Por: Lemmy Montes*. 20/04/2025.
El 11 de febrero del año en curso, autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) nos enviaron un correo —a toda la comunidad— titulado “PARTICIPA EN LA CONSULTA SOBRE EL INSTRUCTIVO PARA LA SEGURIDAD EN LAS UNIDAD AZCAPOTZALCO”. A continuación, narramos la lucha que se ha dado contra dicho instructivo, por ser arbitrario y atentar contra las libertades democráticas de la institución.
En la sesión 529 del Consejo Académico, que se celebró el 21 de febrero, en el punto 6 del orden del día se discutiría una prórroga relacionada con el instructivo. Integrantes de la comunidad solicitamos el uso de la palabra para manifestar nuestro posicionamiento. Se nos negó sistemáticamente y se pretendió relegar nuestras intervenciones al punto de “asuntos generales”, espacio donde nunca se discute ni resuelve nada. Ante la exclusión, tuvimos que tomar la palabra por cuenta propia, ejerciendo el derecho a la participación que el propio reglamento reconoce.
La reacción de la presidenta del consejo y actual rectora, Yadira Zavala Osorio, fue abrupta: dio por terminada la sesión, y los “representantes de la comunidad en el consejo” abandonaron la sala sin más, dejando a la comunidad con la palabra en la boca. Días después, el 28 de febrero, retomaron la sesión en línea, a espaldas de la comunidad, para impedir nuestra participación y cerrar el proceso sin oposición. El acta oficial de esa sesión tergiversa lo ocurrido, omitiendo que se nos negó la palabra y presentando la información de forma que encubra la censura y el rompimiento deliberado del diálogo.
Posteriormente, en la sesión 531 —16 de abril—, se repitió el patrón de simulación. A pesar de que distintos sectores de la comunidad entregamos documentos firmados, posicionamientos colectivos y realizamos intervenciones señalando el rechazo generalizado al instructivo, el consejo decidió votar, entre ellos, un receso autoconvocado. Durante el receso auto otorgado en la misma sesión, a puerta cerrada y de manera unilateral, solo tres personas integrantes del consejo, designadas por el mismo, realizaron en poco más de una hora modificaciones al documento. Esta fue una estrategia para aprobar el instructivo a pesar de las manifestaciones en contra y de las peticiones explícitas de no aprobar dicho documento por parte de la comunidad, sin someter el texto a la consulta deliberativa. Se hizo sin abrir una nueva convocatoria ni someter esta modificación a consulta con la comunidad.
Aunque dejamos clara nuestra oposición a aprobar ese documento, con base en argumentos jurídicos, políticos y comunitarios, el consejo volvió a sesionar inmediatamente y aprobó el documento de forma unilateral, sin tomar en cuenta el descontento generalizado. Las supuestas “modificaciones” no resolvieron el problema: el instructivo viola derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el principio de presunción de inocencia, la participación en la vida universitaria y la autonomía organizativa.
Durante las intervenciones en esta sesión, la comunidad denunció el carácter ambiguo del instructivo original, y lo que se hizo en la versión modificada fue precisamente eliminar especificaciones que daban mayor claridad, dejando aún más abiertas las prohibiciones y sanciones a interpretaciones discrecionales, lo cual aumenta el margen de control y arbitrariedad por parte de las autoridades.
Entre los aspectos más graves del instructivo destacan la criminalización indirecta del comercio estudiantil y popular, al limitar el uso de instalaciones exclusivamente a lo que haya sido formalmente autorizado; el control y monitoreo discrecional de actividades políticas y culturales, que pueden ser suspendidas incluso si ya cuentan con permiso; la vigilancia, inspección y sanción sin límites claros ni mecanismos de rendición de cuentas, lo que abre la puerta a prácticas arbitrarias; la restricción del acceso a estudiantes de otras unidades, familiares o redes de apoyo, sin criterios transparentes de inclusión; y la amenaza constante a la organización autónoma y no institucional, que queda subordinada a la aprobación de una autoridad central con amplias facultades.
Después de la aprobación, los estudiantes se manifestaron con consignas dentro del consejo, gritando en protesta por la imposición. Pero la respuesta de la rectora Yadira Zavala fue el silencio autoritario: continuó con la sesión como si no estuviéramos presentes, negando la existencia misma de una comunidad crítica, viva y combativa.
Lo ocurrido fue una estrategia deliberada para acallar voces, imponer un marco de control y reprimir la organización autónoma. Hoy queda claro que los órganos colegiados no representan a la comunidad, sino a la estructura burocrática que responde a intereses ajenos a la universidad pública y democrática que decimos defender.
Como vemos, la aprobación de este nuevo Instructivo de Seguridad en la UAM, unidad Azcapotzalco, no solo representa un ataque directo a las libertades estudiantiles, sindicales y políticas dentro de la institución. También constituye un caso claro de violencia política institucional, ejercida mediante censura estructural, represión simbólica y procedimental, silenciamiento deliberado de la comunidad organizada e imposición autoritaria desde órganos colegiados. Las autoridades universitarias han recurrido a mecanismos de exclusión y simulación para imponer una medida que busca normalizar el control, la vigilancia y la criminalización de la disidencia.
La lucha no termina. Desde abajo y a la izquierda, seguiremos denunciando este intento de institucionalizar la vigilancia, castigar la protesta y debilitar la organización popular. No nos rendiremos ante una rectoría que desprecia la voz colectiva. La universidad no es suya. Es de quienes la habitan, la defienden y la transforman todos los días.
*Estudiante de la UAM Azcapotzalco
