Mentir con la verdad.

El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto no ingresaron recursos de la empresa brasileña Odebrecht y confió en que las investigaciones que se realizan en México y en el exterior aclararán ese asunto. Que la primera afirmación es una mentira, se sabrá cuando se pruebe que Emilio Lozoya cobró sobornos por 10.5 millones de dólares, como le imputó la firma brasileña Odebrecht; pero la verdad escondida en el discurso del representante de la Presidencia es la segunda parte, las investigaciones en México confirmarán la inocencia de Lozoya. Para dar veracidad a esto último era necesaria la remoción del titular de la Fepade, especialmente porque Santiago Nieto decidió cumplir la principal atribución del organismo que dirigía: investigar, prevenir y perseguir los delitos en materia electoral. El Senado entró en crisis y no es para menos, el riesgo en juego es enorme: si en estos días la Cámara restituye al fiscal electoral removido, la atribución de la Fepade dejaría de ser una mentira.

Las atribuciones asignadas a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) son otra serie de mentiras: debe recibir quejas de presuntas violaciones a las garantías fundamentales; conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos: actos u omisiones de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local, cuando particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local, o cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación a dichos ilícitos. Un grupo de los consejeros/as de la propia comisión y de organizaciones de la sociedad civil que participa en el actual proceso de elección de la Presidencia, enviaron un posicionamiento a la Asamblea Legislativa (ALDF) en el cual argumentan que la actual presidenta de la CDHDF ha convertido en mentira todas esas atribuciones: Perla Gómez Gallardo cerró las puertas a las víctimas de violación de derechos humanos, prohibió el libre acceso y desplazamiento de las y los peticionarios dentro de la institución, cerró la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil por la crítica de éstas a la eficiencia de su administración, dejó de trabajar con las organizaciones que le resultaban incómodas, y más, detuvo la emisión del protocolo para atender los casos de violencia laboral y/o sexual que se presentan al interior de la institución, que han estado atrás de constantes despidos del personal. Una de las actuaciones más criticadas fue la tardía recomendación a la Procuraduría General de Justicia por la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, pese a que el derecho a la libertad de expresión es su tema de especialidad, lo cual confirmamos como su verdad. Nashieli Ramírez, actual candidata para presidir la CDHDF denunció una terrible crisis en la institución, al grado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está por enviarle recomendaciones por su cerrazón a las víctimas. Ramírez Hernández es de las pocas candidatas que cuenta con una amplia trayectoria y vasto conocimiento en torno a los derechos humanos, y con capacidades para establecer un modelo de gestión que coloque nuevamente a la institución como contrapeso y referente, como lo fue en las gestiones anteriores. ¿Estarán dispuestos los/as legisladores de la ALDF a que cuente la ciudad con una institución que defienda la violación a los derechos por parte de servidores públicos?.

A fin de detener y eliminar el feminicidio y otras formas de violencia de género, el gobernador Héctor Astudillo Flores declaró la alerta de género en el estado de Guerrero A partir del 21 de junio incluyeron acciones preventivas y atención sensible a las víctimas en seis municipios (Tlapa de Comonfort, entre ellos) así como la aplicación de protocolos de actuación en la investigación de delitos que dañan a la mujeres. El caso de Yndira Sandoval Sánchez acusa falta de sensibilidad en servidores municipales y de aplicación de protocolos, ella denunció haber sido torturada y violada por una mujer policía en el municipio de Tlapa de Comonfort, y después de un mes sin el debido proceso, tuvo que hacer público el caso. Claudia Juárez, la presunta agresora, habló desde su verdadera condición social “soy incapaz de hacer algo como lo que se me acusa, estoy dispuesta a encarar la verdad (…) yo no soy una gente importante ni preparada pero no soy una violadora…”. Gran verdad dijo Luis Raúl González Pérez, actual titular de la CNDH las alertas de género son un sistema normativo para proteger la vida de las mujeres, pero no se cumplen cabalmente, lo cual ha abonado en el aumento de la impunidad, y por ende, al alza de la cantidad de feminicidios.

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