Los resultados del plebiscito sobre la nueva Constitución chilena arrojaron 62 % para el Rechazo y 38 % para el Apruebo, en el marco de nuevas reglas electorales que hacen el voto obligatorio y en medio de una fuerte campaña de estigmatización de la propuesta.
Este 4 de septiembre se ha celebrado en Chile el plebiscito sobre la propuesta de nueva constitución para el país.
De acuerdo con la información del Servicio Electoral chileno (SERVEL), con el 99,99 % de las mesas escrutadas, el rechazo se impuso con el 62 % de los votos, equivalente a 7.859.838 votos, mientras que el apruebo quedó con 4.824.048 votos, correspondiente al 38 %.
Según las primeras fuentes de información por estratos socioeconómicos, el rechazo habría obtenido una victoria más contundente entre los votantes pertenecientes a quintiles de ingresos más bajos, donde también habría habido una participación mayor.
Participación histórica
Este pasado domingo las elecciones se celebraban con unas nuevas reglas electorales. Por primera vez con un censo de votantes universal1 el voto era obligatorio (so pena de una multa de hasta 180.000 pesos, unos 190 dólares). Así, de un padrón electoral universal (sin requisitos previos de inscripción) de 15.173.857 electores, un total de 13.011.835 de chilenas y chilenos concurrieron a las urnas, lo que equivale a un 85,7 %. Si bien el porcentaje de participación es inferior al 86,8 % de las presidenciales de 1989, el total de votantes es el más alto de la historia, superando la segunda vuelta de 2021, que había sido la mayor, por casi 4,7 millones de votantes.
Desde la reforma electoral de 2012 que facilitó la inscripción automática en el censo de todos los ciudadanos mayores de 18 años (incorporando al mismo a más de cuatro millones de chilenos no inscritos hasta la fecha) se sucedieron procesos electorales ─ya con el censo completo─ en los que nunca se superó el 50 % de participación. El propio proceso constituyente, iniciado como consecuencia del estallido social de octubre de 2019, llevó el 25 de octubre de 2020 apenas a un 51 % de los chilenos a las urnas (7,5 millones). En aquella ocasión, una abrumadora mayoría, un 78 % (5,85 millones) votó a favor de iniciar el proceso constituyente. Un año más tarde, el 19 de diciembre, con una participación histórica, un 55,7 % (8,3 millones de votos) Gabriel Boric se hacía con la vitoria superando la participación un 50 % por primera vez.
El voto del apruebo es el voto de Boric. Efectivamente, los resultados del apruebo (4,8 millones) son asombrosamente similares a los resultados de Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral (4,6 millones). Si nos detenemos en estas cifras, en las tres regiones más pobladas la coincidencia se mantiene:
Región Metropolitana: Boric 2,1 millones, Apruebo 2,2 millones.
Valparaiso: Boric 545 mil votos, Apruebo 583 mil votos.
O´Higgins: Boric 252 mil votos, Apruebo 244 mil votos.
La diferencia entre ambas cifras es del 5 % para el caso de la Región Metropolitana, 4.6 % para Valparaiso y 1.5 % para O´Higgins.
El destino de los nuevos votantes:
Región Metropolitana. Incremento de la participación entre la segunda vuelta presidencial y el plebiscito: 1.487.000 votos. Si descontamos los votos de Kast en segunda vuelta, la derecha(el Rechazo) obtuvo 1.377.000 votos nuevos.
Valparaíso. Incremento de la participación entre la segunda vuelta presidencial y el plebiscito: 1.487.000 votos. Si descontamos los votos de Kast en segunda vuelta la derecha (el Rechazo) obtuvo 418 mil votos nuevos.
O´Higgins. Incremento de la participación entre la segunda vuelta presidencial y el plebiscito: 266.000 votos. Si descontamos los votos de Kast en segunda vuelta la derecha(el Rechazo) obtuvo 278.000 votos nuevos.
Algunas lecturas y proyecciones
En línea con las proyecciones de las encuestadoras, y como efecto de la campaña de desinformación y tergiversación, el Rechazo se impuso por sobre el Apruebo, quedando desestimado el texto propuesto y vigente la constitución de Pinochet, tal como señala el acuerdo político de 2019.
Este resultado fue aupado con una intensa agenda mediática en contra del resultado de la Convención, donde se dio amplio espacio a quienes ejercieron la vocería del Rechazo para esparcir interpretaciones extremas de los artículos propuestos. A ello se suma la fuerte inversión económica del establishment, la distribución de textos NO oficiales de la Nueva Constitución con tipografía y diseño similar al oficial y la narrativa de “Rechazo por Amor” (oxímoron) o “Si está mala, está mala”, sin utilizar artículos ni una crítica sustantiva al texto, entre otros factores.
También fue relevante el amplio espectro político que llamó a votar Rechazo. Este abarcó desde la extrema derecha (José Antonio Kast dio su apoyo a última hora, pero sus parlamentarios estuvieron desde el inicio), hasta figuras de la ex Concertación que anteriormente lindaban con la centro-izquierda, incluyendo constituyentes de ambas veredas apoyando activamente el que se rechazara la propuesta (la ambigüedad del expresidente Lagos entrarían en este grupo).
Por otro lado, cabe recordar que en un primer momento la administración Boric pretendió separarse de la Convención con la idea de no verse arrastrado por un posible resultado desfavorable. Este arrastre es sin embargo inevitable por lo que es de esperar que se profundice seriamente la inestabilidad y el cuestionamiento del Gobierno, que ya venía perdiendo apoyo.
A la luz de los resultados parece evidente que la inmensa mayoría de los sufragistas no habituales que se incorporaron a votar lo hicieron por el Rechazo.
Este resultado brinda a la derecha y a la ex Concertación un espacio para rearmarse tras un lustro a la deriva. Ambos bloques prometieron desde reformas hasta un nuevo proceso constituyente, ahora con protagonismo del parlamentarismo, de la academia y de expertos, cerrando el espacio a la representación social y de pueblos originarios como fuera el proceso anterior. En cualquier caso, el liderazgo del Gobierno para abanderar el proceso queda considerablemente mermado para dirigir un posible nuevo proceso.
¿Qué sigue?
La agenda transformadora se verá severamente limitada, cercenado su impulso político.
La pérdida de legitimidad del Gobierno podría fracturar la compleja coalición que lo sostiene, en particular la fracción de la ex Concertación cuyas figuras independientes forman parte del gabinete. Aunque no parece previsible una escisión inmediata del Partido Socialista (PS), es probable una división interna entre facciones que quieran continuar en un Gobierno tocado y otras que directamente pudieran retirar el apoyo al presidente, escenario al que sin duda se plegaría el Partido Por la Democracia (PPD), cuya ministra fue destituida recientemente.
En segundo lugar, el escenario parlamentario se complejiza más bloqueando la agenda legislativa. Actualmente, en el Senado, 22 de sus 50 miembros son senadores de la coalición de Gobierno. Aparte encontramos a 2 independientes cercanos a la ex Concertación y 2 de la Democracia Cristiana (DC). Por su parte, la derecha cuenta con 25 en esta Cámara (contando con el senador del Partido Republicano de Kast).
En la Cámara Baja, de los 155 escaños, 65 son del Gobierno, que necesitan de los escaños de la DC para alcanzar los 74 votos y el disuelto Ciudadanos. Cercanos pero distantes se encuentran el Partido Humanista y el Ecologista Verde y el independiente Carlos Bianchi, con los que podrían ayudar a llegar a 80 representantes. En disputa se ubican los 7 escaños que suman el Centro Unido (1) y el Partido de la Gente (Parisi, con 6). La derecha, contando al Gobierno anterior y al partido de Kast, suma 68 diputados.
Posibles vaivenes de los votos de la Democracia Cristiana en ambas Cámaras implicarían que los proyectos de ley que se tramiten tendrán muchas dificultades para progresar, recordando que las leyes deben aprobarse con carácter general por mayoría simple en ambas Cámaras.
En tercer lugar, derivado de lo anterior, el primer reto ─y quizá el siguiente golpe─ que tendrá que enfrentar el Gobierno en este contexto será la aprobación de la Ley de Presupuestos, cuyo proyecto deberá ser presentado por el presidente de la República al Congreso Nacional, al menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir, y que deberá contar con la mayoría de ambas Cámaras para su aprobación.
¿Destituciones al presidente y su gabinete?
Si bien la agenda legislativa parece comprometida con esta relación de fuerzas, la posibilidad de revocar al presidente es limitada. En la actual Constitución tan solo existe una figura a través de la cual se podría conseguir este efecto; hablamos de la acusación constitucional, con base en el artículo 52.2.a. Según este artículo, un grupo con no menos de diez y no más de veinte miembros del Congreso podrá interponer acusaciones en contra del presidente de la República por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes, necesitando el voto de la mayoría absoluta para su tramitación. De proceder ésta, sería el Senado, quien por mayoría de dos tercios (34 senadores) resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Incluso en el caso de una pérdida de alianzas en la que la derecha se hiciera con la mayoría en el Congreso es bastante improbable que se obtuviesen los 2/3 necesarios en el Senado, por no decir que las causales que justificarían la acusación parecen, a priori, de difícil adecuación.
Ahora bien, también existe la posibilidad de interponer esta acusación constitucional frente a ministros o ministras (artículo 52.2.b) y en este caso solo se necesita contar con mayoría simple en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, ampliándose los supuestos de aplicación a los siguientes: haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación; infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución; y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Estas mayorías no son tan difíciles de conseguir, siendo lo más complicado la adecuación a los supuestos de hecho de aplicación.
Finalmente, a escala latinoamericana el impacto de esta derrota puede ser significativo, principalmente para Perú, país que veía en el caso chileno un aval para sostener un proceso constituyente como salida a su inestabilidad. Para el resto de la región, y del mundo, también es un sinsabor, puesto que las esperanzas estaban puestas en recoger el proyecto chileno como un marco de referencia para reformas progresistas.
