Por: Raymundo Riva Palacio. El Financiero. 17/02/2018
Ni siquiera en una película cómica se había visto lo que sucedió en el momento más extraordinario, por lo ridículo, de lo que va de las campañas presidenciales. Un precandidato, Ricardo Anaya, confronta al conductor de una camioneta que lo seguía desde hacía días. Decide hacer una selfie grabación para ir narrando lo acontecido. Susurrando, no lo fuera escuchar a quien venía en el otro auto, y con la voz un poco quebrada, Anaya describía lo que pasaba y lo que haría: confrontarlo. Se identificó como José Juan Gaeta, agente del Cisen, apodado El Botas, adscrito a la delegación de Veracruz. Tan inconcebible era el episodio, que parecía un montaje de Anaya. Todo olía a chapuza hasta que el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, decidió engañar a la nación.
“No se trata de un caso ni de espionaje ni de espionaje a opositores ni de medidas de carácter clandestino”, explicó el secretario para minimizar el episodio. “Todo lo contrario, que la persona que va se identifica plenamente, va a bordo de un vehículo oficial, está realizando funciones que es el seguimiento y darle continuidad a las campañas”, dijo Navarrete Prida. “Esto tiene fundamento en el artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional, que señala, entre otras, la obligación del Cisen de preservar los procesos democráticos fundados en el correcto desarrollo del país”.
El secretario torció la Ley de Seguridad Nacional. Ningún párrafo habla de “preservar los procesos democráticos”. En el inciso uno del artículo 19 se señala que el Cisen tiene como atribución “operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de derecho”. El 2 le permite “procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país”. El 5 “proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho”.
¿En dónde el seguimiento a Anaya entra en uno de los cajones que se refieren a la estabilidad y la gobernabilidad? ¿En dónde un candidato se convirtió en objetivo estratégico del Cisen ante el temor que atente contra el Estado mexicano? No conforme, Navarrete Prida dijo que el Cisen tiene el “deber jurídico de monitorear en forma permanente todos los aspectos vinculados con los procesos de trascendencia nacional, sin que ello pueda ser considerado espionaje o actividad clandestina violatoria de derechos humanos alguno”. Tampoco es cierto lo que dijo, en función del contexto donde se refería a Anaya y a la campaña presidencial.
No hay ley alguna que le permita al Cisen seguir, darle seguimiento o monitorear las actividades de un candidato presidencial. Lo que le permite la ley es, mediante un trabajo de inteligencia, vigilar que no haya ninguna amenaza para el candidato, protegerlo de cualquier intento por afectarlo o atentar contra él, porque un incidente de esa naturaleza probablemente generaría inestabilidad y un problema de gobernabilidad, factores de riesgo que sí contempla la Ley de Seguridad Nacional. Pero este trabajo no se hace con El Botas, que, solo, seguía a Anaya para, como es práctica vieja en el Cisen, reportar qué hizo, por dónde estuvo y con quién se reunió. Eso es un trabajo de espionaje, mal hecho –o deliberadamente ineficaz– dirigido contra el candidato, no para brindarle protección.
Navarrete Prida buscó defender lo indefendible. En su mensaje a medios justificó el espionaje a Anaya al informar que desde hace años existen grupos de coordinación del Cisen con los diferentes niveles de gobierno, donde se analizan regularmente lo que se llama la ‘agenda de riesgos’, que estudian para actuar en forma preventiva. Es cierto, ¿pero qué dice la agenda de riesgos del Cisen?: “Es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Asimismo, permite orientar las labores de inteligencia, así como las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas en materia de seguridad nacional encaminadas a dar continuidad al proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo”.
“El seguimiento de las actividades públicas de los precandidatos y candidatos, así como el contexto y contenido de sus actos y actividades proselitistas, forman parte del análisis cotidiano que históricamente realiza el Centro”, añadió el secretario. ¿Para qué? En su presentación, el Cisen dice que es: “un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de derecho. (Su) papel consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país”.
Es decir, lo que ha dicho el secretario de Gobernación son cuentos que buscan engañar a la nación con retórica y conceptos tramposamente adaptados a su propósito político.
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Fotografía: La Silla Rota
