Por: Jorge Zepeda Patterson. PERCEPCIÓN. 07/11/2020
La amenaza de boicotear el pacto fiscal es parte de unas acciones de los adversarios políticos de la 4T que lastiman de manera irresponsable el entramado institucional del que se decían defensores.
En 2010 cuando España se coronó en el Mundial de futbol de Sudáfrica algún chistoso se lamentó de que Miguel Hidalgo, Morelos y compañía hubieran conseguido la independencia de México dos siglos antes, porque de no haberlo hecho hoy seríamos campeones del mundo. Con un razonamiento parecido el escritor Antonio Ortuño ironizó en un tuit, a propósito de la amenaza de varios gobernadores de oposición que buscan sacudirse a la autoridad central en materia fiscal: “Un beneficio oculto de que Jalisco se saliera del pacto federal es que las Chivas serían el eterno campeón de la liga local y, a la vez, nuestra selección. Y como al próximo Mundial van 64 equipos, en una de esas clasificamos y le ganamos a México en octavos de final”.
Referencias futboleras aparte, la amenaza de boicotear el pacto fiscal que existe entre el Gobierno central y las entidades que gobiernan los diez mandatarios de la Alianza Federalista, forma parte de una serie de acciones de los adversarios políticos de la 4T que francamente lastiman de manera irresponsable el entramado institucional del que se decían defensores. Algo que hace recordar al célebre clamor “al diablo con las instituciones” lanzado por López Obrador en 2006 durante las manifestaciones en contra del fraude, pero ahora de signo contrario.
El gobernador de Chihuahua, uno de los ahora separatistas, no tuvo ningún rubor hace unas semanas en poner en riesgo el Tratado Internacional sobre Aguas con Estados Unidos, vigente desde 1944, con tal de sacar ventaja electoral en el entorno regional, e insufló la indignación de los productores y vecinos argumentando necesidades locales por encima del interés nacional. Tiros y troyanos coinciden en que se trata de un acuerdo que en conjunto resulta favorable a México y más de un especialista ha dicho que solo el contexto de la Segunda Guerra Mundial lo hizo posible. Define las cuotas de agua que Estados Unidos entrega en la parte alta de la cuenca, a cambio de las que México ofrece río abajo. El incumplimiento de la parte mexicana es el pretexto que los sectores conservadores estadounidenses esperan para replantear un acuerdo que les resulte más favorable y, desde luego, en pleno periodo electoral constituiría una bandera jugosa para la campaña de Trump en contra del vecino del sur. Pese a las reiteradas garantías del Gobierno federal de que existía suficiente agua para los productores locales, la movilización política paralizó las presas desde las cuales se surtiría la última porción de la cuota de este año.
Una unilateralidad irresponsable no muy lejana de la pretensión de FRENAA, que simple y llanamente exige que el presidente renuncie porque a su juicio es un dictador. No importa que se trate de un presidente electo gracias al voto del 53% de los mexicanos, goce de niveles de aprobación del 60% y FRENAA constituya un grupo minoritario. Ellos ya decidieron que no es su presidente y, en nombre de la democracia, exigen su salida.
El repudio al pacto federal por parte de los gobernadores opositores no anda muy lejos de esta perspectiva. El reparto a las entidades se compone de dos grandes rubros: las participaciones federales (Ramo 28) que regresan a las entidades lo recaudado en impuestos federales y las aportaciones (Ramo 33) que intentan otorgar recursos a los estados en proporción directa a los rezagos y necesidades. Ambas transferencias se realizan de acuerdo a criterios y coeficientes definidos en administraciones anteriores y hasta ahora la Hacienda Pública de la 4T las ha respetado puntualmente. Es cierto que en México, como en la mayoría de los países, el sistema fiscal es redistributivo para compensar la desigualdad regional. Se trata de un principio ético y un criterio de gobernabilidad, pero también entraña una lógica económica. Las economías de las zonas prósperas tributan más de lo que reciben, efectivamente, pero no hay que olvidar que son prósperas en buena medida porque operan en un mercado nacional. La riqueza de la regiomontana FEMSA deriva de las bebidas de Cola que se venden también en Oaxaca y los ingresos de sus Oxxos de todo el país; los impuestos que aporta la operación de Farmacias Guadalajara responden a decenas de sucursales desplegadas más allá de la parcela tapatía.
Desde luego que los criterios de reparto para compensar estos fenómenos son susceptibles de ser revisados, pero rasgarse vestiduras como lo hacen estos gobernadores porque “nos regresan menos de lo que nos quitan” y amenazar con un boicot fiscal es demagógico e irresponsable. Se trata de una reivindicación egoísta pero muy fructífera ante cualquier audiencia, trátese de un gremio, una región o una familia, independientemente de que el reclamo sea justo o no lo sea. Y ciertamente, en este caso, no lo es. Los criterios de reparto que ahora cuestionan fueron definidos por los gobiernos anteriores, emanados de los partidos a los que pertenecen los gobernadores ahora indignados. Una exigencia demagógica porque se trata de un planteamiento inviable toda vez que su petición tendría que ser avalada por un Congreso que les es desfavorable, incluso si contara con la anuencia de los ciudadanos de sus respectivos estados, lo cual estaría por verse. Pero no es la factibilidad lo que interesa a estos mandatarios sino la posibilidad de obtener una ganancia política inmediata y restarle apoyo popular al presidente, aun cuando en el proceso se lleven entre las patas sus otrora “sagradas instituciones”.
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Fotografía: PERCEPCIÓN.
