Por: Roberto González Villarreal. Profesor-investigador de la UPN-Ajusco. 05/11/2026
Hay una convención que se enseña aún en las escuelas de economía crítica: la reproducción del capital exige siempre la preservación metabólica y jurídica de la fuerza de trabajo.
Dice más o menos así: en el proceso de acumulación, el capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo (las condiciones materiales y políticas necesarias para reproducirla) y tolera los límites biológicos y jurídicos de su uso (que también son histórico-políticos: jornada de trabajo, condiciones materiales, etc.).
El o la trabajadora recibe la parte de su valor añadido y mantiene una suerte de anclaje ontológico (como fuerza de trabajo en una relación salarial), como sujeto contractual y político, así como fuente viva de producción de valor.
Sin embargo, como hemos visto desde hace años y recientemente se ha podido documentar cada vez con mayor frecuencia, en los regímenes de necroacumulación —donde los ciclos de valorización de capitales legales e ilegales se imbrican en una misma trama extractiva y tolerada—, esa relación se quiebra: el cuerpo del necroproletario deja ser necesariamente conservada y reproducida para degradarse como materia fungible de uso limitado, consumible hasta su aniquilación o su eliminación intempestiva.
Esta mutación no surge de un exceso fortuito de barbarie o de una pulsión sádica ajena a la racionalidad económica, sino de la estructura misma de la rentabilidad del capital criminal. Cuando la ganancia extraordinaria no descansa en incrementos de productividad tecnológica, sino en el control monopólico de plazas, rutas de trasiego, enclaves de despojo territorial y mercados clandestinos turbulentos, el gasto en la fuerza de trabajo se reduce a su mínima expresión mediante la coerción directa.
El trabajo forzado en campos de cultivo de amapola, laboratorios sintéticos, redes de trata sexual o en las filas de sicariato de primera línea no obedece ya al estatuto del salario: adopta la forma de una conscripción violenta y precarizada donde el tiempo de reposición del obrero tiende a cero.
Los cuerpos reclutados o secuestrados son desgastados hasta el agotamiento absoluto bajo la premisa de que el ejército de reserva es inagotable, baratísimo de reponer y desprovisto de cualquier costo de retiro o mantenimiento. Su valor de uso radica enteramente en su rendimiento inmediato; una vez consumida su energía útil, o ante la menor contingencia operativa, el cuerpo deviene lastre o riesgo jurídico-policial, transformándose de manera instantánea de herramienta productiva en desecho biológico que debe ser borrado para no dejar rastro contable ni judicial.
Es en este umbral donde hace posible el concepto de cuerpo residual. A diferencia del obrero desocupado o del ejército industrial de reserva tradicional —que aún dentro de su miseria permanece en la antesala del mercado a la espera de un ciclo expansivo de acumulación—, el sujeto del necroproletariado es fijado en una condición de supernumerario irreversible. Es un residuo en el sentido más estricto y crudo del término: el sobrante material de un proceso de producción y despojo que ya no puede ni tiene interés en ser reabsorbido en la economía formal ni en los pactos clientelares del Estado.
Este residuo no solo es expulsado de los circuitos de consumo y de los registros del seguro social; es despojado previamente de su estatuto de humanidad compartida.
El régimen de necrogobernanza que opera en los territorios en disputa codifica a estos sujetos como vidas prescindibles cuya vulnerabilidad extrema las hace susceptibles de cualquier ultraje sin costo social: jóvenes de periferias urbanas, migrantes en tránsito, jornaleros empobrecidos y mujeres en zonas maquiladoras o de control delictivo.
La ontología que les asigna el capital criminal es la de la nuda disponibilidad: materia utilizable para el trabajo servil, para el entrenamiento bélico, para el camuflaje logístico o para el espectáculo ejemplificante del castigo corporal.[1]
La desaparición forzada se inscribe entonces en este engranaje no como una anomalía penal, sino como la tecnología por excelencia de gestión y liquidación del residuo. El cuerpo residual, habiendo agotado su función en los enclaves del capital o habiéndose cruzado accidentalmente con los flujos de su valorización territorial, es sustraído de la vista del mundo y disuelto en fosas clandestinas, pozos de cal o tambos de ácido.
Esta aniquilación clandestina cumple una doble función en la economía política de la muerte: por un lado, abarata al extremo la gestión del desecho al ahorrarse el entierro formal, el certificado de defunción y la responsabilidad jurídica patronal o estatal; por el otro, proyecta sobre los vivos la pedagogía de la desechabilidad absoluta.
La desaparición demuestra a la totalidad de la comunidad que cualquier cuerpo puede ser transmutado de la noche a la mañana en residuo sin nombre, disciplina a la mano de obra restante bajo el terror directo e inhibe cualquier intento de demanda laboral, resistencia territorial o defensa de lo común.
La necroacumulación se revela así como una fase extrema del metabolismo del valor donde la destrucción deliberada de cuerpos y la producción sistemática de inexistencia no son fallas del sistema, sino las condiciones materiales que aseguran su tasa de ganancia y su dominio territorial absoluto.
[1] Evidentemente es un préstamo de Giorgio Agamben en Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida (1995)