres, la posibilidad de que se desarrollen plenamente, no como simple carne de cañón de las empresas nacionales y trasnacionales explotadoras de mano de obra y de la delincuencia organizada, sino como individuos valiosos, como ciudadanos plenos.
- Al respecto véase mi artículo “Tendencias recientes de la pobreza y desigualdades por género en América Latina, Papeles de Población, Nueva Época, Año 9 núm. 38, octubre-diciembre, 2003, Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Población, UAEM. http://www.redalyc.org/pdf/112/11203802.pdf
- Estadísticas del Inegi
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Fotografía: aristeguinoticias
