Por: Guillermo Barreto. 26/06/2025
Biografía del autor: Este artículo fue elaborado por Globetrotter. Guillermo R Barreto es venezolano, Doctor en Ciencias (Univ Oxford). Profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Fue Viceministro de Ciencia y Tecnología, presidente del Fondo Nacional de Ciencia y tecnología y Ministro de Ecosocialismo y Aguas (República Bolivariana de Venezuela). Actualmente es investigador en el Instituto Tricontinental de Investigación Social y colaborador visitante del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales-IVIC.
Fuente: Globetrotter
El 10 de noviembre de 1995, el escritor nigeriano Ken Saro Wiwa, murió ejecutado en su propio país. En esos días yo vivía en Inglaterra y recuerdo un comercial que se transmitía por la televisión. La pieza de publicidad comienza con una mujer en sus 30s. Camina dentro de un bosque con botas y ropa de campo. Con el agua en las rodillas porta su libreta de campo. Observa y toma notas. La voz en off dice: “Ella está preocupada por la naturaleza, toma notas y colecciona datos que ayudarán a proteger el bosque”. La mujer sale del bosque y camina hacia un helicóptero. Mientras entra al mismo la voz dice: “Ella no está en contra de la industria petrolera”. El helicóptero despega y se observa en la cola del mismo el logo de Shell. La voz concluye diciendo “Ella ES la industria petrolera”.
El comercial no era gratuito. En ese momento, el pueblo Ogoni que habita el delta del río Níger, se encontraba en lucha contra esa misma empresa a la cual acusaba de haber contaminado sus tierras, dañado sus cultivos y generado serios impactos a la salud de las comunidades. Desde 1990, el Movimiento por la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni, liderado por el reconocido escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa se encontraba en una campaña no violenta en contra de las operaciones de la empresa Shell exigiendo reparaciones por los daños sufridos. El conflicto escaló al punto que el Gobierno del General Sani Abacha ordenó la detención del poeta a quien, bajo falsas acusaciones, sentenciaron a morir en la horca junto con 8 más de sus compañeros. Eso ocurrió en 1995 al tiempo que Shell mostraba su elegante publicidad en la televisora británica.
Ese conflicto no ha culminado. En 2011, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA) publicó un informe en el que se exponían los impactos de las operaciones petroleras en el Delta del Níger y hacía recomendaciones para su limpieza y restauración. En 2020, según reportó en su momento Amnistía Internacional, solo el 11% de los lugares contaminados habían sido abordados por el programa de restauración y en el caso de Hyprep, la empresa que dirige la limpieza, había sido acusada de tener conflictos de intereses toda vez que Shell participaba en sus estructuras de gestión y supervisión. Todavía en febrero de este año 2025, BBC reportaba que el estado de contaminación del área estaba lejos de mejorar y sus comunidades se mantenían carentes de agua potable, con suelos improductivos, imposibilidad de pescar y serios problemas de salud causados, entre otros, por los altos niveles de químicos presentes en aguas y suelos generados por la industria como benceno, tolueno, etil-benceno y xilenos.
El caso que relato es solo un ejemplo de los numerosos conflictos socioambientales en los que empresas extractivistas transnacionales han estado y están involucradas. Es un hecho que, para mantener el modelo económico dominante en crecimiento, se hace necesario mantener operaciones extractivistas de manera constante. De hecho, solo un 7% de la materia prima necesaria en la industria es producto del reciclaje. Los insumos necesarios en la industria son extraídos directamente del planeta.
Una fracción importante de los proyectos extractivistas es llevada a cabo por empresas transnacionales a través de las llamadas inversiones extranjeras directas (FDI por sus siglas en inglés). De acuerdo a datos proporcionados recientemente por UNCTAD, dichas inversiones alcanzaron un monto de 1.4 trillones de dólares en 2024 y se espera un crecimiento moderado en 2025. El sector extractivo (petróleo, gas, minas) comprende una fracción importante de las inversiones, aunque también habría que incluir al sector electrónica y telecomunicaciones, que no aparece como actividad extractivista pero que depende en grado supremo de la extracción de minerales y tierras raras.
De acuerdo a los economistas del Fondo Monetario Internacional, dichas inversiones son positivas en tanto utilizan tecnologías más limpias, así como técnicas y procedimientos más eficientes que benefician al país receptor tanto a sus comunidades locales como a la naturaleza. Una visión opuesta expone que dichas inversiones solo buscan oportunidades en países con ventajas competitivas, leyes ambientales flexibles, mano de obra más barata y facilidades tributarias. El resultado son impactos tanto ambientales como sociales que incluyen desplazamientos forzados, represión, encarcelamiento y asesinato de líderes comunitarios que, como Berta Cáceres en Honduras o Chico Méndes en Brasil, se enfrentaron a estas empresas la mayoría de las veces protegidas por gobiernos débiles y subordinados a los intereses transnacionales.
Recientemente un estudio realizado por Marcelo Llavero-Pasquina de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, hace revelaciones muy interesantes sobre el papel de las corporaciones multinacionales como agentes en los principales conflictos socioambientales que se registran en el mundo. En dicho estudio el investigador consultó la base de datos del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), el mayor repositorio de información sobre conflictos socioambientales disponible. Allí tuvo acceso a 3.388 conflictos y 5.500 corporaciones involucradas. 73% de los conflictos empezaron después del año 2000 y solo 4% registraban fecha de culminación indicando que la mayoría de los conflictos seguían activos.
El análisis realizado reveló que la mayoría de los conflictos se produjeron en países de ingreso bajo a medio del Sur Global y en los mismos se vieron involucradas corporaciones cuyos domicilios se encontraban en países de alto ingreso (Norte Global). Destacan 104 corporaciones involucradas en el 20% de los conflictos, encabezadas por la empresa con más conflictos en su espalda, la Royal Dutch Shell (98 conflictos), seguida de Total Energies (58) y Chevron (51). Destaca entre las primeras 10 la empresa petrolera Exxon Mobil, involucrada en serios conflictos en Mozambique y, actualmente, como agente proxy que intenta exacerbar un conflicto entre Venezuela y Guyana.
Los impactos tanto sociales como ambientales son mayores en los países del Sur Global. En dichos países se evidencian problemas que van desde destrucción de fuentes de agua, deforestación, contaminación hasta enfermedades y violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente se registra que los programas de remediación suelen ser incompletos e ineficientes como es el caso relatado aquí en el delta del río Níger. La información analizada muestra que esto es así especialmente en los casos en los que las corporaciones involucradas son extranjeras, poniendo en evidencia la profunda injusticia de un sistema que basa su funcionamiento en la extracción continua de recursos de la tierra, produciendo inmensas ganancias a dichas corporaciones, pero que externalizan los costos de dicha actividad, que son subsumidos por los países del Sur Global. Es un ciclo que implica un flujo constante de riquezas desde el Sur Global al Norte Global.
Luchas como las que llevó adelante el pueblo Ogoni de Nigeria tienen mucho sentido y apuntan a los verdaderos responsables de los múltiples conflictos socioambientales de los que somos testigos. Este año se cumplirán 30 años de la ejecución de Ken Saro Wiwa. Que su sacrificio nos recuerde que la lucha por la justicia ambiental es la lucha por la tierra, por la independencia de los pueblos y por un mundo donde la vida y no el capital sea la prioridad.
Fotografía: Globetrotter
