Por: Aitor Jiménez. Rebelión. 02/11/2020
El pasado día 29 la Ministra de Educación Isabel Celaá, publicó un tweet donde reivindicaba la cooperación pública privada en la provisión de servicios educativos. En otras palabras, el gobierno de España por medio de su cargo responsable para educación declaraba que confiaba en corporaciones criminales para garantizar el cumplimiento de ese derecho fundamental que es la educación.
Google no es una empresa mas. Es una corporación criminal de manual. Es decir, una compañía que ha causado un inmenso daño social, que ha afectado a cientos de millones de usuarias en todo el mundo, razón por la cual ha sido sancionada con multas billonarias tanto por la Unión Europea como en los Estados Unidos. De manera mas específica, esta compañía está siendo investigada por sus prácticas delictivas con su plataforma educativa (la misma que reivindica la ministra). Según los tribunales estadounidenses, la compañía ha violado los derechos de privacidad de familias y alumnado. Creando una audiencia presa, que tendría que ceder datos íntimos de menores, a fin de poder acceder a una prestación educativa.
El gobierno de España es por lo tanto cómplice de un doble crimen. En primer lugar ha aceptado cooperar libremente con una corporación delictiva, compañía que por otro lado se niega a pagar los impuestos que le corresponden usando a Donald Trump como ariete contra la llamada “Tasa Google”. Esta compañía no solo estaría actuando con el beneplácito de las instituciones públicas, sino con el dinero de los impuestos que entre todos pagamos. El gobierno de España, ha destinado 220.9 millones de Euros, financiados en parte por fondos Europeos para “dotar de conectividad a Internet de banda ancha ultrarrápida y redes internas de comunicaciones a 320 sedes educativas de primaria, secundaria y educación especial, servicios de los que se beneficiarán 118.939 alumnos de la comunidad insular”. Es decir, el gobierno financia el Internet para “conectar escuelas” pero sin embargo ha dejado que sean las corporaciones privadas las proporcionen, gestionen y monetizen el software necesario para que las escuelas se conecten.
Las comunidades autónomas son también cómplices de estos actos, que consisten en financiar y promover que una corporación multinacional acceda a los datos de cientos de miles de menores a través de la educación. Por mencionar un ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra, lleva años cooperando con Google, financiando sus dispositivos Chrome, y promoviendo el uso de sus plataformas en sus centros educativos a todos los niveles.
Ahora que todo el mundo habla de soberanía tecnológica y transformación digital bueno es recordar un par de cosas. La primera es que La educación pública no puede depender de plataformas corporativas para poder desarrollar sus mas elementales funciones. ¿De verdad pensamos que es inteligente delegar la gestión de nuestra infraestructura educativa básica a una corporación criminal extranjera perseguida en su propio país por sus crímenes? Del mismo modo va en contra de los principios fundamentales de los fondos europeos, y de la propia lógica de la soberanía tecnológica, financiar y promover el uso de plataformas corporativas extranjeras cuyo único fin es obtener beneficios para sus accionistas. Por último cabe decir que una ministra que se dice socialista, poco favor le hace a lo público vanagloriándose de la privatización de la enseñanza de la mano de reconocidos criminales corporativos.
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Fotografía: siliconweek.com
