Por: Mundo obrero. 17/10/2019
Ha suprimido las libertades de tránsito, reunión y asociación y ha movilizado a todas las fuerzas de Seguridad.
El presidente de Ecuador Lenin Moreno ha decretado el estado de excepción en todo el país, durante los próximos 60 días, para intentar cortar de raíz las manifestaciones que se están produciendo en protesta de un paquete de medidas económicas que perjudican a las trabajadoras y trabajadores más vulnerables del país.
La población reaccionó con manifestaciones de diferentes sectores registradas en todo el país. El gremio del transporte convocó un paro nacional ayer asegurando que lo mantendrá hasta que el Ejecutivo derogue la subida del precio a los combustibles. A las protestas de los transportistas se han sumado los estudiantes, que intentaron llegar a la sede del gobierno central y fueron duramente reprimidos. También se han unido al paro las organizaciones indígenas de la provincia de Tungurahua, en el centro de Ecuador, llamando al corte de las vías. La respuesta del presidente fue amenazar a los manifestantes a la voz de “Acójanse a las consecuencias”.
El partido comunista ha condenado esta mañana la represión aplicada por la policía contra las legítimas protestas sociales, así como la declaración de estado de excepción, con el que Moreno, para empezar, ha suprimido las libertades de tránsito, reunión y asociación y ha movilizado a todas las fuerzas de Seguridad. El PCE considera que “esta medida antidemocrática es una nueva muestra del carácter autoritario de Lenín Moreno”.
El mandatario ecuatoriano puede disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, a la vez que trasladar la sede de Gobierno a cualquier lugar del territorio y disponer de censura previa en la información de los medios de comunicación social.
En su comunicado, el PCE denuncia “el paquetazo económico” que además de la eliminación de subsidios para el consumo de combustibles fósiles y la liberación de los precios del diesel y las gasolinas incluirá una serie de reformas económicas y laborales que podrán ‘flexibilizar’ las condiciones de los trabajadores y reducir sustancialmente sus ingresos, con el recorte de las pensiones y del salario de los empleados públicos, entre otras medidas, “una sumisión al Fondo Monetario Internacional y a los dictados del capital (…) cuyos resultados afectarán a los trabajadores y trabajadoras y a los más vulnerables de la sociedad ecuatoriana”.
Por su parte, la bancada, de Revolución Ciudadana “rechaza” en un comunicado “ la criminalización de la protesta social”, defendiendo el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse y hace un llamamiento a los diputados de todas las bancadas para convocar urgentemente un pleno de la Asamblea Nacional con el fin de “pronunciarse sobre la decisión antidemocrática impuesta por este gobierno” y sobre la crisis económica y política abierta, para “no dar la espalda al pueblo”.
El PCE aprovecha la ocasión para volver a demandar “la convocatoria de elecciones libres, que la soberanía sea devuelta al pueblo, así como la anulación de todos los montajes judiciales contra el ex Presidente Correa y la inmediata puesta en libertad del Vicepresidente Jorge Glass”.
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Fotografía: Mundo obrero
