Por: Luis Armando González. 29/07/2020
En el momento actual, en El Salvador –y no sólo en nuestro país— se conjugan dos situaciones críticas: la primera, la crisis del sistema de salud pública, cuyas grietas más graves han salido a relucir con los efectos del impacto del coronavirus. La letalidad de ese virus en el personal del sistema –médicos, enfermeras, enfermeros, y empleados administrativos y de servicios— ha puesto en evidencia la fragilidad de la salud pública. La segunda situación tiene que ver con la crisis económica que ya ha comenzado a golpear a los sectores populares y medios, y que no se ven señales que vaya a revertirse en el corto o mediano plazo. La CEPAL ha realizado los primeros diagnósticos –que toda persona sensata debería tomar en cuenta— sobre la situación económica, de indudables implicaciones sociales. Hay un decrecimiento de la economía en un -8.6%; la pobreza podría llegar a un 40% (con 1.5 millones de personas que, se estima, terminarán en la pobreza); y se perderán unos 230 mil empleos, siendo el sector informal uno de los más golpeados. Dada la lógica del aparato económico vigente en El Salvador, lo esperable es que el impacto mayor de la crisis económica se concentre en los sectores populares y en segmentos vulnerables de la clase media.
Eso explica que, en la actual coyuntura de freno de la actividad económica en determinados rubros, la pobreza se extienda entre los sectores populares y medios. El mercado no sabe de otra cosa que trasladar los costos de sus fracasos o estacamientos a los sectores sociales más desprotegidos. Ese el capitalismo neoliberal vigente en El Salvador, y en otras partes. Vigente y con ansias de recomponerse, sacando provecho de todo aquello que lo permita, ya se trate de epidemias, guerras o terremotos. Sin Estados fuertes estén dispuestos a contener su voracidad, y que no sean sus cómplices, sólo queda la opción de una resistencia social organizada; con instancias de participación y organización, como sindicatos, gremios, asociaciones, ONGs, etc., que canalicen las energías y el malestar social hacia estrategias de lucha en defensa de los derechos
y dignidad de las personas. O sea, la única opción que queda es el movimiento social-laboral organizado. En El Salvador, y en otras partes, la situación actual urge de la presencia del movimiento social-laboral, que, cuando menos, diga una palabra sobre la vulneración de derechos laborales esenciales. El movimiento social- laboral debe plantarle cara a los abusos que están padeciendo amplios sectores populares en nuestro país, lo cual es extensivo para otros movimientos sociales, sindicales y gremiales en diferentes partes del mundo.
¿Cuáles son los desafíos del movimiento social-laboral en el momento actual del país? Esa es la interrogante que he planteado al grupo de reflexión al que pertenezco.
Lucio Reyes (Abogado y defensor de derechos humanos): Desde el punto de vista de los derechos humanos, este tema nos plantea la reflexión sobre el derecho a la libertad de asociación, estipulado en el art. 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (DADH) y en el Art. 7 de nuestra Constitución; además, el derecho al trabajo, estipulado en el Art.26 de la CADH y Arts. 37 ss. Cn. En el contexto actual de esta crisis, provocada por la pandemia y las malas decisiones adoptadas por nuestros gobernantes, pienso que el movimiento social-laboral tiene dos desafíos: en primer lugar, exigir que el Estado cumpla las obligaciones internacionales de respeto y garantía con el goce de los derechos humanos, libertad de asociación y trabajo, sobre todo de los sectores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto implica que el estado adopte medidas económicas y sociales, que vayan encaminadas a la protección de estos sectores. Pero también, el Estado debe exigir a la empresa privada que adopte procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. En segundo lugar, pienso que el otro desafío es a nivel interno del movimiento social-laboral, en cuanto que se deben plantear las formas de reinventar la organización laboral; es decir, ya no se puede estar pensando en las antiguas fórmulas y métodos de organización laboral. Sobre todo, porque la lucha por (y la protección de) los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) es una condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible.
Carlos Mauricio Hernández (Docente e investigador universitario): En la última encuesta (Informe N° 156, 2020) publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP-UCA) aparece un dato sobre las preferencias electorales de cara a los comicios del próximo año en El Salvador, donde se elegirán a los 262 concejos municipales y la Asamblea Legislativa. La consulta –que arroja datos sobre la muestra consultada y que probablemente se apliquen al conjunto de la población adulta— arrojó el siguiente dato con relación a la pregunta ¿cuál es el partido político de su preferencia?: Nuevas Ideas, 30 %; FMLN, 3.8 %; ARENA, 3.5%; otros, 3 %; y ninguno 59.7 %. La diferencia abismal entre Nuevas Ideas y demás partidos refleja la probabilidad del dominio legislativo por parte de este partido (dejando de lado las sorpresas que podría deparar el 59.7% que dice no preferir a ninguno), del cual se presume una alta popularidad y se destacan sus habilidades de mercadotecnia publicitaria, pero resulta reprobado en transparencia y en efectividad para resolver de raíz los problemas que aquejan al país. El panorama político electoral puede ser un golpe a la esperanza. Sin embargo, hay vida y capacidad de incidencia más allá de la competencia partidaria; y es en los márgenes de competencia, que obviamente debe valorarse y respetarse en lo que le es propio, en donde debe encontrar su lugar el movimiento social-laboral, cuyas metas deben ser la justicia y la equidad sociales y populares.
Si el movimiento social-laboral logra ganar autonomía respecto de la política y adquiere la combatividad necesaria, la sociedad salvadoreña saldrá ganando en la lucha por sus derechos.
Oscar González Márquez (Periodista e investigador social): Entre los desafíos del movimiento sindical se encuentra el de consolidar su importancia como actor clave en la defensa y mejora de las condiciones laborales. Para lograrlo, debe coordinar acciones en torno a demandas comunes: la protección de los empleos, la denuncia de despidos injustificados y la exigencia por mejores condiciones laborales. Una de las áreas más afectadas por la pandemia ha sido la del trabajo. Aunque es verdad que se requiere tomar medidas económicas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, estas no tienen que colocarse por encima de las necesidades propias de los sectores laborales. Despedir personas, disminuir salarios, etc. solo incrementa las problemáticas económicas del país… Otro factor, que deben tener en cuenta los sindicatos, gremios y organizaciones sociales y laborales para consolidarse, es reconocer cuál es función como defensores de la democracia y la justicia social. Para lograrlo, deben posicionarse como un actor crítico frente a los intereses de los empleadores, así como de los agentes políticos y estatales. Mantener su independencia y actuar conforme a sus objetivos es esencial. Por último, los sindicatos tienen que innovar y adaptarse a las nuevas formas de trabajo, para mantener su presencia no sólo en el empleo formal clásico, sino que abarquen otros sectores que requieren de organización, respaldo y capacidad movilizadora.
Fotografía: Blogs.
