Por: Adela Navarro Bello. Sin Embargo. 16/02/2017
Hace unos días el Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que la Procuraduría General de la República había recuperado ya, 30 de las 92 hectáreas que comprenden el Rancho Las Mesas que Javier Duarte compró en Valle de Bravo a razón de 223 millones de pesos, con dinero que pertenecía a las arcas estatales.
Aparte, la misma PGR confiscó y envió también para el Gobierno de Veracruz, un avión Learjet con precio de 50 millones de pesos, así como un helicóptero de 15 millones de pesos, ambos producto de la transa de Javier Duarte de Ochoa con los dineros públicos de aquel Estado.
Hay más. Yunes Linares dice que en efectivo, han recuperado 722 millones de pesos de los desfalcos del ex Gobernador priísta y prófugo de la justicia, y otro rancho, El Faunito, en Fortín, Veracruz, con un precio superior a los 200 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 55 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable de simular la entrega de 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno de Veracruz a la Tesorería de la Federación.
El desfalco de Javier Duarte de Ochoa se cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al Gobierno de Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el que fue electo. A pesar de las investigaciones y las denuncias, fue hasta octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, luego que –también finalmente- el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar una denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el Gobernador depuesto y sus principales colaboradores, tiempo que Duarte y secuaces aprovecharon para huir, de Veracruz y de la justicia.
Cada día que transcurre, los mexicanos nos enteramos de más millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de Veracruz. Hemos visto los departamentos de lujo en el extranjero, las casas en México, los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex Gobernador con ilícito cargo al erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las empresas fantasmas que creó para robar más a los veracruzanos.
Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o presunto culpable pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero existen otros responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz. Empecemos el organigrama criminal del sistema político mexicano.
El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos.
Como responsables directos están los Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar denuncias.
En calidad de responsables abstractos están los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia y rendición de cuentas.
Si la Auditoría del Estado, la Contraloría, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron cuenta durante cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por Javier Duarte de Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado de Veracruz, y deberían esas instancias atravesar por una transformación que les de verdaderos ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para evitar que desfalcos como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.
La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama criminal del servicio público. Ahí está también el reciente caso de Chihuahua, donde el ex Auditor Superior señaló que de manera puntual alertó a los diputados locales, al análisis de la cuenta pública de 2015, de irregularidades en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil 328 millones de pesos.
Dijo Jesús Manuel Esparza Flores, el ex Auditor, que notificó a los legisladores del Congreso de Chihuahua, que las irregularidades habían sido por dineros entregados sin licitación de por medio, recursos pagados con sobreprecio, préstamos y cuentas pendientes, omisión de cobros, licitaciones dirigidas, y gastos sin contrato. Que él esperaba que no aprobaran la cuenta pública y que le ordenasen presentar denuncias, pero no fue así. De hecho que el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un panista, presentó un dictamen sin irregularidades sobre la gestión de César Duarte en 2015, y la cuenta fue aprobada, eliminando la posibilidad de que el Auditor hiciera las denuncias.
En estas condiciones, con un sistema plagado de huecos, apto para la negociación política entre partidos, sin una estructura de fiscalización del gasto que al día detecte las anomalías, proclive a la corrupción, con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tiene el personal ni los programas necesarios para detectar el robo en los Gobiernos de los Estados a tiempo, y con entidades omisas y cómplices en los otros Poderes del Estado y en la sociedad civil, en este país seguirán apareciendo Duartes por todos los Estados.
Gobernadores que cuentan con la complicidad de los partidos, del Congreso, del Gobierno Federal y hasta del Municipal. Definitivamente al sistema mexicano de gobierno le urge una reestructuración que asegure la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, porque lo que ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son responsables de la transa.
Fuente: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3152512
Fotografía: sinembargo
