Por: PTS, Jorge Altamira, Rolando Astarita. 02/07/2025
La Corte Suprema Argentina proscribió políticamente a Cristina Kirchner
PTS-Izquierda diario
Este martes por la tarde, la Corte Suprema de Argentina ratificó la proscripción política contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo con el voto de sus tres integrantes: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El hecho constituye un grave ataque a las libertades democráticas. Es, al mismo tiempo, un ataque al derecho a elegir de la población, ya que se le impide elegir a una candidata.
El fallo, que confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, tiene profundas implicancias tanto políticas como sociales. Este caso, que investiga el supuesto direccionamiento de obras públicas hacia el empresario Lázaro Báez durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, culminó con una sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la exvicepresidenta.
La condena se basa en acusaciones de manipulación de licitaciones y sobreprecios en las obras, con pruebas cuestionadas por la defensa de Fernández de Kirchner, que argumentó que estas obras ya habían sido objeto de investigaciones previas en la justicia provincial. Además, denunció graves irregularidades en el proceso judicial, como la relación de algunos jueces y fiscales con el expresidente Mauricio Macri, lo que pone en duda la imparcialidad del juicio.
La sentencia no solo busca proscribir políticamente a una figura clave del peronismo, sino que también constituye una amenaza a los derechos democráticos de la población en general. Este tipo de instrumentalización de la justicia recuerda al caso Lava Jato en Brasil, donde se utilizaron acusaciones judiciales cuestionables para desplazar políticamente a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores, marcando una tendencia preocupante en la región.
Este fallo pone en evidencia el rol completamente arbitrario y antidemocrático de la Corte y del Poder Judicial mismo. Un sistema ordenado en interés del gran poder económico, tanto nacional como internacional. Y estrechamente vinculado a la ultraderecha y a los grandes medios de comunicación alineados con ella. Un Poder Judicial que actúa abiertamente en contra de los intereses de la clase trabajador y el pueblo pobre
Apenas conocido el fallo, Milei tuiteó celebrándolo. Lo mismo hizo la derecha del PRO Más temprano, cuando los rumores del fallo ya estaban instalados con fuerza, se verificó una suba de las acciones de empresas y los bonos, evidenciando el interés del gran capital en la proscripción política de Cristina Kirchner.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner habló en la puerta de la sede del PJ. Allí, entre otras cosas, denunció que la decisión judicial constituía un “cepo al voto popular” y afirmó que los tres integrantes del máximo tribunal eran “un triunvirato de impresentables”, unos “monigotes del poder económico concentrado de la Argentina”.
Además, recordó la ofensiva mediática y judicial en su contra, que lleva años desarrollándose. “Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso -indicó-. “Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires sacan el fallo”, criticó.
Este ataque implica un avanzada contra las libertades democráticas. La proscripción a Cristina habilita un salto en la persecución judicial a todos aquellos sectores que enfrenten la política de ajuste de Milei, el FMI y las grandes patronales. Por eso es necesario derrotarla.
Por eso es urgente que la dirigencia peronista convoque a movilizaciones masivas en todo el país. Hay que copar las calles de CABA y las grandes ciudades como parte de esa gran pelea. Además, la CGT y los sindicatos tienen que romper la escandalosa tregua que vienen llevando adelante y convocar a paro nacional activo con movilización. Es necesario desarrollar una amplia lucha en las universidades de todo el país, apelando a asambleas, clases públicas, tomas de facultades y movilizaciones.
Este fue el planteo que hicieron públicamente los principales referentes del Frente de Izquierda, que se hicieron presentes este martes tanto en la sede del PJ como en el domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución. Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo plantearon la necesidad de desarrollar esa gran lucha nacional para derrotar la proscripción.
El PTS-Frente de Izquierda había repudiado el fallo apenas conocido. El diputado nacional Del Caño, había señalado su repudio y explicado la gravedad del ataque.
Un día antes, esta posición ya había sido explicitada en una Declaración donde se indicaba: “Manifestamos nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner. En nuestro caso lo hacemos en el marco de haber sido y ser sus opositores políticos por izquierda, e incluso de haber sufrido represiones durante protestas en las que acompañamos reclamos de trabajadores y sectores populares cuando fue presidenta o vicepresidenta, como en Kraft en 2009 y Lear en 2014, o en la lucha por la vivienda en Guernica en 2020, reprimida en este caso por Alberto Fernández y Axel Kicillof. Es decir, que nadie puede decir que nuestra posición responde a una afinidad política con CFK sino al elemental rechazo a toda medida antidemocrática y proscriptiva, que hoy afecta a la ex Presidenta y mañana puede hacerlo con cualquier otro.
No a la proscripción de Cristina Fernández de Kichner
Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo, por la Dirección Nacional del PTS en el FITU
El PTS expresa su rechazo a una eventual decisión de la Corte Suprema que dejaría firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Dicha resolución implicaría una proscripción política por parte de la cúpula del Poder Judicial, que actúa al servicio del poder económico y está alineada políticamente con distintos sectores de la derecha.
Desde hace unos días, distintos medios de comunicación han dejado trascender que la Corte Suprema de Justicia resolvería contra el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y dejaría firme el fallo que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto implica su proscripción política, al impedirle participar del proceso electoral al que se había postulado como Diputada de la Provincia de Buenos Aires. Sería un ataque no solo a sus derechos políticos, sino también a los de quienes se sienten representados por su candidatura y a los derechos democráticos del conjunto de la población, donde tres personas se arrogan la decisión de quién puede y no puede ser candidato/a. No nos extrañaría esta resolución de la Corte.
Se trata de la cúspide de un Poder Judicial fuertemente corrompido y altamente impopular, con jueces como los de Lago Escondido, que actúan al servicio del poder económico y alineados políticamente con distintos sectores de la derecha, en particular con el macrismo. Es la misma Corte que nada ha dicho respecto de la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 o de la ilegalidad de la Ley Bases, aprobada en base a la compra de votos como el del ex senador Edgardo Kueider. Una ley que ha permitido al gobierno de Milei todo tipo de arbitrariedades y medidas inconstitucionales e ilegales, como el “protocolo” de Patricia Bullrich que viola el derecho a la protesta y favorece la constitución de una suerte de “estado policial”. Una Corte al servicio del plan de guerra de Milei y el capital financiero contra el pueblo trabajador.
Toda la causa Vialidad ha estado plagada de manipulaciones, con jueces y fiscales que no han dudado en mostrar escandalosamente este alineamiento político. La condena nada tiene que ver con hacer justicia o combatir la corrupción (sin duda presente en el negocio de la obra pública en los distintos gobiernos), sino con conformar un régimen político más directamente subordinado a los intereses de la AEA (Asociación Empresaria Argentina).
Macri tiene multitud de denuncias de corrupción que nunca han avanzado en la Justicia y lo mismo ocurre con los empresarios implicados en diferentes causas. Además, es un Poder Judicial que tiene la tradición de haber avalado dando legitimidad jurídica a los diferentes golpes de Estado, y de haber sostenido distintos regímenes proscriptivos, como el que prohibió a Perón y al peronismo luego del golpe asesino de septiembre de 1955. O que ha dejado impune al poder económico responsable del genocidio de la dictadura, con el funcionamiento de centros clandestinos de detención dentro de muchas de las principales empresas del país (Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Siderca en Campana, etcétera).
De ocurrir este gravísimo hecho proscriptivo sería un paso en toda una serie de acontecimientos que muestran el carácter cada vez más autoritario y represivo del régimen político. Entre ellos debemos contar la violación sistemática al derecho a la protesta, con la represión cada miércoles a las movilizaciones protagonizadas por jubilados y jubiladas, la persecución judicial fraudulenta a luchadores del movimiento piquetero o la acusación de “terroristas” a manifestantes. A esto se agregan leyes y decretos que dan poder discrecional para actuar a las fuerzas de seguridad, en todos los casos promovidos por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Manifestamos nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner. En nuestro caso lo hacemos en el marco de haber sido y ser sus opositores políticos por izquierda, e incluso de haber sufrido represiones durante protestas en las que acompañamos reclamos de trabajadores y sectores populares cuando fue Presidenta o Vicepresidenta, como en Kraft en 2009 y Lear en 2014, o en la lucha por la vivienda en Guernica en 2020, reprimida en este caso por Alberto Fernández y Axel Kicillof. Es decir, que nadie puede decir que nuestra posición responde a una afinidad política con CFK sino al elemental rechazo a toda medida antidemocrática y proscriptiva, que hoy afecta a la ex Presidenta y mañana puede hacerlo con cualquier otro.
Sabemos además que cada acto antidemocrático termina golpeando más tarde o más temprano a la clase trabajadora. Por último, señalemos que hechos proscriptivos de esta naturaleza no son patrimonio de nuestro país sino parte de una política al menos regional, que tiene un antecedente en el encarcelamiento y proscripción de Lula en Brasil, en base a un proceso judicial fraudulento que permitió la llegada al gobierno de Bolsonaro. Por todo esto llamamos al pueblo trabajador a repudiar activamente de confirmarse este fallo proscriptivo.
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CFK-Suprema Corte: conflicto “interburgués”
Jorge Altamira
La crisis política desatada por la inhabilitación política de Cristina Kirchner ha provocado “beneficios colaterales”, como lo es un debate acerca de su naturaleza de clase propiamente dicha. Así ha surgido una caracterización simplificada de este conflicto, que lo describe como un choque entre un bloque patronal, que se escuda en el ‘neoliberalismo’ y el libertarianismo, de un lado, y otro bloque patronal, que se parapeta en el nacionalismo popular , por el otro –o sea, un choque “interburgués”. Como ‘todos tienen que ver con todos’, en ambos bloques hay protagonistas del bando contrario. Sólo para resumir: el menemo-kirchnerista-lulista Daniel Scioli hoy reviste en el bando liberticida que clama por la proscripción de la expresidenta, así como el mismo Milei, asesor de Scioli en la campaña electoral contra Macri, en 2015.
Sergio Massa, que pedía el corte judicial de la cabeza de CFK, hoy se insurge contra quienes manejan la guillotina, o sea el triunvirato de la Corte. En la misma Corte, fungen como magistrados el ex ministro de Néstor Kirchner, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz, el ex abogado del grupo Clarín. Visto desde este ángulo, el conflicto no sería solamente “interburgués”, sino intrafamiliar. La misma CFK no sólo fue candidata del menemismo en toda las elecciones nacionales de esa “década infame” sino que se ufanaba del principal éxito atribuido a Menem – el ingreso de Argentina “al primer mundo”. Ahora ella misma sufre una regresión hacia ese “pasado que me condena”, cuando desvaloriza al “estado presente” (donde “una necesidad es un derecho”) al “estado eficiente”, para quien los “derechos” necesitan un financiamiento privado. El conflicto “interburgués” e intrafamiliar se termina convirtiendo en un desdoblamiento personal: “ser o no ser”.
En la época de la economía mundial, de la decadencia del capital y de la presencia histórica de una clase obrera masiva, las crisis “interburguesas” son una expresión de la crisis de conjunto del sistema vigente; no podría ser de otro modo. Ha habido dos guerras imperialistas “intrburguesas”, y una tercera en desarrollo, que han arrastrado a la muerte y a la lucha a millones de trabajadores. Las crisis “interburguesas” son una forma más o menos camuflada, más o menos abierta, de una crisis de régimen político; en la época actual, son la expresión de un impasse del conjunto del régimen social – el modo de producción capitalista en su fase decadente, imperialista y reaccionaria. La crisis “interburguesa”, pretendiendo ofrecer una caracterización de clase, esta vacía de contenido; es a-histórica y, por lo tanto, abstracta. El pacifismo responde a estas crisis y a estas guerras con un “no fumo” – un signo inconfundible de impotencia. La militancia obrera, por el contrario, es llamada a intervenir en esas crisis “interburguesas” con un programa y un método, con el propósito de transformarlas, a término, por medio de una lucha política concreta, en crisis revolucionarias.
La inhabilitación política de CFK, a perpetuidad, es un caso de manual de una crisis de régimen político. La capacidad de la burguesía para gobernar, bajo el régimen actual, se encuentra en un límite. Todas las tentativas de salida de este impasse, han venido fracasando, al menos desde el golpe del 1955. Los ‘éxitos’ de las décadas menemista y kirchnerista, han concluido con estallidos sociales y políticos, o sea que no superaron el estadio de salidas de emergencia. En la actualidad, gobierna un bloque sin mayoría electoral y sin garantías, por lo tanto, al capital financiero que lo respalda. Un gobierno que recurre a endeudamientos usurarios de emergencia, al borde del default, y falsifica las cuentas del Tesoro, necesita, y reconoce que necesita, con apremio, evitar un fracaso en las elecciones de octubre; de lo contrario, quedaría como De la Rúa en octubre de 2001. El sistema de gobierno por decreto de Milei se agota (la delegación de facultades vence en julio), ante la impaciencia de los sectores capitalistas perjudicados por la presente política financiera, y ante una lucha popular creciente. La expresidenta comparte las preocupaciones por la crisis del régimen político, por eso advierte a cada rato acerca de un default (“catastrófico”) y propone inhabilitar, en forma perpetua, el régimen de renovación electoral bi-anual, por otro cuatrienal. La inhabilitación política de la expresidenta responde a esta necesidad del gran capital y del imperialismo norteamericano de atomizar a la oposición electoral. CFK es una mujer de estado y una gobernante que ha puesto los intereses del capital por sobre todo. Las tan mentadas retenciones a la exportación del capital agrario, repuestas por Duhalde en 2002, siguen ahí en pie, con Caputo, para poder comprar los dólares para pagar los vencimientos de deuda externa y poner en positivo las reservas del Banco Central. La divergencia de la ex con, en este caso, Milei, no es de principios, sino en quién se adapta mejor a una salida capitalista a la crisis.
De manera que el choque “interburgués” representa una crisis de régimen político – antes que nada, y por sobretodo. El propósito de sortear esta crisis mediante una proscripción política, como ocurre con el rechazo, por parte de la Corte, a la recusación contra los fallos condenatorios precedentes, o sea, mediante una cancelación de derechos democráticos, es reaccionaria, por prin-ci-pios. Esos derechos son esenciales para la lucha de las masas explotadas por el capital. El bloque kirchnerista es un bloque opositor, lo que no quiere decir que sea una herramienta de lucha para los trabajadores, porque la única herramienta que vale es la que construyen los trabajadores mismos. Ese bloque tampoco tiene un carácter de principios, uno porque está formado por carreristas, otro porque oscila y se adapta a las urgencias de la clase patronal en cada etapa de la crisis capitalistas.
La consigna para el caso debe ser la derrota de la sentencia de la Corte y la renuncia indeclinable de los jueces involucrados. Es la consigna que triunfó contra esta misma Corte cuando ordenó el 2×1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad, con el objetivo de abreviar su tiempo de prisión. En esa ocasión, el “choque interburgués” no apareció en la agenda de debates, ni hubiera podido aparecer por lo fulminante de la reacción popular. Pero la derrota de la proscripción electoral (a cargos públicos) no es hoy la consigna del kirchnerismo ni de la burocracia de la CGT – la consigna que levantan es la defensa de la detención domiciliaria. El propósito es no profundizar la crisis del régimen – el kirchnerismo espera que, en 2027, un presidente de su palo le dicte el indulto. Los kirchneristas y cristinistas han armado un corralito en torno a la defensa de su Jefa; si Perón pudo aguantar 18 años, a 12 mil kilómetros de distancia, CFK puede aguantar dos, a veinte cuadras del Obelisco. La política del peronismo en esta crisis es exactamente la opuesta a la de los socialistas revolucionarios. El kirchnerismo y la misma CFK buscan hacer valer la condición de perseguidos políticos para recuperar fuerza para un peronismo en disgregación aguda. Todavía no ha quedado disipada la disputa por la conformación de las listas electorales, aunque un éxito en este propósito dejará también un tendal numeroso de afectados.
De nuestra parte, Política Obrera, enfrentamos el desafío de una gran campaña de clarificación que muestre que el socialismo revolucionario es la única fuerza consecuente en la lucha por los derechos democráticos, y que la lucha por estos derechos es una plataforma política de principios en la lucha por un gobierno de trabajadores.
https://politicaobrera.com/14295-cfk-suprema-corte-conflicto-interburgues
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Argumentos de la izquierda en defensa de CFK
Rolando Astarita
Por estas horas los partidos del FIT-U, y organizaciones trotskistas no integrantes del FIT, se han pronunciado en contra de la condena, por corrupción, de Cristina Fernández de Kirchner. En esta breve nota comento los dos argumentos principales que han esgrimido para esta postura.
El primero, y el más repetido, sostiene que los jueces, fiscales y miembros de la Corte Suprema están «al servicio del poder económico», vinculados a la ultraderecha y a los grandes medios de comunicación alineados, por lo que no pueden condenar a una dirigente política. De hecho. CFK debería ser absuelta.
Pues bien, si este es el argumento, habría que exigir que ningún presidente elegido en elecciones pueda ser juzgado y condenado «por la Justicia al servicio del poder económico». Por ejemplo, habría que haber exigido la libertad de Menem. Recordemos que Menem fue condenado por contrabando y condenado a siete años de presión. Sin embargo, eludió la condena porque era senador. ¿Los socialistas debieron haber reclamado la absolución de Menem? ¿Estaba bien que el Senado fuera el aguantadero de un mafioso por el simple hecho de que recibió muchos votos cuando fue electo presidente? Otros casos: ¿la izquierda en EEUU debió haberse opuesto a la acción de la Justicia contra Nixon, por el caso Watergate? O, más actual, ¿debió oponerse al juzgamiento de Trump por alguna de las muchas acusaciones que pesan sobre él? ¿Qué decir de Bolsonaro, acusado de promover un golpe de Estado? ¿O de Milei implicado en la estafa $Libra? ¿Hay que exigir que ninguno de estos sujetos vaya a la Justicia?
Pero además, ¿por qué restringir el criterio a los presidentes? ¿O a los vicepresidentes? ¿Por qué no incluir a legisladores, gobernadores, intendentes, concejales? Después de todo, fueron votados. ¿Hay que exigir entonces la absolución de Marine Le Pen, en Francia? Las preguntas son retóricas, pero ponen en evidencia la inconsistencia del planteo.
Otro ejemplo, ahora «teórico» muchas veces hemos denunciado al gobierno de Isabel Perón por su apoyo a la Triple A y exigido investigación y justicia por los crímenes cometidos por esa organización de la ultraderecha. Supongamos que hubiéramos tenido éxito y la Justicia (post 1983) hubiese investigado y condenado a Isabel Perón por cómplice o inspiradora de los crímenes de la ultraderecha. ¿Qué diríamos los socialistas? ¿Acaso que no debía ser condenada porque «la Justicia está al servicio del poder económico» y a Isabel en 1973 la votaron millones? Podemos multiplicar los ejemplos. Con la excusa de «no pueden proscribir a Fulano porque tiene muchos votos», se da luz verde para todo tipo de barbaridades.
El segundo argumento para defender a CFK es todavía más simple (e idiota). Dice que CFK no debe ser condenada porque su condena la piden Trump, Am Cham y la ultraderecha internacional. Esto es, no importa si CFK dirigió una operación de saqueo de las finanzas públicas, sino quiénes piden su condena. En el fondo, es el mismo argumento que dan los stalinistas, o la militancia nac & pop, para justificar cualquier tipo de inmundicia. Por ejemplo, no hay que criticar a Maduro porque lo critican «Trump, los empresarios estadounidenses y la ultraderecha internacional». Con el mismo tipo de argumentos, durante décadas se defendieron, o se siguen defendiendo, regímenes burocráticos y represivos. Ejemplo; si al régimen coreano de los Kim lo critican los imperialistas yanquis y la derecha «internacional», tenemos que defenderlo y tapar sus atrocidades.
A estos dos argumentos principales hay que sumar el inevitable toque «nacional-marxista»: a CFK la ataca el imperialismo. Lo cual la tiñe de un tinte progre-izquierdista, muy a gusto del paladar «nac & pop», con el que esta izquierda busca congraciarse a cualquier costo.
Agrego: la corrupción no es un tema menor, históricamente ha hecho mucho daño en sindicatos, organizaciones sociales, incluso en partidos de izquierda. Un líder corrupto no es salida para los oprimidos y explotados. Es desmoralizador, es el camino más rápido para terminar en la frustración y la derrota. La izquierda no debería defender, bajo ninguna excusa, aberraciones como «los bolsos de José López» o «las personas contando dólares en la Rosadita».
Reflexión final: Desde hace décadas la izquierda pretende ganar a las masas peronistas chupándole las medias a las direcciones peronistas. Y cada vez profundiza más en la dirección nacionalista. Es penoso. En este punto mis diferencias con esta izquierda son insalvables.
Amplío en esta nota para subrayar que no se trata de una diferencia táctica, circunstancial, sino de fondo; llega a la médula de nuestras convicciones e ideales. Para ver por qué, reproduzco pasajes de un reportaje, realizado por Alfredo Leuco a la referente del kirchnersmo, Diana Conti, ya fallecida. Puede verse en Diana Conti – Leuco 20100203 la parte que no rinde en los medios.flv; se realizó en 2010.
En 0:54 dice DC: “… peleamos contra factores permanentes muy poderosos y que para animarse a eso hay que tener un patrimonio muy grande”. Hay interrupción de Leuco, quien pregunta “¿un patrimonio a título de qué, a lo Néstor Kirchner”?
Sigue DC: “Sí, hay que tener un patrimonio muy grande, hay que tener la vida ya hecha, hay que tener la vida saldada, saber que… tus hijos, tus nietos y todos no te van a poder reprochar por tu actividad política peleándote con el establishment, y de ahí también el centroizquierda tiene que tener un lugar genuino y no hipócrita. Porque la verdad es que simplemente decir que porque soy pobre y estoy limpio por eso soy de centroizquierda y puedo tener la palabra no es lo único que vale en esta Argentina, por lo menos con mi experiencia a partir de la democracia, donde yo conozco a todo el mundo”.
Son dos mundos opuestos, lo que dice DC y nuestras concepciones. Dicho de la forma más directa y sencilla posible: lo de DC no tiene nada que ver con las tradiciones del movimiento obrero, el pensamiento crítico, el socialismo o siquiera alguna transformación progresista de la sociedad.
Ante todo, lo suyo fue un insulto a las decenas de miles de activistas, luchadores, militantes, de las más diversas tradiciones obreras o de izquierda, que arriesgaron sus vidas, sufrieron la cárcel, las torturas, las desapariciones; que padecieron el exilio y el desarraigo, junto a sus familias. O incluso en referencia a los miles de luchadores honestos, que nunca aceptaron sobornos o tratos sucios con patronales o gobiernos. Decirles a todos ellos que lo que debían haber hecho era enriquecerse para “tener la vida saldada”, solo lleva agua al molino de la ignorancia, el individualismo, la bestialización y degradación moral de los movimientos sociales, de la clase obrera u organizaciones revolucionarias. Es dar vía libre al “enriquecerse a cualquier costo”, con la miserable excusa “soy un luchador contra los poderes establecidos”. ¿Se puede concebir mayor cinismo? ¿Mayor degradación? ¿Cómo es que nadie en el llamado movimiento nacional haya reaccionado, objetado al menos, algo como esto? Pues no objetan porque es lo que piensan.
Por último, que la izquierda calle estas cosas en nombre de “la unidad de acción”, también es inadmisible. ¿Qué movimiento progresista, ya no socialista, se puede construir sobre este silencio? ¿No tienen límites a la hora de arrastrarse en estos lodos inmundos? Repito, las diferencias llegan al hueso.
Partido de los Trabajadores Socialistas, dirección mayoritaria del bloque electoral FITU.
Veterano dirigente de la organización Política Obrera.
Ex-dirigente del histórico PST, profesor de economía en la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos Aires.
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Fotografía: Sin permiso
