Por: Cristian Meléndez y Eugenia Velázquez. 14/08/2024
Los periodistas en El Salvador, especialmente los que trabajan en medios independientes, son vigilados, acosados, controlados, limitados y hasta censurados en la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Estas prácticas de control y censura no son nuevas, pero bajo el bukelismo son peor que en otros periodos legislativos. La vigilancia es tan intensa que los periodistas son escoltados hasta cuando necesitan utilizar los sanitarios. Con motivo del día del periodista, que en este país se celebra el 31 de julio, periodistas de GatoEncerrado y otros medios cuentan en esta nota lo que deben enfrentar cada vez que van a la Asamblea.
a Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, se convirtió en un lugar hostil para los periodistas de medios independientes, quienes en el pasado se movían con cierta libertad por los pasillos legislativos para entrevistar funcionarios, buscar reacciones y dar seguimiento al trabajo de las comisiones. Pero ahora, como si se tratara de una zona de máxima seguridad, los reporteros son custodiados, vigilados, controlados, limitados, bloqueados y hasta censurados. El personal de comunicación institucional de este órgano de Estado ha dejado de lado sus funciones para desempeñar un rol más parecido al de los guardias de seguridad, bajo la escueta justificación de que solo siguen las “órdenes de Presidencia”. El seguimiento es tan intenso que los empleados de comunicaciones, incluso, acompañan a los periodistas hasta la puerta de los sanitarios cuando necesitan utilizarlos.
El trato, sin embargo, no es el mismo para los comunicadores que trabajan en medios afines al bukelismo o los creadores de contenido para redes sociales que alaban y defienden la forma en que el partido de gobierno maneja la Asamblea.
Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), esta práctica es propia de regímenes políticos que tienen miedo a la rendición de cuentas y a la labor que ejerce el periodismo independiente.
Esta situación de censura y hostilidad comenzó desde que Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea en mayo de 2021, pero ha empeorado desde mayo de 2024, cuando inició un nuevo periodo legislativo controlado por el partido de gobierno. Desde entonces, los periodistas de GatoEncerrado y otros medios han registrado diferentes ocasiones en que su trabajo ha sido entorpecido.
En un día cualquiera de sesión plenaria ordinaria, el proceso para ingresar a la Asamblea Legislativa implica pasar por diferentes puntos de control y ser escoltado en todo momento, sin la posibilidad de caminar libremente. Hasta 12 miembros de seguridad, entre policías, agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI) y empleados de la Asamblea Legislativa forman parte del circuito de control al que son sometidos los periodistas para ingresar a las instalaciones.
—Su carné, por favor —me pide una mujer que es parte de la seguridad institucional de la Asamblea, en una de las plenarias de julio de este año.
La mujer se refiere a una credencial que la misma entidad ha entregado a cada periodista para poder ingresar al recinto legislativo. Desde la legislatura anterior, se volvió una exigencia que los periodistas se registren para obtener la credencial legislativa. Quienes no la tienen, deben esperar autorización de la gerencia de prensa para ingresar con un carné de visitante.
—Acá está —respondo a la solicitud de mostrar mi credencial.
La mujer de seguridad apunta mis datos personales, como el número de mi Documento Único de Identidad (DUI) y el medio para el que trabajo.
—Pase, él lo acompañará —me indica, mientras señala a otro de los miembros de la seguridad de la Asamblea.
En ese punto ya se ha superado el primer filtro de seguridad ubicado en la entrada del portón norte de la Asamblea, frente a la Corte Suprema de Justicia, que se ha establecido como único acceso desde la actual legislatura. Después de eso, entra en función el personal de prensa institucional, quienes, como si se encontraran en una carrera de relevos, están distribuidos en el recinto para escoltar a los periodistas que van llegando.
—Avancemos por este lado. Ahí te llevarán a la entrada del mezanine (parte superior del Salón Azul) —me dice el joven que me acompaña desde la caseta de seguridad hasta la rampa que lleva del parqueo al salón donde se realiza la sesión plenaria. En ese trayecto intento tomar fotos de los trabajos que están haciendo frente a la fachada de la Asamblea, pero me interrumpen.
—No se puede tomar fotos —me comenta el joven que me acompaña.
—¿Por qué?
—Son órdenes que han dado.
—¿Órdenes de quién?
—Solo eso te puedo decir —responde, entre dientes, al mismo tiempo que observa a su alrededor para asegurarse de que nadie lo vea platicando conmigo.
—¿Y por qué tanto control?
—Solo te puedo decir que son órdenes de la presidencia (de la Asamblea) —responde viendo al piso, evitando que lo vean platicando con un periodista.
La escolta del joven empleado de la Asamblea finaliza cuando otra joven me acompaña hasta la entrada del mezanine del Salón Azul, donde los periodistas deben someterse a otro control de seguridad. Este incluye a una agente PPI de la Policía Nacional Civil y otra de seguridad institucional, quienes registran bolsones, carteras y piden que se levanten las manos como si fuera una requisa.
Tras esa revisión, al fin se puede ingresar al mezanine. Pero el control no termina ahí. En el lugar asignado para el ingreso de los periodistas hay otros agentes PPI y más elementos de seguridad de la Asamblea. En esa área solo se pueden hacer fotos, videos y grabar audio, pero no hay acceso para abordar a los diputados y hacerles preguntas. Atrás quedaron los años en los que se podía trabajar sin tener al lado a un empleado, casi como policía legislativo, controlando cada paso de quienes ejercemos el periodismo.
¡Escolta hasta para ir al baño!
El miércoles 15 de mayo, previo a que se realizara la tercera sesión plenaria ordinaria de la actual legislatura, un grupo de periodistas solicitamos declaraciones de los diputados de Arena y Vamos. En ese momento, cualquiera pensaría que esa petición era tan simple de cumplir como ir hasta las oficinas de cada grupo parlamentario y listo, porque así sucedía en legislaturas anteriores, cuando los periodistas teníamos acceso a los diputados, a las oficinas de las fracciones y a los pasillos que conducen a los salones en donde se reúnen las comisiones legislativas.
Para nuestra sorpresa, nuevamente el protocolo de seguridad se activó y la escolta de los empleados de prensa institucional se puso en marcha. Hasta cuatro personas nos acompañaron y nos llevaron por el parqueo y luego hasta la zona donde se encuentran los representantes de ambos partidos.
—¡Qué feo que ya no podamos andar como antes y hacer el trabajo sin esta presión! —dijo una periodista de un medio impreso.
—¡Y esto va para peor! —agregó otra colega de un medio digital.
Esas frases hicieron eco en los rostros de los empleados de prensa institucional, muchos de ellos experiodistas que gozaron de la libertad de hacer periodismo en la Asamblea con menos restricciones. En gestiones como la del expresidente Sigfrido Reyes, del FMLN (2011-2015), también había cierto grado de bloqueo al trabajo periodístico, pero en menor medida que en esta ocasión cuando hay un intenso control, incluso en los sanitarios.
Ese 15 de mayo, ya de regreso hacia el Salón Azul después de obtener declaraciones de los diputados de Arena y Vamos, un periodista vio la puerta de los sanitarios y dijo que entraría.
—Aquí te espero —fue la respuesta de uno de los jóvenes empleados de la Asamblea, mientras se plantaba afuera de la puerta— Ustedes váyanse con ellos. Yo voy a esperar a que salga —le indicó a uno de sus compañeros de prensa institucional.
Este control excesivo en la Asamblea Legislativa es exclusivo para los periodistas de medios independientes que llegan a las sesiones plenarias. Los comunicadores de medios afines al oficialismo y creadores de contenido, quienes juegan un rol más de adulación que de informadores, tienen acceso a los diputados de Nuevas Ideas.
GatoEncerrado buscó la opinión del presidente legislativo Ernesto Castro, a través de la jefa de prensa Alessandra Quiñonez, sobre el engorroso proceso que se exige para ingresar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa y movilizarse en el recinto, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Castro no ha dado declaraciones a los periodistas desde la legislatura anterior, específicamente desde el 4 de abril. Solo ha respondido en ciertas ocasiones a medios afines al oficialismo y ha otorgado entrevistas a canales de televisión, donde no lo cuestionan. El pasado 2 de julio recibió el listado de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero no hubo espacio para preguntas de los periodistas.
La dinámica de las plenarias se ha caracterizado por convocatorias a las 9:30 de la mañana, pero inician cerca de las 12:00 del mediodía o después de la 01:00 de la tarde; es decir, con más de tres horas de retraso. Tan solo una hora después de haber comenzado la plenaria, el presidente de la Asamblea decreta receso y los diputados y diputadas retoman el trabajo cerca de las 5:00 de la tarde.
En el caso de los periodistas, cuando el presidente Ernesto Castro brinda receso de la plenaria, debemos esperar las indicaciones del personal de seguridad de la Asamblea para poder bajar del mezanine. Esta práctica, según interpretan los mismos periodistas de distintos medios, es para evitar que nos crucemos con los diputados de Nuevas Ideas y lancemos preguntas. Por lo general, los legisladores de la bancada oficialista huyen de los periodistas de medios independientes.
En la legislatura anterior, en algunas ocasiones los periodistas podían abordar al presidente de la Asamblea o incluso a otros diputados antes o después de las plenarias, porque podían permanecer a un costado del pasillo que conduce al pleno.
—Ayúdenme a sacarlos —es la frase que se escucha de la agente PPI asignada al mezanine. Se lo dice a alguien de entre el grupo de comunicadores institucionales que nos vigilan.
De inmediato, los periodistas somos escoltados nuevamente hasta las afueras de la Asamblea Legislativa. Nadie se puede quedar, salvo los periodistas de medios oficiales y aliados al gobierno.
Una vez afuera, tampoco se permite tomar fotografías o videos. Esto se comprobó una vez más el 21 de mayo, cuando GatoEncerrado dio cobertura a la comisión de Legislación y Salvadoreños en el Exterior —en una de las pocas veces que han sesionado en la presente legislatura— y cuando se intentó hacer tomas de la fachada del congreso, de inmediato se nos prohibió.
Tener control sobre el discurso
Denni Portillo es un destacado periodista de La Prensa Gráfica, con amplia trayectoria cubriendo temas políticos y especialmente legislativos. Desde su experiencia, considera que estas prácticas de control y censura no son nuevas, pero que se han agudizado en la actual legislatura y más en los días en que se realizan las sesiones plenarias ordinarias.
“Esa escolta que tenemos es exclusiva del día en que hay plenarias. Solo el día que hay plenarias se ponen en ese plan de que un periodista no se puede mover si no es con compañía de algún personal de comunicaciones de la Asamblea”, dice Portillo.
Uno de los argumentos de los empleados de prensa institucional de la Asamblea es que realizan esta escolta por seguridad de los periodistas debido a los trabajos de construcción y remodelación en la fachada del Salón Azul. Sin embargo, para Portillo, eso pierde sentido cuando la escolta es hasta la tercera planta del edificio de comisiones o incluso a lugares en los que no están construyendo, como los sanitarios.
“Me acuerdo que cuando comenzó la legislatura actual, como estaba ese tema de las remodelaciones de la Asamblea, la primera plenaria en la que nos aplicaron eso, porque estuve ahí presente, lo que me dijo la persona, la primera escolta que tuve, por decirlo así, es que era para evitar que alguna persona por ver las construcciones pudiera sufrir un accidente. Esa fue la explicación. Habría que preguntar: Si las construcciones son enfrente del Salón Azul, ¿por qué entonces la compañía es hasta la tercera planta del edificio de comisiones o hasta donde se entrega correspondencia o hasta cualquier otro lugar que tenga la Asamblea, si ahí no hay construcciones?”, se cuestiona Portillo.
El periodista considera que la finalidad principal de estas acciones es tener control sobre el discurso que el oficialismo quiere que se dé a conocer a la población.
“Al menos yo no le veo sentido (al control sobre los periodistas dentro de la Asamblea) porque parecería que hay, no sé si miedo o simple y sencillamente la gana o el cuidado de tener control de dónde están los periodistas y con quién están hablando. Para vigilar y poder decir: ‘Con estos están hablando, si algo sale por aquí, puede haber una filtración’. Creo que es más para evitar que alguien quiera decir algo que esté fuera de lo que quieran manejar como versión oficial”.
Ocultar información como política institucional
Para la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, la prensa siempre ha sido incómoda para los grupos de poder, especialmente para los sectores políticos, y esto se ha vuelto más notorio desde 2021 cuando el partido Nuevas Ideas obtuvo mayoría en la Asamblea. Cárcamo señala que a partir de ese momento ha habido un cambio respecto al trato con la prensa, aunque aclara que “en periodos anteriores también se habían identificado restricciones o vulneraciones a la prensa. Sin embargo, en esta pareciera que es parte de una política institucional de no querer rendir cuentas”.
La APES cuenta con un centro de monitoreo de vulneraciones a periodistas que registra las acciones que limitan o atentan la labor periodística. Esto les permite identificar tanto las vulneraciones como los agresores más frecuentes. Entre ellos destacan los funcionarios y empleados legislativos.
“Se ha ido retrocediendo en el acceso a espacios de movilidad dentro del recinto legislativo hacia las y los periodistas. De hecho, coloquialmente ocupan expresiones como ‘el gallinero’ para hablar de un área específica donde colocan a la prensa que le es incómoda a los funcionarios y dejan al libre albedrío a personas que no necesariamente ejercen periodismo, sino que más bien tienen una línea muy clara al oficialismo, con comunicadores institucionales o con personas que dicen ser periodistas y que trabajan para el oficialismo, pero que al final solo realizan una práctica de comunicación institucional”, sostuvo Cárcamo.
Esto va relacionado, tal como menciona la APES, con la libertad que sí gozan los creadores de contenido que llegan a la Asamblea (como “youtubers” o “tiktokers”) y que nada tiene que ver con el trato que reciben los periodistas. Aunque el oficialismo se ha justificado alegando que respeta el derecho de la ciudadanía a estar presentes en las sesiones plenarias y preguntar, la realidad es totalmente distinta: son generadores de contenido afines al oficialismo cuyo objetivo es masificar la narrativa oficial, junto a la estructura de propaganda que ya tiene el gobierno.
Una situación más complicada que denuncia Cárcamo es que el Gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa tienen una estrategia muy clara de propaganda y acoso a los periodistas.
“¿Por qué digo esto? Porque hemos identificado y documentado cómo hay comunicadores institucionales, medios de gobierno y este tipo de youtubers y generadores de contenido que se dedican a tomar fotografías o videos a las y los periodistas, de forma constante y abusiva, hasta el punto de tratar de intimidarlos. Algunos incluso han ocupado palabras ofensivas hacia colegas, sin que desde el congreso haya algún tipo de llamado de atención”, dice Cárcamo.
De acuerdo con la representante de la APES, esta actitud que se promueve desde la Asamblea Legislativa se debe a que hay una política clara de difundir una sola narrativa oficial, y eso se logra teniendo un aparataje de propaganda y comunicaciones. También buscan llevar “a su mínima expresión” a sectores que no piensan como ellos; entre esos los periodistas de medios independientes.
“Es por eso que vemos cómo en el congreso cada vez se está recrudeciendo más el derecho de las y los periodistas independientes o de quienes realmente hacen su labor como periodistas a ejercer su profesión como corresponde. Esto ocurre en figuras políticas que tienen miedo a la rendición de cuentas, en figuras políticas que a lo mejor podrían estar cometiendo actos irregulares o incluso de corrupción y no quieren que se de cuenta la prensa porque no hay otra alternativa. ¿Por qué no quieren que los y las periodistas, no afines al oficialismo, estén haciendo su trabajo como corresponde?”, cuestiona Cárcamo.
Para la APES, esto también refleja que en El Salvador se ha perdido la democracia, porque este tipo de acciones corresponden a regímenes autoritarios o de corte dictatorial.
Gabriel Labrador, relator para la libertad de prensa y expresión de la APES, señaló que esto refleja patrones preocupantes que atentan contra la libertad de prensa e información y confirman que la Asamblea Legislativa se ha convertido en un lugar de poca transparencia.
“Los servidores públicos o los empleados creen que son dueños de la información que ahí se produce, cuando es de interés ciudadano y le pertenece a la ciudadanía que tiene derecho a saber qué tipo de decisión se está tomando con los recursos públicos. Hay que recordar que todos los empleados que están ahí reciben salario del erario y eso los hace que estén sometidos al escrutinio público”, señala el relator de la APES.
Labrador es de la idea que este tipo de práctica provoca efectos nocivos como una censura previa, porque los funcionarios, incluso los de Nuevas Ideas, no tienen la libertad de hablar con periodistas.
“Es una actitud marcial, bastante militar, donde se exige disciplina y eso es contrario al interés público. Los funcionarios y empleados públicos deberían sentirse en libertad de hablar con los periodistas, si así lo estiman conveniente, pero desde el momento que hay vigilancia y actitudes hostiles a la prensa se entienden como que están castigados o se mira mal que atiendan a la prensa independiente o de cualquier tipo; lo cual solo abona a que haya censura previa y que al final lo que sale en los medios de comunicación sea de baja calidad porque los periodistas no cuentan con la información que requieren”, argumenta Labrador.
El relator de la APES también considera que esto es contradictorio con la “pretendida libertad de expresión que promueve el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuando dice que le da la bienvenida a los youtubers, porque estas prácticas de vigilancia excesivas, milimétricas contra periodistas, es un síntoma de que no se da libertad a los periodistas para que hagan preguntas o se reúnan en instituciones públicas”.
Labrador lamenta que los empleados institucionales acompañen a los periodistas hasta en el momento de hacer las entrevistas. “Eso es una práctica de vigilancia y espionaje, hasta cierto punto, lo cual atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirma Labrador, quien agrega que no es primera vez que se da este tipo de acciones, pero considera que desde 2019 a la fecha, con la llegada de Nayib Bukele al poder, ha sido notorio como se han cerrado las instituciones públicas.
“Las instituciones públicas deberían garantizar el libre ejercicio periodístico y eso incluye la libertad de los periodistas para recorrer las instalaciones con el debido proceso y hacer entrevistas sin estar acosados. No puede haber retrocesos. Estas limitantes a la libre circulación es un retroceso”, señala Labrador.
El bukelismo socava el derecho a la información
Para los partidos de oposición, el incremento del control hacia la prensa en la Asamblea Legislativa va en contra de la libertad de prensa y afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, opina que este tipo de control y censura no tendría que ocurrir en la Asamblea Legislativa.
“No hay ninguna justificación. Por definición, todo el quehacer legislativo debería ser abierto a la prensa y a la gente. Hay una práctica de vigilar qué hacen los periodistas, cada paso que dan. Pero yo les recuerdo a los salvadoreños que quienes tienen que estar bajo vigilancia son los funcionarios, en especial los que tienen más poder de decisión, los que deciden sobre el manejo del dinero de la gente, los que deciden qué información ocultar”, dice Ortiz.
La legisladora recordó que gracias al periodismo se han descubierto muchos casos de corrupción de gobiernos pasados y el actual.
“Qué curioso que esta Asamblea, la casa del pueblo, les esté poniendo restricciones a los periodistas. Por ejemplo: les restringen el horario de entrada, todo el tiempo están bajo supervisión institucional. También hemos visto a diputados de la N (Nuevas Ideas) tener actitudes muy irrespetuosas con periodistas que simplemente preguntan información. Porque solo con información se puede combatir la corrupción. No vemos ese tipo de malos tratos con los generadores de contenido afines a la N”, explica Ortiz, quien agrega que quienes no deberían tener cabida dentro de la Asamblea son las personas que se dedican a insultar y a mentir.
El miércoles 17 de julio de 2024, mientras se desarrollaba la plenaria ordinaria número 11, la diputada Ortiz accedió a dar una entrevista a GatoEncerrado, pero una empleada institucional no nos permitió que bajáramos del mezanine.
—¿Ya se retiran? —preguntó la empleada de la Asamblea.
—No, vamos a una entrevista con la diputada Ortiz —respondí a su cuestionamiento.
—Tengo que consultar si están autorizados.
—¿Consultar con quién? Ella ya accedió y ya coordinamos con su equipo de prensa.
—Sí, pero debo tener autorización para dejarlos bajar y que alguien los acompañen.
—Pero ya tenemos el aval de la diputada Ortiz. Ella es la que dará la entrevista y nos está esperando.
—Me dicen que no pueden bajar, hasta el receso. Esa es la orden que me dieron.
—¿Quién te dio esa orden?
—Mi jefe.
—¿Quién es tu jefe?
—Max Villalta.
Villalta es un comunicador institucional que durante muchos años trabajó para Telecorporación Salvadoreña (TCS) y realizó innumerables coberturas en la Asamblea Legislativa, gozando de cierta libertad que en esos años, al menos para el ejercicio periodístico, existía en el congreso.
Tras ese incidente, junto con mi compañero fotoperiodista, tuvimos que regresar al interior del mezanine y esperar hasta que el diputado Ernesto Castro diera receso.
Para la jefa de fracción del partido Arena, Marcela Villatoro, El Salvador se encuentra en una época de desinformación en donde el oficialismo “ha tratado de querer socavar el trabajo de los medios serios de comunicación para darle cabida a personas del entretenimiento que hacen creer lo que ellos quieren que la gente piense y no la verdad”.
Villatoro dijo desconocer las razones por las que se ha implementado este aumento de control a la prensa, pero criticó que se esté implementando.
“Creo que es un menoscabo a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de información y sobre todo del derecho a la verdad, la cual debe conocerse. Nosotros como grupo parlamentario en nuestras conferencias hemos permitido incluso medios que son afines al oficialismo estar presente”, dice la diputada del partido Arena. Villatoro considera que estas prácticas de control y censura tienen el objetivo de “controlar la narrativa”.
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Fotografía: Gato encerrado. La Asamblea Legislativa se ha convertido en un lugar lleno de controles y vigilancia excesiva hacia los periodistas, lo que limita sus labores los días en que se desarrollan las sesiones plenarias. Foto/ Bladimir Nolasco.
