Por: RÍO NEGRO. 26/08/2020
La conmoción generada por el caso de Solange Musse, quien falleció víctima de un cáncer terminal sin poder despedirse de su padre por una serie de absurdas trabas burocráticas vinculadas al manejo de la pandemia en La Pampa y Córdoba, actualiza el debate sobre la razonabilidad de algunas restricciones, que nunca pueden servir para vulnerar los derechos y la dignidad de las personas.
La mujer, que estaba en tratamiento oncológico en la provincia mediterránea desde hace meses, había solicitado ver a su padre antes de encarar una quimioterapia que buscaba atenuar el sufrimiento que le producía el agresivo cáncer que padecía. Había solicitado desesperadamente poder verlo, ante la gravedad de su estado. Su padre, Pablo, había viajado desde Plottier para poder verla, pero fue demorado en un retén en Huinca Renancó, en el límite entre ambas jurisdicciones, donde le exigieron un hisopado preventivo. El hombre cumplió con el pedido, y ante un resultado “dudoso” se le impidió el ingreso. Se le ordenó volver a Neuquén, presentar un hisopado negativo con vigencia máxima de 48 horas y realizar cuarentena en Córdoba en un hotel. Pese a estar desocupado, Pablo volvió a la provincia y pagó 8.500 pesos por un hisopado privado, que le dio negativo. Mientras esperaba el nuevo permiso de circulación, Solange falleció sin poder verlo. En una dramática carta, había señalado poco antes su desesperación: “Yo quería ver a mi papá (…) Lo quería ver mucho. Lo sigo esperando…”. Finalmente, tras una presentación de la familia, un juez autorizó su ingreso a la provincia, pero sólo para participar del funeral de su hija. Una tardía “reparación” ante el daño producido.
La joven murió en soledad y tristeza, víctima de la insensibilidad de una burocracia que sigue ciegamente los requisitos de un “protocolo”
Las autoridades cordobesas se escudaron en el protocolo de ingreso a la provincia, que exige un hisopado negativo para ingresar desde otras jurisdicciones, y que hacer una excepción a esa regla “sería terminar con las normas”, confundiendo reglamentos administrativos con leyes y sin detenerse a pensar que si existe una autoridad de aplicación es precisamente para interpretar las regulaciones y aplicarlas según el contexto y la urgencia, con criterio de razonabilidad.
El caso es quizás el más dramático, pero no el único, de una serie de arbitrariedades y abusos de autoridad en distintas jurisdicciones, en el marco de las restricciones sanitarias dispuestas por la pandemia, que han dejado un enorme margen de discrecionalidad a las autoridades policiales y administrativas. En el caso de las fuerzas de seguridad, según organizaciones de derechos humanos se han documentado al menos 17 muertes y numerosos casos de vejámenes y torturas en varias provincias en estos cinco meses de pandemia. Este diario informó sobre absurdas demoras a familias en el mismo puesto de Huinca Renancó, a una docente de Villa la Angostura, y la escandalosa detención de una mujer en Bariloche que paseaba a su perro en un día con restricciones.
Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud ya había advertido en abril que en la lucha contra la pandemia del covid-19, el Estado de Derecho juega un “papel fundamental” y que las medidas regulatorias deben estar “claramente articuladas”, ser “rápidamente” implementadas, proporcionadas a las circunstancias y tener una duración limitada.
Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Solange y en muchos otros que han pasado casi inadvertidos en medio de la emergencia.
Como señaló este diario, la joven murió en soledad y tristeza, víctima de la insensibilidad de una burocracia que sigue ciegamente los requisitos de un “protocolo” y le impidió a su padre confortarla en sus últimas horas de vida.
Es de esperar que el penoso caso de Solange sirva como límite para mostrar que ninguna decisión administrativa puede servir para avasallar derechos inviolables de las personas. Y que, incluso en una situación sanitaria crítica como la que atraviesan nuestras provincias, el ejercicio de la autoridad no puede suspender el Estado de Derecho, las garantías constitucionales ni carecer de un mínimo criterio de humanidad.
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Fotografía: AbcDiario.
