Por: ALEJANDRO ESCALANTE. 14/10/2022
Luego de cuatro años, todavía no es posible saber cuántos docentes trabajan en las Universidades del Bienestar Benito Juárez, cuánto se les paga y en dónde dan clases. Sin embargo, cada año este programa sigue recibiendo más de mil millones de pesos.
Una de las grandes apuestas de este sexenio en materia educativa ha sido la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Al inicio de la administración se planteó la creación de cien de estas universidades. En 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya funcionan 145 planteles en todo el país y que habrá presupuesto suficiente para alcanzar las doscientas. El presidente también ha llamado a su gobierno el más transparente en la historia de México. Sin embargo, las universidades para el bienestar, en los cuatro años que llevan funcionando, se han graduado en la opacidad.
Una breve línea del tiempo:
El 28 de mayo de 2019, el gobierno de López Obrador presentó avances del proyecto de las UBBJ por primera vez. La administración dio a conocer que 83 sedes ya estaban en funcionamiento, con más de cuatrocientos profesores y más de 7000 estudiantes. Además, funcionarios mostraron diapositivas sobre la arquitectura de los planteles. Sin embargo, el Organismo Coordinador de las UBBJ no fue creado sino hasta dos meses después, el 30 de julio de 2019.
Esto no sería problema si la Secretaría de Educación Pública, que en ese momento estaba a cargo del presupuesto del programa, no hubiera respondido en una solicitud de información que no conocía los domicilios completos de los planteles ni los planes de estudio. Quizá el dato más alarmante de esa solicitud de información fue la declaración de que no se había ejercido un solo peso para el programa.
De acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), al tercer trimestre del 2019 el programa UBBJ no había ejercido ni un solo peso. En una decisión injustificada, dada la falta de resultados del programa en el año previo, en 2020 la SHCP decidió otorgarle de nuevo 1000 millones de pesos a las UBBJ. También sin cuestionar la racionalidad de esta decisión, la Cámara de Diputados decidió que el programa debía recibir la misma cantidad de dinero.
Es decir, en un gobierno que se ha caracterizado por sus recortes presupuestales, tanto Hacienda como el Poder Legislativo decidieron darle presupuesto a un programa que, de acuerdo con sus propios datos, sólo ejerció recursos públicos en el último trimestre de ese año. Tres años después, en 2022, aún no conocemos de dónde salió el dinero para pagarle a los profesores y a los arquitectos en la fecha en que Raquel Sosa, directora del programa, presentó avances.
Inconsistencias presupuestales:
En 2022 el Organismo Coordinador de las UBBJ cuenta con poco más de 1000 millones de pesos de presupuesto. Este monto es trescientos millones de pesos más elevado que El Colegio de México (674 millones), cincuenta millones de pesos más que la Universidad Pedagógica Nacional (957 millones) y comparable al presupuesto de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (1125 millones). Por otro lado, es una octava parte al presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana (8139 millones).
Sin embargo, el analítico de plazas y remuneraciones —el documento que establece cuántos puestos puede tener una institución pública y cuánto es el salario que se paga a cada persona— menciona que las UBBJ sólo tienen veinticuatro plazas, ninguna correspondiente a docentes. En contraste, El Colegio de México cuenta con 652, entre las que están contemplados profesores investigadores, de asignatura y asistentes. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con 1434 plazas entre profesores titulares, asociados y técnicos. Surge la duda: ¿cuántos profesores tienen las UBBJ y cuánto se les paga?
En teoría esa pregunta podría responderse por dos canales de rendición de cuentas. El primero es nomina transparente, un esfuerzo de la Secretaría de la Función Pública para dar conocer algunos detalles básicos de todas las personas que trabajan en el gobierno. El segundo es por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pues la ley establece que los sueldos de los empleados del Estado deberían de ser accesibles para todos los ciudadanos que se interesen por ellos. En nómina transparente aparecen diecisiete puestos, ninguno de profesores universitarios. En la Plataforma Nacional de Transparencia no hay información disponible. En la práctica no podemos conocer cuántas profesoras y profesores hay, en qué sedes se encuentran y cuánto se les paga.
Otro problema a destacar es que, por ley, todas las dependencias del Estado deben contar con un inventario de sus bienes muebles e inmuebles. Diversos medios de comunicación han mencionado que algunos municipios han donado terrenos para que en ellos se construyan universidades para el bienestar. Sin embargo, esta información no está disponible en los anexos de la cuenta pública, donde las UBBJ declaran que no tienen patrimonio. Este dato también se corroboró al consultar el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Esta anomalía genera dudas sobre quién se quedó con los terrenos donados para las universidades y cuál es la situación de los inmuebles. Si no son del gobierno federa,l ¿de quién son? ¿Las UBBJ pagan arrendamiento? ¿A quién? ¿Por cuánto?
El desprecio por la transparencia
El presidente ha dicho que su gobierno es ejemplo de transparencia; sin embargo, la página de transparencia de las UBBJ solo cuenta con una dirección de correo y un teléfono. Cuesta trabajo imaginar que ese es el parámetro ejemplar que tenía en mente el presidente, muy por debajo de lo que exigen las leyes en la materia.
Además, el Organismo Coordinador de las UBBJ es el único sujeto obligado de la administración pública federal con una calificación de cero sobre cien en atender solicitudes de información pública a tiempo, de acuerdo con el INAI. Pese a ser creado en el segundo semestre de 2019, el organismo no realizó los procedimientos necesarios para ser dado de alta en la PNT en ningún momento de 2020, como lo prueba un oficio interno (INAI/SAI/DGEPPOED/0811/2020). De acuerdo con la PNT, la primera solicitud de información que la dependencia contestó fue en mayo de 2022, dos años después de su creación.
Además, en la PNT el Organismo Coordinador destaca por no atender una sola obligación de transparencia. No se puede conocer cuál es el teléfono o correo de los funcionarios que laboran allí, ni tampoco se puede consultar su sueldo o los contratos celebrados por la dependencia. La única obligación en la que sí hay información es la relativa a las declaraciones patrimoniales, aunque la declaración de Raquel Sosa, directora de las universidades, no está disponible.
Esto es preocupante por dos motivos. El primero es que la dependencia responsable de subir la información de las dependencias gubernamentales a la PNT es la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública. Dicho de otra forma: la información que está en la plataforma no la subió la UBBJ. El segundo motivo de preocupación es que esta información se empezó a subir luego de una denuncia por parte de un ciudadano.
El desinterés por la transparencia que los responsables de las UBBJ han demostrado es preocupante. Es indispensable que el Organismo Coordinador cumpla con sus obligaciones legales. También lo es que Raquel Sosa e Hipólito Piñon Fuerte —quien fuera dirigente de la Comisión Popular de la sección 18 del SNTE y es el actual director de administración y finanzas del Organismo Coordinador— den una explicación sobre el manejo de los recursos públicos de los últimos cuatro años. Tanto la SHCP como el Congreso de la Unión deberían exigir una explicación del uso de los recursos públicos de esta política prioritaria antes de otorgarles más dinero el próximo año. La opacidad que vivimos hoy puede explicar los posibles casos de corrupción de mañana.
Alejandro Escalante. Egresado de la carrera de Política y Administración Pública por El Colegio de México. Consultor político en materia de transparencia y acceso a la información.
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Fotografía: contra la corrupción
