Por: Alberto Javier Olvera Rivera. Tomado de Facebook. 08/01/2017
Comparto en versión texto artículo de mi autoría en Reforma. No es sobre el gasolinazo, sino sobre las causas profundas de la crisis de inseguridad y justicia. Lo que dice vale también para explicar en parte lo que pasa con las protestas.
Crisis de justicia y régimen
COLABORADOR INVITADO / Alberto J. Olvera
05 Ene. 2017
Hace 10 años inició la infausta «guerra contra las drogas», pero también un ciclo de reformas de la seguridad y la justicia. En este período hubo importantes avances legales e institucionales, se realizaron diagnósticos de los problemas sectoriales y se acordaron soluciones a los mismos, sin que se haya logrado mejorar el desempeño gubernamental, ni detener la oleada de violencia criminal ni evitar violaciones graves a los derechos humanos.
Las policías locales, estatales y federal no han podido ser profesionalizadas a pesar de las inversiones en capacitación y equipo. La Red Nacional por la Seguridad ha lanzado una nueva petición para impulsar una reforma integral de las policías, antes de aprobar una ley de seguridad interior. En materia de implementación de la reforma penal, se vive una simulación institucional en gran escala, que en la práctica ha obstaculizado aún más el acceso a la justicia, en vez de facilitarlo. Tanto los policías como los fiscales prefieren evitar que se inicien carpetas de investigación ante la certeza de que las exigencias técnicas de la reforma rebasan sus capacidades reales, dada la falta de entrenamiento, equipo, personal y liderazgo. Áreas esenciales como las unidades de atención temprana y mecanismos alternativos y las defensorías públicas, están en pañales. Los penales siguen siendo una desgracia nacional, al igual que la precaria justicia para adolescentes. Incluso la prevención de la violencia ha sido dejada sin presupuesto. La ausencia de respuestas políticas y legales efectivas a la tragedia de los desaparecidos es intolerable. Además, los Tribunales Superiores de Justicia carecen de autonomía política y de autoridad moral para cumplir sus funciones.
Los problemas no se originan en carencias de diagnóstico ni en escasez de propuestas. Sabemos lo que hay que hacer. Y si no se hace, o se hace mal, es porque la mayoría de los políticos considera que no les es rentable la inversión en la justicia, pues piensan que no da votos, mientras que una aplicación efectiva de la misma implicaría la pérdida de su control sobre el sistema, que han usado para impulsar o proteger sus propias carreras. Consecuencias extremas de esta laxitud son los recientes escándalos de corrupción, cuya magnitud enfurece al país y al mundo. La corrupción es incompatible con el Estado de Derecho. Y este problema no lo resolverá la legalización de la intervención militar en asuntos de seguridad pública, hecho que, de concretarse, significará el reconocimiento por parte del Estado mexicano de que es un estado fallido.
Vivimos una crisis de régimen y no sólo una crisis de inseguridad y justicia. Esta última es consecuencia de la primera. Mientras no se modifiquen las reglas informales que obligan a la clase política a acumular recursos y a satisfacer clientelas a cualquier costo para tener ventaja en la competencia electoral, el país no podrá crear un Estado de Derecho ni evitar que el crimen organizado intervenga en el proceso. El primer paso en esa dirección será impedir que el naciente Sistema Nacional Anticorrupción y sus expresiones estatales futuras se vean colonizados por intereses políticos, como ha sucedido con instituciones del campo electoral y del acceso a la información. Será necesario crear una fiscalía nacional verdaderamente autónoma, y hacer lo propio en los estados del país. Urge una reforma integral de los Tribunales Superiores de Justicia, último reducto intocado del viejo régimen. Ante todo, debe aplicarse la legislación electoral en materia de financiamiento, hasta hoy burlada en múltiples formas. En síntesis, la crisis de seguridad y justicia sólo puede resolverse mediante una reforma política profunda que conduzca a un verdadero Estado de Derecho.
Síntesis de la intervención del autor en la XLI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Fuente: https://www.facebook.com/albertojavier.olverarivera/posts/10210244201892991
Fotografía: formatosiete
