Por: Astrid Becker. 03/12/2021
La transición energética en el Norte se hace, hasta ahora, a expensas de los indígenas y la naturaleza en el Sur global. La población local no se beneficia de las ganancias materiales generadas por la explotación de materias primas y está mayormente desprotegida ante sus negativas consecuencias sociales, económicas y ecológicas.
Mediante el uso de energías renovables y la electromovilidad, Alemania quiere hacer una contribución sustancial para lograr la neutralidad climática. La mayoría de los demás países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, también están siguiendo estrategias similares. En medio de toda la urgencia y el entusiasmo, rápidamente pasa a un segundo plano el hecho de que la transición energética requiere de grandes cantidades de metales y minerales como el litio, el cobre o las tierras raras.
Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para 2021, el consumo de minerales y menas se multiplicará si se pretende alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París: un automóvil eléctrico promedio necesita seis veces más minerales que un automóvil con motor de combustión; una planta de energía eólica necesita, en comparación con una planta de energía a gas de rendimiento similar, nueve veces más minerales. Debido a la electromovilidad se calcula que la demanda de litio aumentará 40 veces para el año 2040; el uso de cobre, especialmente para cables eléctricos, se duplicará. Y la generación de energías renovables a partir de las energías eólica y solar hará que el uso de minerales se triplique. Los recursos actualmente explotados o las minas actualmente planificadas cubren solo 50% del litio y 80% del cobre requeridos. La transición energética a la que se aspira no será posible sin explotar nuevos recursos minerales.
La mayoría de los minerales y metales utilizados en Alemania y el resto de Europa provienen de América Latina. La región atrae en la actualidad las mayores inversiones en minería a escala mundial, ya que posee grandes yacimientos metalíferos, que son de especial importancia para la transición energética y la electromovilidad. En la actualidad se están explotando particularmente los yacimientos en el llamado «triángulo del litio», que comprende parte de Bolivia, Chile y Argentina y donde se estima que se encuentra 55% de las reservas mundiales de este metal. El litio se encuentra allí en lagos salados a una altitud de más de 5.000 metros, en ecosistemas únicos. Los tres países esperan superar la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus con el aumento de los ingresos provenientes de la extracción de este mineral. Sin embargo, la creciente explotación de los yacimientos de materias primas también conlleva el riesgo de conflictos sociales y daños ambientales considerables.
La extracción en el triángulo del litio supone, según los estudios actuales, impactos ambientales muy negativos. Además de la disminución del nivel de las aguas subterráneas debida a la alta demanda de agua, un particular problema es el arremolinamiento del viento sobre los residuos secos de productos químicos utilizados. Ambos fenómenos ponen en peligro tanto el medio ambiente como el sustento de las poblaciones a menudo indígenas que habitan el triángulo y viven principalmente de la agricultura. Si bien hay legislación ambiental en todos los países, su cumplimiento a menudo fracasa debido a la debilidad de las instituciones estatales y al gran interés de los gobiernos en la explotación de materias primas. Hacen grandes concesiones a las empresas mineras, en su mayoría extranjeras. Además, los mecanismos de participación para las consultas con los grupos indígenas suelen aplicarse de manera deficiente, si bien la mayoría de los países han ratificado acuerdos internacionales relevantes como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En muchos países de América Latina, la falta de participación de los pobladores locales afectados es el punto de partida de enérgicas protestas e incluso violentos desmanes.
En general, la población local no se beneficia de las ganancias materiales generadas por la explotación de materias primas y está mayormente desprotegida ante sus negativas consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Durante la fase de construcción de las minas se contrata a trabajadores locales, pero la explotación posterior queda en manos de trabajadores altamente calificados provenientes de otras regiones. La explotación en regiones por lo general remotas pone en peligro la forma de vida tradicional de los habitantes locales debido a la afluencia de proveedores de servicios de otras partes del país y el aumento de precios que tal afluencia conlleva.
Por lo tanto, existe el riesgo de que la necesaria reforma del sector energético en el Norte global contribuya a la ampliación de las desigualdades neocoloniales en el Sur global y amenace allí la sostenibilidad ecológica y social. Son precisamente los grupos poblacionales que menos contribuyen a la crisis climática los que más podrían sufrir las consecuencias del cambio económico. Por lo tanto, todos los involucrados deben colaborar para limitar todo lo que se pueda los efectos negativos y lograr beneficios para la sociedad en su conjunto.
Para ello, en los países donde se extraen recursos debe cumplirse con las normativas medioambientales vigentes. Con el fin de garantizar una amplia participación de la población local, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental que preceden a cada nuevo proyecto minero deben ser elaborados objetivamente y puestos antes a disposición de la población, si fuera necesario, en los idiomas locales. Las decisiones, por ejemplo, sobre la aprobación de proyectos o las condiciones de producción no deben ser tomadas solo por la administración local o los inversores, sino que también deben ser discutidas con los afectados. El cumplimiento de las regulaciones ambientales, las eventuales indemnizaciones para la población local o los pagos compensatorios deben ser tenidos en cuenta en los costos totales de tales proyectos desde el principio.
En el comercio internacional de materias primas, los certificados que garantizan una extracción de materias primas respetuosa del medio ambiente y socialmente equilibrada tienen que desempeñar un papel más importante. Deben tenerse en cuenta las normas laborales internacionales, como las referidas a la salud y la seguridad en el trabajo, y la prohibición del trabajo infantil. Otros acuerdos y convenciones internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que, por ejemplo, establecen el derecho a un medio ambiente limpio, o el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación política y acceso a la justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe, deberían ser parte de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Además, la Ley de Cadenas de Suministro que ya se ha aprobado en Alemania –y que todavía se está debatiendo en la Unión Europea– puede dar un nuevo impulso.
Los consumidores también juegan un papel importante: a través de sus decisiones de compra, por ejemplo, de automóviles nuevos y dispositivos tecnológicos, o mediante el consumo individual de energía. Sin embargo, son los países donde se refinan las materias primas los que deben estar en la primera línea de obligaciones a cumplir. El reciclaje y los ciclos cerrados de materias primas deberán cobrar importancia en las próximas décadas ante la escasez de ellas y los impactos climáticos asociados a su extracción. Solo de esta forma podrá evitarse que la protección del clima en los países industrializados occidentales se lleve a cabo a costa de grupos y ecosistemas desfavorecidos en América Latina y otras partes del mundo.
Traducción: Carlos Díaz Rocca
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Fotografía: NUSO
