Por: Irving Góngora. CEMEES. 02/04/2020
La crisis actual por el coronavirus ha provocado un malestar colectivo que denuncia las vulnerabilidades de las sociedades actuales. Dichas vulnerabilidades son de antaño y han perdurado a través de los años, pero las personas hicieron caso omiso. Por fortuna para unos pocos y por desgracia para la gran mayoría de los habitantes de los países, la omisión de las fracturas sociales reprodujo las situaciones que, ahora, resultan riesgosas. En el contexto de la cuarentena en varios países, que implicó el cese de la actividad industrial y el tránsito masivo de personas, nos sorprende darnos cuenta de que la contaminación del aire y las aguas son provocadas por nuestros hábitos cotidianos. Se nos hizo evidente que la facilidad actual para viajar entre países desencadenó la propagación del COVID-19 hasta considerarla pandemia. Esta crisis evidenció que la manera en que se lleva a cabo la vida moderna llegó a una contradicción.
Considero que parte de esta contradicción puede observarse en la forma actual en la que está organizado el trabajo. El trabajo es importante porque posibilita la reproducción social al proveer a la población de un pago por su esfuerzo, a la vez que seguridad por parte del Estado. La organización del trabajo permite las condiciones necesarias para la producción de mercancías y la distribución de la riqueza, por lo que los problemas que ocurren en los mercados laborales afectan directamente a la economía y a la sociedad. El brote reciente del COVID-19 evidenció que la organización actual del trabajo es vulnerable, pues no genera situaciones óptimas para su realización. Esta pandemia desestabilizó la economía y desprotegió a los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un comunicado el 18 de marzo que señala las consecuencias de la propagación del coronavirus en el mundo del trabajo. Señaló tres posibles impactos futuros: la reducción en la cantidad de empleos, la calidad de las ocupaciones y los efectos específicos que tendría en la población más vulnerable en los mercados de trabajo. Según las estimaciones de esta organización, se prevé que esta crisis incremente el desempleo (que es el número de puestos no generados) en el mundo, de 5.3 a 24.7 millones. Se estima una reducción mundial del ingreso por el trabajo de 860 hasta 3,440 miles de millones de dólares; también se estima un aumento de los trabajadores en pobreza laboral en un rango de 8.8 hasta 35 millones de personas. La OIT prevé que esta situación sea más perjudicial para los sectores vulnerables de la población, como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores desprotegidos y los migrantes.
La OIT recomienda una serie de acciones para mitigar los efectos que provocaría el coronavirus en las ocupaciones, llamadas “los tres pilares claves para pelear contra el Covid-19 basado en los Estándares de Trabajo Internacional”; estos son: proteger a las personas en el lugar de trabajo, estimular la economía y la demanda laboral, y apoyar los empleos e ingresos. El primer pilar se refiere a las medidas dentro de los espacios laborales como: la higiene, las prácticas de distanciamiento social, el trabajo a distancia, el acceso a servicios de salud y las vacaciones pagadas. El segundo considera políticas de activación fiscal, particularmente medidas para la protección social y la ayuda financiera para estimular a las micro y pequeñas empresas. El tercer pilar, finalmente, plantea extender la seguridad social para todos los trabajadores, incluidos a aquellos en informalidad; medidas de retención del empleo y el alivio fiscal.
Las medidas recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo apuntan a una intervención del Estado para la protección de los trabajadores. Pero esta intervención parece ir en contra de los supuestos del libre mercado que rigen nuestra economía y sociedad. En la medida que el Estado interviene para proteger el trabajo, se generan obstáculos para la libre venta de la mano de obra. El Estado se vio en una encrucijada: proteger a los trabajadores creando obstáculos al mercado o desprotegerlos para privilegiar a la iniciativa privada.
El Estado mexicano, desde hace décadas, ha optado por la protección del mercado y de los empresarios para lograr el crecimiento económico, en detrimento de los trabajadores. Las medidas promovidas por la OIT, aunque necesarias, fueron omitidas en beneficio de unos cuantos. Del total de la población ocupada en nuestro país en 2019: el 5% fue empleadora, mientras que el 68% asalariada y el 23% autoempleada. Lamentablemente, ante esta pandemia, el privilegio que el gobierno otorgó a la minoría empleadora tuvo estragos para el resto.
Una de las consecuencias de lo anterior es la individualización del riesgo. En principio, es el Estado quien debe proveer seguridad a su población, obligando a los empleadores a registrar a sus trabajadores en algún esquema de protección social. Debido a los altos costos que genera este registro para los empresarios, se cambió a un nuevo esquema que trasfiere la responsabilidad de la protección a los individuos. Según datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México, para el segundo trimestre de 2019, el 61.8% de los ocupados careció de acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo; y el 70% tuvo un ingreso laboral de hasta 3 salarios mínimos, lo que equivalió a poco más de 7,000 pesos al mes. La mayor parte de la población careció de seguridad social y debió procurar su salud con sus escasos ingresos.
Una de las acciones sugeridas ante el brote del coronavirus actual es permanecer en nuestras casas y estar menos tiempo en los centros de trabajo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países en el mundo, en la que su población le dedica más horas al trabajo. Los mexicanos tienen la necesidad de trabajar la mayor cantidad de tiempo posible, ya que para 2019 el 27% de la población laboró más de las 48 horas legales en el país; sin considerar el gasto de tiempo de traslado de la casa al trabajo.
Otra consecuencia de los cambios en el trabajo ha sido la inestabilidad en las ocupaciones. Un empleado tiene certeza legal de que permanecerá en su puesto indefinidamente, siempre y cuando, su empleador le otorgue un contrato de trabajo por escrito. Dicho contrato garantizaría, también, el disfrute de prestaciones laborales importantes como las vacaciones pagadas. En México, sin embargo, durante 2019, del total de asalariados, el 44% careció de contrato escrito de planta y el 36% de prestaciones sociales. En el contexto de esta cuarentena, las autoridades piden a los trabajadores mexicanos que dejen de asistir a sus empleos. Pero gran parte de estos trabajadores carecen de un aval legal que asegure, por un lado, su retorno a sus ocupaciones cuando cese la cuarentena y, por otro lado, que les serán pagados los días de ausencia.
Esta crisis ha develado a la población mexicana algunas vulnerabilidades de la organización del trabajo. Las redes sociales y en otros medios de comunicación han retratado diferentes situaciones de injusticia laboral; por ejemplo: personas que generan sus recursos día con día en trabajos informales, en las calles, desprovistas de derechos laborales; trabajadores mandados a su casa sin goce de sueldo; despidos injustificados por la situación del coronavirus; empleados que prestan un servicio social indispensable bajo condiciones precarias en sus ocupaciones; entre otras. Todas estas situaciones existen desde hace años, pero es ahora, cuando esta crisis interfiere con nuestra cotidianidad, que las reconocemos.
Parece que, ante esta falta de seguridad social, las personas hacen un llamado a la solidaridad. Las autoridades nos piden a la población que seamos conscientes de los perjuicios resultados por no acatar las medidas de mitigación del coronavirus. Me parece, también, que ahora es el mejor momento para que nosotros nos demos cuenta de los perjuicios económicos y sociales de las acciones de nuestro gobierno. Pienso que desde ahora debemos estar alertas de la existencia de los riesgos en México. Si queremos seguridad hay que exigirla, y hay que velar por que se logre. Espero que en un futuro seamos conscientes de las vulnerabilidades sociales sin la necesidad de tener otra pandemia que las exponga.
Irving Góngora es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México. Opinión invitada.
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Fotografía: CEMEES.
