Por: Francisco Macías. 23/05/2025
El diálogo es la acción necesaria para encontrarnos con las demás personas, abrirnos a lo que significan y a sus vivencias, para la democracia es la necesidad de tender puentes y abrir procesos justos que nos lleven a trabajar las diferencias y los conflictos.
Desde el ejercicio del poder en los gobiernos, se ejerce el diálogo cuando hay un cálculo de por medio, dependiendo de los actores e incluso de los temas. En un ambiente sumamente polarizado en el que la mirada lo ve todo desde una lógica partidista de contienda y de ventaja sectaria, el efecto es cerrar la mirada a otras realidades.
Hoy se invierte más en investigar y preciar el origen de los actores que reclamen diálogo, que en la creación de espacios de escucha para la búsqueda de soluciones.
Cuando los grupos de personas que exigen estos espacios son más distantes de los centros de poder o de lo limitado de su ejercicio, son interpretados como un riesgo para una serie de factores que nada tienen de relación con las causas de las exigencias.
Si los movimientos se transforman en protestas, pareciera que es una invitación a la confrontación en donde de inmediato hay que luchar por un espacio físico, mediático y hasta de la discusión.
Las redes sociales terminan convirtiéndose en campos de batalla cuya base no es la discusión pública o la información, sino la discriminación, el estigma y la consolidación del impulso como verdad absoluta, provocada desde los mismos intereses partidistas y cuyo eco se reproduce incluso en diversos medios de comunicación que han abandonado el periodismo.
La tendencia al uso de la fuerza desde el ejercicio del poder, se practica desde los lenguajes y los signos concretos, al hacer invisibles a quienes realizan las protestas, los sectorizan a grupos desde la lógica del enemigo e incluso, hasta se ofrece información personal que según ellos desvelan intereses, todo lo anterior para evitar el diálogo o en muchos casos, impedir que podamos profundizar el las causas de los conflictos, muchas de ellas originadas por omisiones o la permisividad de las autoridades.
El cálculo provoca que el uso de la fuerza coloque a la lógica policial al frente, según ellos para prevenir conductas contra la ley, aunque en la realidad fungen como entes de control de espacios, de silencio de protestas por el temor que generan y de la creación de un ambiente donde dependiendo la consigna y el grado de conciencia de la corporación, termina por violentar o resolver violentamente los conflictos.
Las intervenciones policiales nunca son neutrales, demuestran decisiones y carencias institucionales para el diálogo y buscan consolidar la idea de que la protesta y quienes la practican son transgresores, pero no ciudadanos en ejercicio de sus derechos.
La detención el 17 de mayo de tres activistas integrantes de la lesbobatukada en Guadalajara, en el marco de las protestas por el cierre de un parque público para remodelarlo con motivo del Mundial de la FIFA y que desplazó una actividad de trabajo autogestionada, refrenda la constante del gen autoritario en el Gobierno de Guadalajara reflejada en la criminalización de la protesta social, la cual busca incrementar el autoritarismo en vez de solucionar las causas que originan los conflictos.
Dicha situación busca impulsar la idea de que es más importante la limpieza y la estética de espacios que los derechos humanos autogestionados de las personas, para lo cual el gobierno municipal tiene claras obligaciones.
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Fotografía: zonadocs. Rodrigo Alonso Iñiguez