Por: PABLO HERNÁNDEZ. 11/06/2022
a nueva reforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es, en lo fundamental, un cambio en el marco curricular del sistema educativo. Es decir, lo que buscan cambiar son más los contenidos de la enseñanza, la forma de organizarlos y presentarlos, así como algunos enfoques para comprenderlos. Por eso se dice que con esta reforma se busca salir de la “educación neoliberal”, que se quiere pasar de la competencia a la “compartencia”, que ya no habrá grados sino fases, que habrá autoevaluación, que se incluirán saberes tradicionales, que la comunidad estará en el centro de la enseñanza, que ya no habrá materias sino campos de conocimiento, etcétera. Pero, la cuestión no es si el sistema educativo, desde el punto de vista curricular, puede mejorar, fomentando la solidaridad, el humanismo y muchas otras cosas. Puede hacerlo. ¿Es esta la mejor propuesta curricular? Lo dudo. Es más una improvisación cargada de fraseología y menos una serie de propuestas concretas. Pero creo que lo más importante de esta reforma no es tanto lo que dice, sino lo que omite.
El objetivo del sistema educativo es y debe ser permitir que cada mexicano y mexicana garantice su derecho a la educación. Que haya suficientes escuelas y que todos, en los hechos, puedan asistir. Por eso la educación debe ser gratuita, completamente accesible a todos, y el sistema educativo debe ayudar a que esta condición se cumpla. Luego, es necesario que la educación sea de buena calidad y considere las diferencias socioculturales de la población. Y esto no es sencillo. Porque no se trata solo de tener a los profesores más capacitados o el mejor currículo. Se trata también, y quizá este es el reto más grande, de hacer que la escuela logre sortear las desigualdades sociales de los estudiantes. Porque estas desigualdades se traducen en abandonos, rezago, malos aprendizajes, etcétera. Y las principales víctimas de esto son los niños y niñas más pobres.
Por supuesto, el problema de las carencias y desigualdades educativas no es nuevo. Y no se ha resuelto, no tanto por falta de conocimientos. En México tenemos muchos expertos en educación. Ha sido más un problema de falta de voluntad política, así como de continuidad en las políticas educativas y, sobre todo, un problema de presupuesto. Para mejorar el sistema educativo necesitamos mejorar la infraestructura, el equipamiento de las escuelas y las condiciones laborales de los profesores. Necesitamos incluso que la escuela sea capaz de cubrir algunas necesidades de los estudiantes, como la alimentación o el transporte. Y todo esto requiere presupuesto. Esto es lo que no se ha solucionado en tantos años. Y lo peor de todo es que con la política de austeridad -casi “austericida”- de la 4T, más bien estamos desarmando, arrancándole herramientas al sistema educativo. Se recortan y desaparecen programas educativos. Se desatiende la infraestructura. Se elimina el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).
El gobierno está dejando al sistema educativo a ciegas y desarmado, volcando el presupuesto a transferencias, diciendo que hace algo, cuando en realidad está vulnerando profundamente el derecho a la educación. Porque garantizar este derecho no es solo cuestión de becas, sino de un diseño institucional sólido y orientado a la compensación de desigualdades.
Todo esto se refleja, finalmente, en la propia reforma curricular de la SEP. Porque venimos de una pandemia y después de dos años con clases a distancia aumentaron tanto los rezagos como los abandonos. En este sentido, necesitaríamos un plan de intervención, no solo para volver a clases, sino para evaluar la magnitud del daño y plantear medidas para corregirlo. Pero no hay tal plan. Al respecto, la SEP publicó su “Estrategia nacional para promover trayectorias educativas y mejorar aprendizajes en educación básica”, que supuestamente busca corregir los problemas generados por la pandemia. Pero el diagnóstico es pésimo. Y la propuesta de intervención, de solo tres páginas, básicamente le dice a las escuelas que le echen ganas, que estén pendientes de nuevos abandonos y que traten de dar apoyo socioemocional a los estudiantes. El plan no dice nada de las carencias materiales de la educación, ni del presupuesto que se requeriría para resolverlas, y tampoco dice nada sobre elaborar un mejor diagnóstico del problema. Volviendo a cuento, la nueva reforma curricular pretende hacer una “revolución” de los contenidos educativos y su organización, con mucha retórica, pero sin las condiciones materiales para operar ningún cambio significativo, y descuidando tanto las carencias y problemas históricos del sistema educativo, como los estragos de la pandemia.
Pablo Hernández Jaime es Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
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Fotografía: Cemees
