Por: Nancy Flores. Contralínea. 18/11/2017
El gobierno federal parece empeñado en no ver los grandes problemas que aquejan a México, sobre todo aquellos relacionados con la violencia, la corrupción y la pobreza.
Pero en vez de atender esos flagelos, se ha dedicado a rematar los pocos bienes nacionales que quedan, a privilegiar a las clases políticas y económicas corruptas y, en consecuencia, a profundizar las desigualdades de nuestra sociedad.
La violencia es uno de los factores que más afectan a la sociedad: este 2017, el promedio de personas asesinadas por día –a lo largo y ancho del país– ha ascendido a 78.
Y es que de enero a septiembre, la cifra de homicidios registrados por el propio gobierno superó los 21 mil, lo que refleja claramente un empeoramiento de la inseguridad: en 2016, la cifra total oficial de asesinatos fue de 23 mil 953, algo que evidentemente se rebasará este año.
Corrupción
Otra realidad que le cuesta ver a quienes detentan el poder político es la corrupción: 14 exgobernadores enfrentan procesos judiciales porque resultaba imposible no proceder contra ellos, ante el evidente robo del erario y posterior enriquecimiento ilícito. No porque realmente se esté haciendo justicia y combatiendo al más alto nivel este terrible problema.
Para muestra, baste ver el caso Odebrecht-Petróleos Mexicanos, con un fiscal electoral corrido y perseguido por intentar investigar la parte correspondiente al financiamiento de la campaña de 2012, que directivos de la trasnacional brasileña han asegurado haber hecho a favor del Partido Revolucionario Institucional.
Ya no digamos del resto de averiguaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre ese caso, que a pesar de todas las pruebas aportadas por instancias internacionales (sobre todo por los sistemas de justicia estadunidense y brasileño) no avanzan. Algo que denota la necesidad que tiene el gobierno de ocultar la verdad, pues es muy probable que los hilos de esa corrupción toquen a la más alta esfera de la actual administración como de la pasada, encabezada por el panista Felipe Calderón.
En México, aunque muchos gobernadores, legisladores, políticos, servidores públicos y empresarios deberían ser juzgados y sentenciados por despojar a esta nación, no lo son porque no existe una real voluntad de acabar con este flagelo. Eso se explica porque la corrupción que captura al Estado va ligada a la impunidad y a la violación de derechos humanos en forma sistemática.
Pobreza
Aquí tampoco hay voluntad para superar la crisis económica que mantiene a más de 53 millones de personas en situación de pobreza y miseria (también según las cifras oficiales), a las que se han sumado los miles de damnificados que lo han perdido todo tras los sismos de septiembre pasado.
Este fenómeno de no atacar las verdaderas causas de la pobreza, para solo dar paliativos con programas sociales que acaban siendo desviados a los bolsillos de unos cuantos, tiene fundamento en la construcción y permanencia del propio sistema político-económico de México: un pueblo pobre y sin educación es altamente manipulable. La urgencia de comer le gana a cualquier tipo de resistencia.
En el caso de los damnificados, ese gobierno ha decidido que no tiene recursos públicos para su urgente rescate. Por ello les dice que soliciten créditos bancarios; es decir, el gobierno se empeña en generar un negocio a partir de la desgracia.
Lamentablemente para los mexicanos, ese mismo gobierno sí tiene dinero público para seguir con el rescate de la abusiva banca nacional y extranjera (que nadie se engañe, aún es vigente la deuda nacional vinculada al rescate del Fobaproa-IPAB).
Bullying al gobierno
Es en este contexto de negación de la realidad, en el que se inserta el nuevo reclamo del presidente Enrique Peña, ahora no hacia los periodistas, sino hacia la sociedad civil organizada, sobre todo a la que defiende los derechos humanos y exige justicia ante la montaña de casos impunes y la violencia exacerbada.
Para el presidente, esa sociedad organizada es buleadora de las Fuerzas Armadas y las policías, que únicamente sirven a la nación sin que nadie les reconozca su labor.
Con su declaración del pasado 13 de noviembre (“Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying al trabajo que hacen las instituciones del Estado Mexicano”), el mandatario demuestra nuevamente su intolerancia a la crítica, a la rendición de cuentas y a la transparencia, elementos fundamentales de un gobierno democrático.
Pero de democrático este gobierno no tiene nada. Según Peña, son muy pocas las voces que reconocen “en las tareas de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que tienen que actuar con protocolos de mayor rigor y con absoluto respeto a los derechos humanos”.
Es obvio que el presidente desconoce o no quiere aceptar las múltiples y muy graves violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido tanto las Fuerzas Armadas como los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno.
Tampoco entiende o no quiere hacerlo que la sociedad y los opositores a su gobierno, al igual que los periodistas, tienen derecho a exigir transparencia, rendición de cuentas y legalidad a todo servidor público, incluido él mismo, los militares y los policías.
Para Peña Nieto, pareciera que la crítica y el contrapeso al excesivo uso de la violencia, por no mencionar las ejecuciones que han cometido esas Fuerzas Armadas y policías que tanto defiende y aplaude, no sólo sería injustificado sino que sería, ante todo, una campaña perversa para destruir las instituciones del Estado mexicano.
Por ello el mandatario señaló: “Queremos actuación responsable y eficaz de las instituciones a las que todos los días pretendemos desmoronar y descalificar, especialmente a los integrantes de las corporaciones policiacas” (Apro, 13 de noviembre).
Es fundamental que todo servidor público comprenda que no sólo está sujeto a la crítica social, sino que él mismo debería propiciar esa crítica para mejorar su servicio público.
En el caso del presidente, resulta desalentador que sea él quien agreda a esa sociedad civil con sus imputaciones. Porque, sin duda, el verdadero bullying viene de esos representantes populares, de la fuerza pública y militar, de los funcionarios de los tres niveles de gobierno que se corrompen para favorecer a ciertas industrias, a ciertos amigos; que roban el presupuesto público para enriquecerse; que ordenan matar (sea con armas o con las carencias de lo más básico: comida, salud, educación, vivienda, vestido…) a miles de mexicanos.
Y eso sí es lo peor: ellos bulean con violencia física, económica, sicológica, política y social. Son quienes tienen a México sumido en la desgracia y a la mayoría de los mexicanos a punto de morir por enfermedades curables, desnutrición, falta de oportunidades o violencia criminal o estatal.
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Fotografía: contralinea
