Por: Agência Mural. 09/11/2021
La mayoría eran extranjeros, bolivianos y peruanos, y trabajaban en la costura
Ese texto lo escribió Patrícia Vilas Boas, y se publicó originalmente en el sitio de Agência Mural, en mayo de 2021. El artículo se reproduce en virtud a un acuerdo para compartir contenido con Global Voices, con algunas modificaciones.
Pocos días antes de que el Gobierno de São Paulo decretara el confinamiento en el estado por la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, un equipo de fiscalización del Ministerio Público del Trabajo tocó el timbre de un desván en una calle residencial de Cidade Líder, en la periferia de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil.
Aunque la fachada no revelaba actividad, dentro de la casa operaba un taller de tejido.
En el local se encontró a 10 inmigrantes peruanos, incluida una menor de edad, que trabajaban en condiciones degradantes: jornadas de hasta 14 horas por día y deudas con el patrón que se descontaban directamente de su remuneración.
Esos elementos caracterizan un trabajo comprable con la esclavitud, según el Código Penal brasileño. Sin embargo, la historia no es una excepción. Su ubicación tampoco.
La zona este de la capital estatal es la región de Gran São Paulo, con más casos de trabajo en condiciones de esclavitud en nos últimos diez anos, según datos del Ministerio de Economía que Agência Mural obtuvo en virtud de la Ley de Acceso a la Información.
Los datos muestran que el trabajo en condiciones de esclavitud no son característicos solo del interior del país y que existe en la principal metrópolis del país. En total, 898 trabajadores en condiciones de esclavitud fueron rescatados desde 2010 en la región metropolitana de São Paulo.
La mayoría eran extranjeros, sobre todo bolivianos y peruanos, que llegaron a Brasil en busca de mejores condiciones de vida. Son vulnerables en su situación financiera, sufrían exploración que va desde condiciones antihigiénicas en el lugar de trabajo a largas jornadas y riesgo de accidentes.
La mayoría trabajaba en costura. Siete de cada diez empresas fiscalizadas eran del sector de la confección. Sin embargo, la mayor operación fue en 2013, cuando 111 trabajadores de las obras del Aeropuerto de Guarulhos fueron rescatados de una obra del contratista brasileña OAS. En su momento, la empresa negó tener responsabilidad sobre la situación.
Trabajador rescatado en la operación de 2013 | Imagen: Reproducción/ Informe de inspección de la Fiscalía de Trabajo/ Utilizado con autorización.
Hasta marzo de 2021, se registraron 16 denuncias de este tenor. Eso hace un promedio de cinco por mes.
Según datos de la Subsecretaría de Inspección de Trabajo, se encontró a más de 55 000 trabajadores en condiciones de esclavitud en todo el país desde el inicio del estudio, en 1995. De esa cifra, 1930 eran del estado de São Paulo. Pará, en el norte, lidera la serie con 13 000 rescatados, seguido de los estados de Minas Gerais (7000), Goiás (4000) y Tocantins (3400).
En el caso de Cidade Líder, los rescatados vivían en el local de trabajo cuyas instalaciones sanitarias no tenían los artículos básicos de material para limpieza ni papel higiénico, según relató el Ministerio Público del Trabajo.
No había local adecuado para que los trabajadores comieran con comodidad e higiene, las piezas de las máquinas de costura estaban desprotegidas, lo que era un riesgo para accidentes graves que llegarían hasta la amputación. Las conexiones eléctricas eran improvisadas.
Además, nueve de los 10 inmigrantes no tenían sus documentos en regla en el país. Trabajaban un promedio de 12 horas diarias, que podían llegar hasta las 14, y no estaban registrados en los cuadernos de trabajo, ni tenían derecho a vacaciones ni bonificación de Navidad.
Tras la inspección, el Ministerio Público del Trabajo determinó que la empresa debía cumplir con una serie de medidas reglamentarias, como la emisión de documentos de los inmigrantes irregulares, la regularización laboral, la adecuación de la unidad de la fábrica, que quedó clausurada, y el traslado de los trabajadores.
El trabajo en la confección clandestina concentra a la mayoría de los trabajadores rescatados | Foto: Patrícia Vilas Boas/Agência Mural
Carlos*, de 26 años, fue uno de los rescatados. Es peruano, dice que vino a Brasil para conocer São Paulo y empezó a trabajar como costurero para pagarse la estadía. Solo pudo expedir sus documentos cinco meses después de su llegada a Cidade Líder.
«Al principio, no estaba acostumbrado a trabajar así, muchas horas, y eso fue lo que me impactó mucho», dice.
Carlos cobraba 0,80 céntimos de reales (unos 0,15 dólares) por pieza cosida y solo tenía los domingos libres. Tras ser rescatado, decidió regresar a su país. A pesar del contexto, quiere intentar una nueva vida en Brasil, y dice que en el Perú la situación está muy difícil.
La boliviana Laura*, de 38 años, decidió quedarse en Brasil. Vive en Cidade Patriarca, en la zona este de São Paulo, desde hace al menos 15 años. Ha trabajado como costurera desde que llegó y, en 2013, fue rescatada a través de una operación de inspección del Ministerio Público del Trabajo.
Al igual que Carlos, llegó a Brasil a través de una persona cercana, un familiar que ya vivía en el país. «Todos los que llegan de Bolivia llegan a trabajar [con la costura], porque aquí no hay nada más. Llegan y aprenden a trabajar con la máquina de coser.
Ahora, madre de dos hijos, dice que al momento de la operación, su empleador le pidió que dijera que solo llevaba dos años trabajando, cuando en realidad ya tenía seis. Además, la presionaron para que no abandonara el taller hasta que hubiera terminado todo el trabajo. «Esa época fue muy difícil. Trabajábamos mucho y [la empresa] no pagaba bien».
«Siempre encontramos jóvenes trabajando en la confección», dice Grecia Delgado, de 30 años, líder comunitaria y trabajadora social de Centro de Apoyo y Pastoral del Migrante – CAMI, que visita a talleres de costura en São Paulo. «Ninguno de estos trabajadores eligió estar en esa situación».
Grecia es hija de inmigrantes bolivianos, y explica que la organización busca llevar información a los inmigrantes que puedan estar en situación de vulnerabilidad social en los talleres de costura.
En costura
Según datos de 2019 del Sinditêxtil, el estado de São Paulo tiene cerca de 450 000 trabajadores empleados directa o indirectamente en el sector textil, el 30 % del total del país, que es de 1,5 millones. El mayor centro de fabricación de ropa del estado es la capital estatal.
En los últimos diez años, se ha producido una explosión en el número de pequeños fabricantes de ropa en la ciudad. En 2010, había 979 microempresarios individuales en el rubro de confección de ropa y accesorios en la capital, según datos de la Receita Federal. En 2020, había 34 377, es decir, 35 veces más.
Dariele Santos, de 29 años, es cofundadora del Instituto Alinha, que trabaja en las regiones de São Paulo y Gran São Paulo para ayudar a los empresarios de pequeños talleres a regularizar sus negocios.
El instituto también contacta a las marcas con los talleres, para garantizar relaciones justas en la cadena de producción de la moda.
Dariele afirma que el trabajo en condiciones de esclavitud en la cadena de la moda está más relacionado con un sistema de subcontratación, incluso a través de cuartas personas –cuando hay intermediarios entre los trabajadores y la empresa– y de precariedad que con una visión histórica del término.
«Cuando pensamos en condiciones de esclavitud, tendemos a llevarlo a nuestra visión antigua, al viejo formato, a un amo que esclaviza a las personas que están encerradas, encadenadas», dice.
«Cuando hablamos de esclavitud moderna, es mucho menos una figura que esclaviza y más un sistema que esclaviza por tantas intermediaciones y por un valor tan bajo pagado por pieza».
Comenta la necesidad de coser muchas piezas para alcanzar un valor mínimo de subsistencia y el tiempo que esto lleva.
«Al trabajar con la ‘moda rápida’ acabas trabajando con costos más [asequibles], trabajas a veces por céntimos. No me refiero solo a las pequeñas empresas, sino también a las grandes», añade Grecia de Cami.
Según el Índice de Transparencia de la Moda, que analizó 40 grandes marcas y minoristas del mercado brasileño en 2020, la mitad de las marcas no lograron más del 10 % de la puntuación máxima, que es de 250, en cuestiones como condiciones laborales, trabajo esclavo contemporáneo, salarios justos, libertad de asociación, eliminación de residuos textiles, reciclaje y circularidad.
«Necesitamos crear un espacio para una industria de la moda más ética, sostenible, limpia, justa, segura y transparente para todos», dice Eloisa Artuso, de 38 años, directora educativa de Fashion Revolution, organización que creó el indicador.
Por otro lado, Angela Bozzon, de 56 años, gerente del Programa Asociación Brasileña de Comercio Textil – ABVTEX, que ha realizado más de 36 000 auditorías a fabricantes de ropa y a sus subcontratistas desde 2010, afirma que «la sociedad y los consumidores están cada vez más conectados con las cuestiones de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental».
El trabajo análogo a la esclavitud está tipificado como delito en el Código Penal brasileño. El artículo 149 prevé una pena de dos a ocho años de prisión y una multa para quienes promuevan «condiciones análogas a la esclavitud», como someter a los trabajadores a trabajos forzados o a jornadas laborales extenuantes, condiciones de trabajo degradantes o restringir su movilidad por una deuda con el empresario.
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Fotografía: Magno Borges/Agência Mural
